Regirá a la institución durante el período 2010 - 2013.
En el dia de la fecha, hemos recibido la comunicación oficial por parte de la CIU, de la integración de su nueva Comisión Directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Rdor. Gabriel Conde
Vice: Dr. Alfredo Blengio
Secretario: Rdor. Assad Hajjoul
Prosecretario: Luis Silveira
Tesorero: Proc. Juan José Roisecco
Protesorero: Walberto Mannise
Directivos: Miguel Barboza, Eduardo Gutiérrez Larre, Milton La Porta, Daniel Santestevan y Dr. Alfredo Tortorella.
La Comisión Fiscal, quedó integrada de la siguiente manera:
Gerardo Barrios (Presidente), Juan Bistiancic, Benigno Carballido, Luis Cruz y Hector Dupont.
Saludamos a la nueva comisión, con el deseo de una exitosa gestión al frente de la Cámara.
jueves, 24 de junio de 2010
lunes, 21 de junio de 2010
Información Internacional. Enfriando los mercados inmobiliarios.
Los bancos centrales asiáticos van a la cabeza en la implementación de herramientas macro-prudenciales. Para atenuar las burbujas sugieren crear un impuesto sobre la propiedad que se ajuste a lo largo del ciclo.
En Estados Unidos, los hacedores de políticas están demasiado ocupados lidiando con las repercusiones de la última burbuja inmobiliaria como para preocuparse por prevenir la próxima. Pero en el resto del mundo, las cosas son diferentes. En las ciudades chinas, los precios de las viviendas aumentaron en un 11,7% en el año hasta marzo, de acuerdo a las estimaciones oficiales, y en mucho más, de acuerdo a las extraoficiales. Esa es una razón por la que el banco central aumentó el 2 de mayo, por tercera vez en lo que va del año, los requerimientos de reservas (la proporción de depósitos que los bancos deben conservar en sus bóvedas). En Canadá, la Asociación Canadiense de Bienes Raíces calcula que las propiedades valían un 17,6% más en marzo que un año antes, poniéndolas bastante por encima de su pico pre-crisis. Y en Australia los valores de las propiedades sólo parecen subir, aumentando un 20% en las ocho capitales estatales australianas en los primeros tres meses de este año, comparado con un año antes.
¿Cómo deberían responder los hacedores de políticas? En un discurso en diciembre, Adam Posen, un economista que integra el comité que fija las tasas de interés del Banco de Inglaterra, protestaba diciendo que los hacedores de políticas necesitan una mayor cantidad de herramientas. Antes de la crisis muchos presidentes de bancos centrales creían que todo lo que necesitaban era un "martillo" (tasas de interés) para atacar un "clavo monetario" (inflación de los precios al consumo). Pero no todos los problemas son un clavo. Los hacedores de políticas también necesitan un set completo de herramientas "macro-prudenciales", desde una llave inglesa hasta cinta pato.
Para solucionar la problemática de las burbujas inmobiliarias, sugiere Posen, los hacedores de políticas deben considerar la creación de un impuesto sobre la propiedad que varíe a lo largo del ciclo, subiendo durante los auges de la propiedad y bajando en las crisis. Su sugerencia imita una idea propuesta un año antes por Olivier Jeanne de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo a Jeanne, la deuda, incluyendo la deuda hipotecaria, es como la contaminación. Impone costos en otros que el prestatario no toma en cuenta. La respuesta correcta para una externalidad de este tipo es gravarla, de modo que pague el que contamina.
En un trabajo preliminar, él y Anton Korinek de la Universidad de Maryland llevan el razonamiento más lejos. Cuando la gente se endeuda para comprar una casa (o cualquier otro bien), eleva su precio. Esto sube el valor de la garantía contra la cual se asegura el préstamo. Entonces se vuelve más fácil endeudarse para comprar casas, lo que sube aún más los precios. Este "acelerador financiero" (un término acuñado por Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, Mark Gertler de la Universidad de Nueva York y Simon Gilchrist de la Universidad de Boston) opera a la inversa durante una caída. Los precios en baja erosionan el valor de la garantía, reduciendo el crédito y deprimiendo la demanda. Cuando se endeudan, los prestatarios no toman en cuenta el efecto de sus acciones sobre las restricciones de garantías a las que se enfrentan otros. Para compensar esto, Jeanne propone un impuesto contracíclico sobre el endeudamiento.
Nadie sabe a ciencia cierta qué tan bien funcionarían esas medidas. Pero los economistas tienen cantidades crecientes de evidencia para examinar, principalmente de Asia. Como señaló recientemente Jaime Caruana del Bank of International Settlements: "los bancos centrales asiáticos van a la cabeza en la implementación de varias herramientas macro-prudenciales". Menciona al Banco Central de India, que en 2005 empezó a requerir a los bancos que tuvieran mayores provisiones contra pérdidas por préstamos inmobiliarios, entre otras cosas. También los obligó a reservar más capital. Estas medidas tuvieron un efecto grande en los préstamos para inmuebles comerciales, que crecieron solamente 26,7% en el año hasta febrero de 2008, habiendo crecido casi 160% en el año hasta agosto de 2005.
El mercado inmobiliario de Hong Kong ha resistido vaivenes salvajes, cayendo más de 70% desde 1997 al 2003. Pero como la moneda de Hong Kong está atada al dólar, su banco central no podría usar el martillo de la tasa de interés aunque quisiera. A cambio se ha apoyado en políticas macro-prudenciales. A principios de la década de los noventa le dijo a los bancos que no podían prestarle a los compradores de propiedades más del 70% del valor de un inmueble, y limitó su exposición al mercado inmobiliario al 40%.
En Singapur y China, los hacedores de políticas ahora están probando algo parecido. En febrero las autoridades de Singapur impidieron a los prestamistas que realizaran préstamos por más del 80% de valor de una propiedad. También gravaron con un impuesto a todas las propiedades residenciales vendidas dentro del año de su compra. En abril el gabinete chino, el Consejo de Estado, dijo que podría aumentar los requisitos de primera entrega de segundas y terceras propiedades, así como de primeros hogares muy valiosos. Fijó un piso en las tasas de préstamos hipotecarios y ordenó a las empresas estatales con mucha liquidez que abandonaran su segunda ocupación como emprendedores inmobiliarios. De acuerdo al Economic Observer, un semanario chino, también decidió sujetar algunos inmuebles suntuosos a un impuesto inmobiliario que antes excluía a los hogares ocupados por sus propios dueños.
GRANDES CAMBIOS. En occidente a los bancos centrales les gusta fijar tasas de interés para la economía como un todo, pero prefieren dejar que el mercado decida quién debería prestarle cuánto a quién. En los mercados emergentes, los bancos centrales son felices ensuciándose las manos en el proceso de asignación del crédito, sometiendo a los bancos, favoreciendo algunas industrias con crédito y discriminándolas frente a otras. Algunos hacedores de políticas occidentales ahora están siguiendo los pasos de Asia. Desde el 19 de abril los compradores de inmuebles en Canadá han tenido que hacer una primera entrega de por lo menos el 20% en las propiedades en que inviertan y no ocupen personalmente. E incluso aunque las tasas variables de los préstamos hipotecarios son bajas (sólo 1,75% de acuerdo al Banco de Canadá), los prestamistas deben alcanzar los estándares de calificación crediticia requeridos para un préstamo hipotecario a tasa fija por cinco años. Estas medidas deberían hacer a los hogares menos vulnerables a los martillazos que van a caer cuando el Banco de Canadá suba las tasas de interés.
Además, a los hacedores de políticas en lugares como Estados Unidos, Australia y Canadá les complace ofrecer rebajas transitorias en los impuestos a los compradores de casas durante una recesión. Si hubiera simetría, tendrían que subir los impuestos a los propietarios en un boom. Hasta el 1° de febrero los canadienses podían exigir un crédito fiscal de hasta 1.350 dólares canadienses (1.180 dólares americanos) para reparaciones en el hogar como la instalación de una bañera. Si los gobiernos están preparados para subsidiar los baños burbujeantes, pueden seguramente gravar mercados burbujeantes.
En Estados Unidos, los hacedores de políticas están demasiado ocupados lidiando con las repercusiones de la última burbuja inmobiliaria como para preocuparse por prevenir la próxima. Pero en el resto del mundo, las cosas son diferentes. En las ciudades chinas, los precios de las viviendas aumentaron en un 11,7% en el año hasta marzo, de acuerdo a las estimaciones oficiales, y en mucho más, de acuerdo a las extraoficiales. Esa es una razón por la que el banco central aumentó el 2 de mayo, por tercera vez en lo que va del año, los requerimientos de reservas (la proporción de depósitos que los bancos deben conservar en sus bóvedas). En Canadá, la Asociación Canadiense de Bienes Raíces calcula que las propiedades valían un 17,6% más en marzo que un año antes, poniéndolas bastante por encima de su pico pre-crisis. Y en Australia los valores de las propiedades sólo parecen subir, aumentando un 20% en las ocho capitales estatales australianas en los primeros tres meses de este año, comparado con un año antes.
¿Cómo deberían responder los hacedores de políticas? En un discurso en diciembre, Adam Posen, un economista que integra el comité que fija las tasas de interés del Banco de Inglaterra, protestaba diciendo que los hacedores de políticas necesitan una mayor cantidad de herramientas. Antes de la crisis muchos presidentes de bancos centrales creían que todo lo que necesitaban era un "martillo" (tasas de interés) para atacar un "clavo monetario" (inflación de los precios al consumo). Pero no todos los problemas son un clavo. Los hacedores de políticas también necesitan un set completo de herramientas "macro-prudenciales", desde una llave inglesa hasta cinta pato.
Para solucionar la problemática de las burbujas inmobiliarias, sugiere Posen, los hacedores de políticas deben considerar la creación de un impuesto sobre la propiedad que varíe a lo largo del ciclo, subiendo durante los auges de la propiedad y bajando en las crisis. Su sugerencia imita una idea propuesta un año antes por Olivier Jeanne de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo a Jeanne, la deuda, incluyendo la deuda hipotecaria, es como la contaminación. Impone costos en otros que el prestatario no toma en cuenta. La respuesta correcta para una externalidad de este tipo es gravarla, de modo que pague el que contamina.
En un trabajo preliminar, él y Anton Korinek de la Universidad de Maryland llevan el razonamiento más lejos. Cuando la gente se endeuda para comprar una casa (o cualquier otro bien), eleva su precio. Esto sube el valor de la garantía contra la cual se asegura el préstamo. Entonces se vuelve más fácil endeudarse para comprar casas, lo que sube aún más los precios. Este "acelerador financiero" (un término acuñado por Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, Mark Gertler de la Universidad de Nueva York y Simon Gilchrist de la Universidad de Boston) opera a la inversa durante una caída. Los precios en baja erosionan el valor de la garantía, reduciendo el crédito y deprimiendo la demanda. Cuando se endeudan, los prestatarios no toman en cuenta el efecto de sus acciones sobre las restricciones de garantías a las que se enfrentan otros. Para compensar esto, Jeanne propone un impuesto contracíclico sobre el endeudamiento.
Nadie sabe a ciencia cierta qué tan bien funcionarían esas medidas. Pero los economistas tienen cantidades crecientes de evidencia para examinar, principalmente de Asia. Como señaló recientemente Jaime Caruana del Bank of International Settlements: "los bancos centrales asiáticos van a la cabeza en la implementación de varias herramientas macro-prudenciales". Menciona al Banco Central de India, que en 2005 empezó a requerir a los bancos que tuvieran mayores provisiones contra pérdidas por préstamos inmobiliarios, entre otras cosas. También los obligó a reservar más capital. Estas medidas tuvieron un efecto grande en los préstamos para inmuebles comerciales, que crecieron solamente 26,7% en el año hasta febrero de 2008, habiendo crecido casi 160% en el año hasta agosto de 2005.
El mercado inmobiliario de Hong Kong ha resistido vaivenes salvajes, cayendo más de 70% desde 1997 al 2003. Pero como la moneda de Hong Kong está atada al dólar, su banco central no podría usar el martillo de la tasa de interés aunque quisiera. A cambio se ha apoyado en políticas macro-prudenciales. A principios de la década de los noventa le dijo a los bancos que no podían prestarle a los compradores de propiedades más del 70% del valor de un inmueble, y limitó su exposición al mercado inmobiliario al 40%.
En Singapur y China, los hacedores de políticas ahora están probando algo parecido. En febrero las autoridades de Singapur impidieron a los prestamistas que realizaran préstamos por más del 80% de valor de una propiedad. También gravaron con un impuesto a todas las propiedades residenciales vendidas dentro del año de su compra. En abril el gabinete chino, el Consejo de Estado, dijo que podría aumentar los requisitos de primera entrega de segundas y terceras propiedades, así como de primeros hogares muy valiosos. Fijó un piso en las tasas de préstamos hipotecarios y ordenó a las empresas estatales con mucha liquidez que abandonaran su segunda ocupación como emprendedores inmobiliarios. De acuerdo al Economic Observer, un semanario chino, también decidió sujetar algunos inmuebles suntuosos a un impuesto inmobiliario que antes excluía a los hogares ocupados por sus propios dueños.
GRANDES CAMBIOS. En occidente a los bancos centrales les gusta fijar tasas de interés para la economía como un todo, pero prefieren dejar que el mercado decida quién debería prestarle cuánto a quién. En los mercados emergentes, los bancos centrales son felices ensuciándose las manos en el proceso de asignación del crédito, sometiendo a los bancos, favoreciendo algunas industrias con crédito y discriminándolas frente a otras. Algunos hacedores de políticas occidentales ahora están siguiendo los pasos de Asia. Desde el 19 de abril los compradores de inmuebles en Canadá han tenido que hacer una primera entrega de por lo menos el 20% en las propiedades en que inviertan y no ocupen personalmente. E incluso aunque las tasas variables de los préstamos hipotecarios son bajas (sólo 1,75% de acuerdo al Banco de Canadá), los prestamistas deben alcanzar los estándares de calificación crediticia requeridos para un préstamo hipotecario a tasa fija por cinco años. Estas medidas deberían hacer a los hogares menos vulnerables a los martillazos que van a caer cuando el Banco de Canadá suba las tasas de interés.
Además, a los hacedores de políticas en lugares como Estados Unidos, Australia y Canadá les complace ofrecer rebajas transitorias en los impuestos a los compradores de casas durante una recesión. Si hubiera simetría, tendrían que subir los impuestos a los propietarios en un boom. Hasta el 1° de febrero los canadienses podían exigir un crédito fiscal de hasta 1.350 dólares canadienses (1.180 dólares americanos) para reparaciones en el hogar como la instalación de una bañera. Si los gobiernos están preparados para subsidiar los baños burbujeantes, pueden seguramente gravar mercados burbujeantes.
Qué desalienta a la inversión en inmuebles para alquilar.
Regulación pro inquilino, problemas con garantías e impuestos explican oferta contraída.
Con una regulación que beneficia al inquilino, dificultades con las garantías e impuestos que no favorecen al arrendador ni al constructor de edificios de viviendas, la oferta de propiedades para alquilar no crece. Por tanto, la recurrente y frustrante expresión de "¡Qué caro cuesta alquilar en este país!" está lejos de revertirse. De hecho, en el primer cuatrimestre del año esos precios ya treparon más de 4 % y 2009 cerró con un incremento real de 8,3%.
Un 20% de las familias uruguayas renta hoy el lugar donde vive y esa cifra debería superar el 30%, aseguró el operador inmobiliario Julio Villamide. "O sea que necesitaríamos más de 100.000 viviendas en el mercado de alquileres", analizó el experto.
Hoy "hay muchos inversores actuando en el mercado de vivienda comprando paquetes de departamentos", continuó el especialista, pero "los compradores con fines de renta en estos últimos meses son mayoritariamente argentinos".
Para Ricardo Gelber, gerente de alquileres de ACSA, el problema es que "no se trata de propiedades para un mercado ágil, lo que necesita la gente; en la gran mayoría estamos hablando de propiedades más importantes".
En efecto, en 13 barrios que registran los precios más caros -US$ 918 el metro cuadrado-, se concretaron 48% de las compraventas de inmuebles en 2009, según el Mirador Habitacional que elabora la Agencia Nacional de Vivienda.
En tanto, 46% de los metros cuadrados para construcción de vivienda en 2009 fueron solicitados en los barrios más caros: Pocitos, Carrasco, Punta Carretas y Malvín; y en la mayor parte de la ciudad se solicitó solamente 11%.
Qué los intimida
Tradicionalmente, "la regulación del mercado de alquileres beneficia al inquilino y genera en el ADN del propietario una cierta resistencia a volcarse al mercado residencial", opinó Villamide. De hecho, actualmente la mayoría de los nuevos inversores uruguayos se vuelcan más a locales comerciales y de oficinas.
Que los desalojos por mal pagador pueden demorar hasta un año y que las garantías (Contaduría General de la Nación o Anda) pueden no llegar a cubrir la totalidad de daños que puede haber recibido el inmueble, configuran el "escollo fundamental", señaló Gelber. "Por desperfectos, Anda tiene un límite que son ocho unidades reajustables; si se hace el desalojo y se pasa de ese límite, no lo paga, y ese gasto lo asume el propietario", aseguró el especialista.
Si la garantía es de depósito en el Banco Hipotecario, el panorama no es mejor. El mínimo que se pide para vivienda es de cinco meses del alquiler, que suele resultar "poco" si se inicia un juicio por desalojo, que habitualmente dura más que ese período cubierto. En ese caso, el arrendador termina asumiendo las deudas que el inquilino seguramente dejó de pagar, aseguró un escribano vinculado al rubro.
Otro elemento desalentador de la renta de propiedades para vivienda fue que, a partir de 2007, se comenzó a gravar estas operaciones con IRPF -un 12% del alquiler-.
El tema impositivo también desincentiva la construcción de nuevas viviendas. "En un país con déficit de viviendas para alquiler no parece razonable que si uno construye un edificio de oficinas y las alquila, esa inversión está exonerada de IVA y del impuesto a la renta. Pero si hacen la misma inversión en el segmento residencial, le caen todos los impuestos encima", protestó Villamide.
Asimismo, el experto remató que el Estado debería promover que las construcciones se realicen en zonas variadas de la ciudad.
Fuente: Gabriela Rocha, para "El Pais"
Con una regulación que beneficia al inquilino, dificultades con las garantías e impuestos que no favorecen al arrendador ni al constructor de edificios de viviendas, la oferta de propiedades para alquilar no crece. Por tanto, la recurrente y frustrante expresión de "¡Qué caro cuesta alquilar en este país!" está lejos de revertirse. De hecho, en el primer cuatrimestre del año esos precios ya treparon más de 4 % y 2009 cerró con un incremento real de 8,3%.
Un 20% de las familias uruguayas renta hoy el lugar donde vive y esa cifra debería superar el 30%, aseguró el operador inmobiliario Julio Villamide. "O sea que necesitaríamos más de 100.000 viviendas en el mercado de alquileres", analizó el experto.
Hoy "hay muchos inversores actuando en el mercado de vivienda comprando paquetes de departamentos", continuó el especialista, pero "los compradores con fines de renta en estos últimos meses son mayoritariamente argentinos".
Para Ricardo Gelber, gerente de alquileres de ACSA, el problema es que "no se trata de propiedades para un mercado ágil, lo que necesita la gente; en la gran mayoría estamos hablando de propiedades más importantes".
En efecto, en 13 barrios que registran los precios más caros -US$ 918 el metro cuadrado-, se concretaron 48% de las compraventas de inmuebles en 2009, según el Mirador Habitacional que elabora la Agencia Nacional de Vivienda.
En tanto, 46% de los metros cuadrados para construcción de vivienda en 2009 fueron solicitados en los barrios más caros: Pocitos, Carrasco, Punta Carretas y Malvín; y en la mayor parte de la ciudad se solicitó solamente 11%.
Qué los intimida
Tradicionalmente, "la regulación del mercado de alquileres beneficia al inquilino y genera en el ADN del propietario una cierta resistencia a volcarse al mercado residencial", opinó Villamide. De hecho, actualmente la mayoría de los nuevos inversores uruguayos se vuelcan más a locales comerciales y de oficinas.
Que los desalojos por mal pagador pueden demorar hasta un año y que las garantías (Contaduría General de la Nación o Anda) pueden no llegar a cubrir la totalidad de daños que puede haber recibido el inmueble, configuran el "escollo fundamental", señaló Gelber. "Por desperfectos, Anda tiene un límite que son ocho unidades reajustables; si se hace el desalojo y se pasa de ese límite, no lo paga, y ese gasto lo asume el propietario", aseguró el especialista.
Si la garantía es de depósito en el Banco Hipotecario, el panorama no es mejor. El mínimo que se pide para vivienda es de cinco meses del alquiler, que suele resultar "poco" si se inicia un juicio por desalojo, que habitualmente dura más que ese período cubierto. En ese caso, el arrendador termina asumiendo las deudas que el inquilino seguramente dejó de pagar, aseguró un escribano vinculado al rubro.
Otro elemento desalentador de la renta de propiedades para vivienda fue que, a partir de 2007, se comenzó a gravar estas operaciones con IRPF -un 12% del alquiler-.
El tema impositivo también desincentiva la construcción de nuevas viviendas. "En un país con déficit de viviendas para alquiler no parece razonable que si uno construye un edificio de oficinas y las alquila, esa inversión está exonerada de IVA y del impuesto a la renta. Pero si hacen la misma inversión en el segmento residencial, le caen todos los impuestos encima", protestó Villamide.
Asimismo, el experto remató que el Estado debería promover que las construcciones se realicen en zonas variadas de la ciudad.
Fuente: Gabriela Rocha, para "El Pais"
Construcción de viviendas cayó 14% en la segunda mitad de 2009.
Sin embargo, las edificaciones crecieron moderadamente respecto al período enero-junio del año pasado.
Durante la segunda mitad de 2009, la construcción de viviendas registró una fuerte caída respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, la superficie construida se ubicó levemente por encima de la registrada entre enero y junio de ese año.
Según los datos difundidos el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo semestre de 2009 el Índice de Volumen Físico de la Construcción de Viviendas Nuevas en Montevideo (IVFC) cayó 14,07% respecto a igual período del año anterior.
Frente a la primera mitad del año –período afectado por la caída de las expectativas debido a la incertidumbre en torno al desenlace de la crisis internacional, en cambio, el guarismo registró un mínimo incremento de 0,07%.
Durante la segunda mitad de 2009, la construcción de viviendas registró una fuerte caída respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, la superficie construida se ubicó levemente por encima de la registrada entre enero y junio de ese año.
Según los datos difundidos el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo semestre de 2009 el Índice de Volumen Físico de la Construcción de Viviendas Nuevas en Montevideo (IVFC) cayó 14,07% respecto a igual período del año anterior.
Frente a la primera mitad del año –período afectado por la caída de las expectativas debido a la incertidumbre en torno al desenlace de la crisis internacional, en cambio, el guarismo registró un mínimo incremento de 0,07%.
miércoles, 16 de junio de 2010
Plan de Viviendas fuera del Presupuesto.
Aportes solidarios y venta de propiedades públicas, dijo Mujica.
El presidente José Mujica dejó en claro que el plan de vivienda para los sectores más carenciados no estará incluido en el presupuesto y se financiará en base a aportes solidarios, trabajo voluntario y venta de propiedades del Estado.
"Hoy llega la fecha en que estamos arrancando", dijo el mandatario en su audición radial de ayer, respecto al plan de emergencia habitacional, el que será anunciado oficialmente a fines de este mes. Agregó que el plan es "para construir viviendas humildes a gente francamente carenciada" con énfasis en mujeres con hijos a cargo, que no pueden acceder a soluciones de mercado, cuotas o descuentos de salarios.
Al comienzo de esta administración, el gobierno no tenía claro si el plan estaría incluido en el presupuesto. Ayer el presidente indicó que se financiará con "aportes solidarios" y venta de propiedades estatales. El 31 de mayo, el Ejecutivo emitió un decreto que declaró "la situación de emergencia de la población en situación de precariedad socio-habitacional" y creó el Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos.
Mujica expresó que el plan no comenzó antes por dificultades jurídicas en el Estado. "Hasta para dar trabajo a voluntarios hay que tener acuerdos con el BPS y así sucesivamente. Ni qué decir de cuestiones de propiedad", señaló.
Por este asunto, la comisión integrada por Presidencia y los ministerios de Vivienda y de Desarrollo Social -que dirigen este plan- mantuvo reuniones con el presidente del BPS, Ernesto Murro.
Mujica también adjudicó el retraso a cuestiones políticas, ya que "tal vez hubiera sido mal entendido" empezar el programa durante la campaña de las municipales. Agradeció porque el plan que se hace "no le cuesta un peso a la máquina impositiva del Uruguay, no sale del erario público tradicional, no depende de un presupuesto".
El mandatario dijo que el plan es "con esfuerzo esencialmente solidario". Informó que "hay talleres en marcha" fundamentalmente con voluntarios, fabricando materiales. Explicó que no se quiso difundir esto, entre otras cosas, porque se corría "el riesgo de quedar sepultados en aportes solidarios" que no se pudieran encauzar.
Se creará "una fundación sin fines de lucro con unos amigos que trabajan en eso y le han puesto un nombre: Juntos". Fuentes del gobierno dijeron que la fundación aún no esta formalizada.
El presidente José Mujica dejó en claro que el plan de vivienda para los sectores más carenciados no estará incluido en el presupuesto y se financiará en base a aportes solidarios, trabajo voluntario y venta de propiedades del Estado.
"Hoy llega la fecha en que estamos arrancando", dijo el mandatario en su audición radial de ayer, respecto al plan de emergencia habitacional, el que será anunciado oficialmente a fines de este mes. Agregó que el plan es "para construir viviendas humildes a gente francamente carenciada" con énfasis en mujeres con hijos a cargo, que no pueden acceder a soluciones de mercado, cuotas o descuentos de salarios.
Al comienzo de esta administración, el gobierno no tenía claro si el plan estaría incluido en el presupuesto. Ayer el presidente indicó que se financiará con "aportes solidarios" y venta de propiedades estatales. El 31 de mayo, el Ejecutivo emitió un decreto que declaró "la situación de emergencia de la población en situación de precariedad socio-habitacional" y creó el Plan de Integración Socio-Habitacional Juntos.
Mujica expresó que el plan no comenzó antes por dificultades jurídicas en el Estado. "Hasta para dar trabajo a voluntarios hay que tener acuerdos con el BPS y así sucesivamente. Ni qué decir de cuestiones de propiedad", señaló.
Por este asunto, la comisión integrada por Presidencia y los ministerios de Vivienda y de Desarrollo Social -que dirigen este plan- mantuvo reuniones con el presidente del BPS, Ernesto Murro.
Mujica también adjudicó el retraso a cuestiones políticas, ya que "tal vez hubiera sido mal entendido" empezar el programa durante la campaña de las municipales. Agradeció porque el plan que se hace "no le cuesta un peso a la máquina impositiva del Uruguay, no sale del erario público tradicional, no depende de un presupuesto".
El mandatario dijo que el plan es "con esfuerzo esencialmente solidario". Informó que "hay talleres en marcha" fundamentalmente con voluntarios, fabricando materiales. Explicó que no se quiso difundir esto, entre otras cosas, porque se corría "el riesgo de quedar sepultados en aportes solidarios" que no se pudieran encauzar.
Se creará "una fundación sin fines de lucro con unos amigos que trabajan en eso y le han puesto un nombre: Juntos". Fuentes del gobierno dijeron que la fundación aún no esta formalizada.
El problema de vivienda.
Editorial de "El Pais" 16-03-2010.
De acuerdo con algunas mediciones, el Uruguay figura a la cabeza de Latinoamérica en porcentaje de viviendas desocupadas, que representarían el 18,8% del total. En esa tabla lo siguen Argentina (15,5%), Paraguay (11%) y Colombia (10,3%), mientras Venezuela es la que tiene menos casas vacías (3,7%). Según la Encuesta Nacional de Hogares, en todo el Uruguay existían 1.274.052 viviendas, de acuerdo a los datos del censo de 2004, de las cuales 1.033.813 estaban ocupadas, mientras 240.239 se consideraban entonces deshabitadas. Esas cifras resultan por un lado discutibles y por otro lado contradictorias, considerando que no todas las desocupadas lo están realmente, y que el país tiene un elevado déficit habitacional que parecería desmentir los cálculos.
En efecto, 174.000 uruguayos viven en asentamientos irregulares y se requerirían unas 80.000 casas para satisfacer esa necesidad de los sectores marginales. Dichas estimaciones destacan que en el país hay 15.000 hogares que carecen de baño y añaden que en términos generales sólo el 37% de las viviendas se encuentran en buen estado de construcción y mantenimiento, siempre según aquella Encuesta. Claro que, como señala atinadamente un jerarca del Ministerio de Vivienda, el déficit habitacional se contrapone a la elevada disponibilidad de casas desocupadas, pero en esta categoría una mitad -cerca de 120.000- corresponde al uso temporal de sus propietarios, mayormente para veranear, lo cual convierte dicha clasificación en algo cuestionable, apenas determinado por el hecho de que no estén ocupadas constantemente, aunque se encuentran equipadas para que se las habite en cualquier momento. Del resto (las que realmente están vacías), solamente unas 48.000 se ofrecen en venta o alquiler en el mercado, mientras que otras 15.000 se encuentran en proceso de construcción. Ese pormenor relativiza el impacto de las cifras generales.
El Ministerio considera asimismo que la solución no radica en levantar muchas más viviendas, sino en facilitar créditos para la compra de las que ya existen, abriendo así las transacciones inmobiliarias a una franja social de bajos recursos. De todas maneras, el problema preocupa visiblemente a la clase política, enfrentada a las penosas condiciones habitacionales del 5% de la población que sobrevive excluido de todo acceso al mercado respectivo. Como respuesta a ese desafío, el Poder Ejecutivo ha propuesto un plan que denomina "Juntos", destinado a proveer viviendas a los más pobres, cuyos recursos provendrían de la venta de bienes del Estado y -vagamente- de la solidaridad de los particulares. La idea es alentadora, aunque por el momento está en su etapa embrionaria.
Pero el Uruguay no es una excepción en materia de vivienda. La crisis financiera internacional que creció a partir de fines de 2008, golpeó duramente al negocio inmobiliario y ha generado cuadros gravísimos en Estados Unidos y España, por ejemplo. Al desplomarse las hipotecas "subprime" en el primero de esos países, se produjo una oleada de embargos y desalojos por falta de pago de los endeudados propietarios. Eso ha llevado el total de casas vacías en Estados Unidos a 19 millones, multiplicando de paso otros problemas. El principal es el temor ante la eventualidad de ocupaciones ilegales, con el consiguiente descalabro social de algunos barrios. Esa misma crisis paralizó en España las obras en construcción, castigando severamente el ritmo de compraventas, por no hablar del masivo desempleo derivado de tal declive.
Mientras tanto el Uruguay vive su paradoja, con muchas casas vacías (que también son una bomba de tiempo ante posibles invasores precarios) y una creciente población hacinada en asentamientos. El último censo nacional ofrece otras precisiones nada tranquilizadoras, como un crecimiento del 72% de casas y apartamentos desocupados entre 1996 y 2004, mayormente en zonas montevideanas que han perdido habitantes, como Ciudad Vieja, Centro, la Aguada o la Unión. De aquí en adelante, queda pendiente la urgencia por enderezar esa balanza.
De acuerdo con algunas mediciones, el Uruguay figura a la cabeza de Latinoamérica en porcentaje de viviendas desocupadas, que representarían el 18,8% del total. En esa tabla lo siguen Argentina (15,5%), Paraguay (11%) y Colombia (10,3%), mientras Venezuela es la que tiene menos casas vacías (3,7%). Según la Encuesta Nacional de Hogares, en todo el Uruguay existían 1.274.052 viviendas, de acuerdo a los datos del censo de 2004, de las cuales 1.033.813 estaban ocupadas, mientras 240.239 se consideraban entonces deshabitadas. Esas cifras resultan por un lado discutibles y por otro lado contradictorias, considerando que no todas las desocupadas lo están realmente, y que el país tiene un elevado déficit habitacional que parecería desmentir los cálculos.
En efecto, 174.000 uruguayos viven en asentamientos irregulares y se requerirían unas 80.000 casas para satisfacer esa necesidad de los sectores marginales. Dichas estimaciones destacan que en el país hay 15.000 hogares que carecen de baño y añaden que en términos generales sólo el 37% de las viviendas se encuentran en buen estado de construcción y mantenimiento, siempre según aquella Encuesta. Claro que, como señala atinadamente un jerarca del Ministerio de Vivienda, el déficit habitacional se contrapone a la elevada disponibilidad de casas desocupadas, pero en esta categoría una mitad -cerca de 120.000- corresponde al uso temporal de sus propietarios, mayormente para veranear, lo cual convierte dicha clasificación en algo cuestionable, apenas determinado por el hecho de que no estén ocupadas constantemente, aunque se encuentran equipadas para que se las habite en cualquier momento. Del resto (las que realmente están vacías), solamente unas 48.000 se ofrecen en venta o alquiler en el mercado, mientras que otras 15.000 se encuentran en proceso de construcción. Ese pormenor relativiza el impacto de las cifras generales.
El Ministerio considera asimismo que la solución no radica en levantar muchas más viviendas, sino en facilitar créditos para la compra de las que ya existen, abriendo así las transacciones inmobiliarias a una franja social de bajos recursos. De todas maneras, el problema preocupa visiblemente a la clase política, enfrentada a las penosas condiciones habitacionales del 5% de la población que sobrevive excluido de todo acceso al mercado respectivo. Como respuesta a ese desafío, el Poder Ejecutivo ha propuesto un plan que denomina "Juntos", destinado a proveer viviendas a los más pobres, cuyos recursos provendrían de la venta de bienes del Estado y -vagamente- de la solidaridad de los particulares. La idea es alentadora, aunque por el momento está en su etapa embrionaria.
Pero el Uruguay no es una excepción en materia de vivienda. La crisis financiera internacional que creció a partir de fines de 2008, golpeó duramente al negocio inmobiliario y ha generado cuadros gravísimos en Estados Unidos y España, por ejemplo. Al desplomarse las hipotecas "subprime" en el primero de esos países, se produjo una oleada de embargos y desalojos por falta de pago de los endeudados propietarios. Eso ha llevado el total de casas vacías en Estados Unidos a 19 millones, multiplicando de paso otros problemas. El principal es el temor ante la eventualidad de ocupaciones ilegales, con el consiguiente descalabro social de algunos barrios. Esa misma crisis paralizó en España las obras en construcción, castigando severamente el ritmo de compraventas, por no hablar del masivo desempleo derivado de tal declive.
Mientras tanto el Uruguay vive su paradoja, con muchas casas vacías (que también son una bomba de tiempo ante posibles invasores precarios) y una creciente población hacinada en asentamientos. El último censo nacional ofrece otras precisiones nada tranquilizadoras, como un crecimiento del 72% de casas y apartamentos desocupados entre 1996 y 2004, mayormente en zonas montevideanas que han perdido habitantes, como Ciudad Vieja, Centro, la Aguada o la Unión. De aquí en adelante, queda pendiente la urgencia por enderezar esa balanza.
Inmuebles: fuertes compras en el año.
Maldonado tuvo negocios por US$ 934 millones.
El mercado inmobiliario del departamento de Maldonado registró un movimiento de US$ 934.725.654 entre los meses de marzo de 2009 y febrero de 2010, según informó el director general de turismo municipal, Horacio Díaz.
La mayor cantidad de operaciones en cuanto al monto de los contratos se registró en febrero pasado con US$ 118.782.228 y la menor en abril de 2009 con US$ 49.965.122.
En el caso de Punta del Este el pico de mayor cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles durante el referido período se registró en febrero pasado en la ciudad de Punta del Este con US$ 62.131.686 y el menor marzo del 2009 con US$ 18.988.534.
En algunos casos la zona rural del departamento registró una mayor cantidad de operaciones inmobiliarias que las concretadas en ciudades del departamento de mayor cantidad de pobladores estables como Piriápolis, Pan de Azúcar y Aiguá, entre otras.
La presencia de inversores europeos interesados en adquirir viviendas de segunda residencia tanto en la zona urbana como la rural del departamento de Maldonado explica la mayor parte de la inversión.
El ranking de las diez localidades del departamento con mayor cantidad de operaciones durante el período marzo 2009/febrero 2010 es el siguiente: Punta del Este (US$ 437.756.929), Maldonado (US$ 175.850.035), zona rural del departamento (US$ 127:986.105), La Barra (US$ 45:777.426), Punta Ballena (US$ 30:837.509), Piriápolis (US$ 21:429.583), Faro José Ignacio (US$ 16:798.359), Manantiales (US$ 12:208.957), Balneario Buenos Aires (US$ 9:095.783), El Tesoro (US$ 9:298.331) y El Chorro (US$ 6:147.551).
Díaz explicó, en una conferencia de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, que los datos son aportados al municipio por los propios responsables de las operaciones.
El mercado inmobiliario del departamento de Maldonado registró un movimiento de US$ 934.725.654 entre los meses de marzo de 2009 y febrero de 2010, según informó el director general de turismo municipal, Horacio Díaz.
La mayor cantidad de operaciones en cuanto al monto de los contratos se registró en febrero pasado con US$ 118.782.228 y la menor en abril de 2009 con US$ 49.965.122.
En el caso de Punta del Este el pico de mayor cantidad de operaciones de compraventa de inmuebles durante el referido período se registró en febrero pasado en la ciudad de Punta del Este con US$ 62.131.686 y el menor marzo del 2009 con US$ 18.988.534.
En algunos casos la zona rural del departamento registró una mayor cantidad de operaciones inmobiliarias que las concretadas en ciudades del departamento de mayor cantidad de pobladores estables como Piriápolis, Pan de Azúcar y Aiguá, entre otras.
La presencia de inversores europeos interesados en adquirir viviendas de segunda residencia tanto en la zona urbana como la rural del departamento de Maldonado explica la mayor parte de la inversión.
El ranking de las diez localidades del departamento con mayor cantidad de operaciones durante el período marzo 2009/febrero 2010 es el siguiente: Punta del Este (US$ 437.756.929), Maldonado (US$ 175.850.035), zona rural del departamento (US$ 127:986.105), La Barra (US$ 45:777.426), Punta Ballena (US$ 30:837.509), Piriápolis (US$ 21:429.583), Faro José Ignacio (US$ 16:798.359), Manantiales (US$ 12:208.957), Balneario Buenos Aires (US$ 9:095.783), El Tesoro (US$ 9:298.331) y El Chorro (US$ 6:147.551).
Díaz explicó, en una conferencia de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, que los datos son aportados al municipio por los propios responsables de las operaciones.
martes, 8 de junio de 2010
Preparan ley para plan de vivienda.
En 90 días prevén enviar el proyecto al Parlamento.
El decreto que declara la emergencia socio habitacional, divulgado el lunes anterior por Presidencia, señala que en un plazo de 90 días se deberá preparar un proyecto de ley "que diseñe las líneas de acción y programas" del plan de integración socio habitacional "Juntos".
El proyecto será elaborado por la comisión que funcionará en Presidencia y que estará encargada también de la planificación y ejecución del mismo.
El decreto también establece que "el Poder Ejecutivo priorizará la asignación de recursos financieros y humanos para la ejecución" del Plan Juntos.
La comisión estará integrada por tres miembros: un delegado de la Presidencia, que la encabezará (el ex decano de la Facultad de Arquitectura, Carlos Acuña); un delegado del Ministerio de Vivienda (Ricardo Mutoni, ex director del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares), y otro del Ministerio de Desarrollo Social (Delia Soria, actual directora nacional de Integración Social).
La comisión también deberá "promover e impulsar la participación solidaria de la sociedad" en el plan. El decreto señala que hay "miles de habitantes" del país "que viven en condiciones de precariedad crítica".
El decreto que declara la emergencia socio habitacional, divulgado el lunes anterior por Presidencia, señala que en un plazo de 90 días se deberá preparar un proyecto de ley "que diseñe las líneas de acción y programas" del plan de integración socio habitacional "Juntos".
El proyecto será elaborado por la comisión que funcionará en Presidencia y que estará encargada también de la planificación y ejecución del mismo.
El decreto también establece que "el Poder Ejecutivo priorizará la asignación de recursos financieros y humanos para la ejecución" del Plan Juntos.
La comisión estará integrada por tres miembros: un delegado de la Presidencia, que la encabezará (el ex decano de la Facultad de Arquitectura, Carlos Acuña); un delegado del Ministerio de Vivienda (Ricardo Mutoni, ex director del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares), y otro del Ministerio de Desarrollo Social (Delia Soria, actual directora nacional de Integración Social).
La comisión también deberá "promover e impulsar la participación solidaria de la sociedad" en el plan. El decreto señala que hay "miles de habitantes" del país "que viven en condiciones de precariedad crítica".
Venden más apartamentos al frente en barrios caros.
En la zona costera aumentó la demanda más que en el resto.
El número de compraventas de apartamentos ubicados al frente en los barrios más costosos de Montevideo aumentó en 2009 frente al año anterior según surge del estudio "Mirador habitacional" de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
En toda la capital, 72,8% de las transacciones realizadas el año pasado correspondieron a apartamentos al frente. Eso significó una reducción de cinco décimas de punto porcentual con respecto a 2008. Sin embargo, este fenómeno no se observó en los barrios de la franja costera Este, donde ocurrió lo contrario.
En Pocitos, el barrio donde las propiedades horizontales son más costosas, el 84,7% de las compraventas correspondieron a inmuebles con ubicación al frente, mientras que en 2008 era del 79%.
El barrio que sigue por su nivel de precios es Parque Rodó, donde durante 2009 el 77,9% de los apartamentos vendidos estaban ubicados al frente, 7,5 puntos porcentuales más que el año anterior.
En Malvín, el avance fue de 68,3% a 77,6%, en Punta Carretas la proporción creció de 71,9% a 78,4% y en Tres Cruces el alza fue aún mayor: de 66,8% a 81,9%. También se registraron subas significativas en Palermo, Centro y Prado.
El número de compraventas de apartamentos ubicados al frente en los barrios más costosos de Montevideo aumentó en 2009 frente al año anterior según surge del estudio "Mirador habitacional" de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
En toda la capital, 72,8% de las transacciones realizadas el año pasado correspondieron a apartamentos al frente. Eso significó una reducción de cinco décimas de punto porcentual con respecto a 2008. Sin embargo, este fenómeno no se observó en los barrios de la franja costera Este, donde ocurrió lo contrario.
En Pocitos, el barrio donde las propiedades horizontales son más costosas, el 84,7% de las compraventas correspondieron a inmuebles con ubicación al frente, mientras que en 2008 era del 79%.
El barrio que sigue por su nivel de precios es Parque Rodó, donde durante 2009 el 77,9% de los apartamentos vendidos estaban ubicados al frente, 7,5 puntos porcentuales más que el año anterior.
En Malvín, el avance fue de 68,3% a 77,6%, en Punta Carretas la proporción creció de 71,9% a 78,4% y en Tres Cruces el alza fue aún mayor: de 66,8% a 81,9%. También se registraron subas significativas en Palermo, Centro y Prado.
Alquileres subieron 20% más que inmuebles.
Prevén sobreoferta de apartamentos pequeños en 2011, lo que bajará los precios.
Mientras cada vez más inversores argentinos compran inmuebles a nivel local, agentes inmobiliarios aseguran que a mediados de 2011 la sobreoferta de monoambientes y apartamentos de un dormitorio en Pocitos y Malvín hará bajar los alquileres.
Es que entre comienzos de 2005 e inicios de 2010, el promedio de los alquileres en Uruguay creció 20% más que los precios de los inmuebles, en tanto que los alquileres nuevos mostraron una evolución 50% superior a la de los precios de compraventa, según un estudio de CPA Ferrere.
Eduardo de Arteaga, director de la inmobiliaria Arteaga Hill Propiedades, dijo que cuando se estrenen "los innumerables edificios nuevos que se están construyendo" en esos barrios habrá un exceso de oferta de ese tipo de inmuebles, lo que hará "no sólo que dejen de subir los precios, sino que puede haber una tendencia a la baja". El operador estimó que tomará entre uno y tres años que el mercado se reacomode.
En igual sentido se pronunció Roberto Pedragosa. El agente inmobiliario indicó que los arrendamientos de los apartamentos más pequeños en el eje costero deberían costar la tercera parte del precio al que se ofertan los de tres dormitorios, pero en este momento se ofertan a la mitad. Dijo que alquilar un monoambiente cuesta en promedio $ 7.000 y un apartamento con un dormitorio $ 10.000 y $ 12.000, mientras que si es de tres dormitorios y dos baños se alquila a precios de entre $ 20.000 y $ 22.000.
Como la alta concentración de propiedades en Pocitos convierte a ese barrio en el "buque insignia del mercado inmobiliario montevideano", de Arteaga sostuvo que lo que allí ocurra con los alquileres a la larga se traducirá en los demás. "Si bajan o se mantienen los precios en Pocitos, se reflejará en Cordón, La Blanqueada, Buceo, Centro y un largo etcétera", afirmó. En Carrasco, en tanto, los precios de los arrendamientos están más atados a otras variables como el precio del dólar.
INVERSIONES. En tanto, durante los últimos seis meses, creció el interés de argentinos por comprar inmuebles en Montevideo como inversión, dijo Pedragosa.
Ese interés ya se expresó en las decisiones de compra, que según el operador Wilder Anikian apuntan a inmuebles de entre US$ 100.000 y US$ 200.000. "Los argentinos confían en que acá existen reglas claras. Les interesan mucho locales para oficinas, sobre todo en la zona costera y se deciden rápido", dijo. Sin embargo, De Arteaga afirmó que el mercado de oficinas no es una buena inversión en el corto plazo porque cuesta meses concretar el alquiler. Eso lo atribuye al aumento de la oferta con el fenómeno World Trade Center y Zonamerica. Cree que la demanda no acompañó la mayor oferta.
¿Burbuja? Si bien algunos agentes estiman que los precios están "inflados", el informe de CPA Ferrere afirma que "no parecen observarse indicadores que permitan sostener la presencia de una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario" local.
Además, el estudio muestra que la mayor suba en el precio de los alquileres frente al de las compraventas responde a un proceso de convergencia al equilibrio, luego que la crisis de 2002 desencadenara una baja en arrendamientos "significativamente superior" a la del valor de los inmuebles.
La consultora advierte que "si la dinámica actual se mantuviese en los próximos meses se ingresaría en una zona de desequilibrio `a favor` de los propietarios, o quienes tienen acceso fluido al crédito". Para evitar que las presiones del mercado generen subas "desmedidas" de los alquileres, la consultora considera que serán "fundamentales" las políticas públicas de acceso a la vivienda para quienes no pueden ser sujetos de crédito o, de lo contrario, se generará "un proceso similar al de la década del 90".
Mientras cada vez más inversores argentinos compran inmuebles a nivel local, agentes inmobiliarios aseguran que a mediados de 2011 la sobreoferta de monoambientes y apartamentos de un dormitorio en Pocitos y Malvín hará bajar los alquileres.
Es que entre comienzos de 2005 e inicios de 2010, el promedio de los alquileres en Uruguay creció 20% más que los precios de los inmuebles, en tanto que los alquileres nuevos mostraron una evolución 50% superior a la de los precios de compraventa, según un estudio de CPA Ferrere.
Eduardo de Arteaga, director de la inmobiliaria Arteaga Hill Propiedades, dijo que cuando se estrenen "los innumerables edificios nuevos que se están construyendo" en esos barrios habrá un exceso de oferta de ese tipo de inmuebles, lo que hará "no sólo que dejen de subir los precios, sino que puede haber una tendencia a la baja". El operador estimó que tomará entre uno y tres años que el mercado se reacomode.
En igual sentido se pronunció Roberto Pedragosa. El agente inmobiliario indicó que los arrendamientos de los apartamentos más pequeños en el eje costero deberían costar la tercera parte del precio al que se ofertan los de tres dormitorios, pero en este momento se ofertan a la mitad. Dijo que alquilar un monoambiente cuesta en promedio $ 7.000 y un apartamento con un dormitorio $ 10.000 y $ 12.000, mientras que si es de tres dormitorios y dos baños se alquila a precios de entre $ 20.000 y $ 22.000.
Como la alta concentración de propiedades en Pocitos convierte a ese barrio en el "buque insignia del mercado inmobiliario montevideano", de Arteaga sostuvo que lo que allí ocurra con los alquileres a la larga se traducirá en los demás. "Si bajan o se mantienen los precios en Pocitos, se reflejará en Cordón, La Blanqueada, Buceo, Centro y un largo etcétera", afirmó. En Carrasco, en tanto, los precios de los arrendamientos están más atados a otras variables como el precio del dólar.
INVERSIONES. En tanto, durante los últimos seis meses, creció el interés de argentinos por comprar inmuebles en Montevideo como inversión, dijo Pedragosa.
Ese interés ya se expresó en las decisiones de compra, que según el operador Wilder Anikian apuntan a inmuebles de entre US$ 100.000 y US$ 200.000. "Los argentinos confían en que acá existen reglas claras. Les interesan mucho locales para oficinas, sobre todo en la zona costera y se deciden rápido", dijo. Sin embargo, De Arteaga afirmó que el mercado de oficinas no es una buena inversión en el corto plazo porque cuesta meses concretar el alquiler. Eso lo atribuye al aumento de la oferta con el fenómeno World Trade Center y Zonamerica. Cree que la demanda no acompañó la mayor oferta.
¿Burbuja? Si bien algunos agentes estiman que los precios están "inflados", el informe de CPA Ferrere afirma que "no parecen observarse indicadores que permitan sostener la presencia de una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario" local.
Además, el estudio muestra que la mayor suba en el precio de los alquileres frente al de las compraventas responde a un proceso de convergencia al equilibrio, luego que la crisis de 2002 desencadenara una baja en arrendamientos "significativamente superior" a la del valor de los inmuebles.
La consultora advierte que "si la dinámica actual se mantuviese en los próximos meses se ingresaría en una zona de desequilibrio `a favor` de los propietarios, o quienes tienen acceso fluido al crédito". Para evitar que las presiones del mercado generen subas "desmedidas" de los alquileres, la consultora considera que serán "fundamentales" las políticas públicas de acceso a la vivienda para quienes no pueden ser sujetos de crédito o, de lo contrario, se generará "un proceso similar al de la década del 90".
jueves, 27 de mayo de 2010
En Uruguay no existe déficit, sino superávit de viviendas.
Un trabajo de los economistas Carlos Casacuberta y Néstor Gandelman realizado para el Ministerio de Vivienda, basado en el último censo, constata una paradoja impactante: en Uruguay no hay déficit habitacional, sino superávit.
Los autores afirman que si se redistribuyera las viviendas desocupadas utilizables para dotar de casa a cada hogar y reemplazar todos los inmuebles de mala calidad u obsoletos, aún quedarían viviendas disponibles en el territorio.
Los datos del censo registraron en el país 1.061.762 hogares y un total de 1.033.813 viviendas particulares ocupadas. A esta cifra deben añadirse las viviendas "desocupadas" (240.239) y las "de temporada" (121.238).
Una vez descontadas aquellas que se consideran irrecuperables y obsoletas, el número de viviendas resultante es de 1.069.152, o sea: 7.390 unidades más que el número de hogares uruguayos.
Otros datos refuerzan la idea de que no existe déficit habitacional en el país, donde hay una relación de 2,5 habitantes por vivienda (España registra una relación de 2,2, que es la mejor del continente europeo. En México, por ejemplo, esa relación de 4,4).
En Uruguay se construía, en el período 1985-1996, un promedio de 17.385 viviendas por año y esa cifra trepó a 19.154 entre 1996 y 2004. Hoy se estima que la construcción anual de viviendas supera las 20.000 unidades, mientras que la población del país registra una exigua tasa de crecimiento.
Para Casacuberta, el cálculo del "déficit habitacional" no tiene relevancia para fijar una política de vivienda porque no refleja los problemas existentes.
"El dato verdaderamente llamativo es el del peso de las viviendas desocupadas, que crecen explosivamente", sostiene. "Nada garantiza que los hogares de bajos ingresos, que carecen de garantías adecuadas, puedan acceder a esas viviendas, aunque estuvieran disponibles en el mercado, ya sea por la calidad, ubicación o nivel de gasto de mantenimiento". Otro dato es la magnitud de los hogares que no tienen capacidad de ahorro ni acceso al crédito.
Los autores afirman que si se redistribuyera las viviendas desocupadas utilizables para dotar de casa a cada hogar y reemplazar todos los inmuebles de mala calidad u obsoletos, aún quedarían viviendas disponibles en el territorio.
Los datos del censo registraron en el país 1.061.762 hogares y un total de 1.033.813 viviendas particulares ocupadas. A esta cifra deben añadirse las viviendas "desocupadas" (240.239) y las "de temporada" (121.238).
Una vez descontadas aquellas que se consideran irrecuperables y obsoletas, el número de viviendas resultante es de 1.069.152, o sea: 7.390 unidades más que el número de hogares uruguayos.
Otros datos refuerzan la idea de que no existe déficit habitacional en el país, donde hay una relación de 2,5 habitantes por vivienda (España registra una relación de 2,2, que es la mejor del continente europeo. En México, por ejemplo, esa relación de 4,4).
En Uruguay se construía, en el período 1985-1996, un promedio de 17.385 viviendas por año y esa cifra trepó a 19.154 entre 1996 y 2004. Hoy se estima que la construcción anual de viviendas supera las 20.000 unidades, mientras que la población del país registra una exigua tasa de crecimiento.
Para Casacuberta, el cálculo del "déficit habitacional" no tiene relevancia para fijar una política de vivienda porque no refleja los problemas existentes.
"El dato verdaderamente llamativo es el del peso de las viviendas desocupadas, que crecen explosivamente", sostiene. "Nada garantiza que los hogares de bajos ingresos, que carecen de garantías adecuadas, puedan acceder a esas viviendas, aunque estuvieran disponibles en el mercado, ya sea por la calidad, ubicación o nivel de gasto de mantenimiento". Otro dato es la magnitud de los hogares que no tienen capacidad de ahorro ni acceso al crédito.
Decretan "emergencia habitacional".
UN INFORME DE EDUARDO DELGADO Y RAÚL MERNIES.
El gobierno decretó la emergencia habitacional y proyecta vender propiedades estatales para destinar el dinero recaudado a la construcción y refacción de viviendas, en un plan que involucrará, en una primera etapa, a unas 50.000 personas.
En el Consejo de Ministros, las titulares de Vivienda (Graciela Muslera) y de Desarrollo Social (Ana María Vignoli) presentaron el proyecto de decreto que establece la declaración oficial de emergencia habitacional y crea un programa denominado "Juntos", que será llevado adelante por una comisión especial que responderá directamente a las directivas de José Mujica.
El presidente rubricó el documento antes de partir a Buenos Aires.
Muslera explicó que en el decreto "se declara la emergencia habitacional, se enfatizan todas las gestiones vinculadas de los distintos ministerios, se crea una comisión a nivel presidencial para la organización de las acciones y se plantea que a nivel presupuestal tiene que haber una respuesta concreta".
La ministra agregó que los instrumentos de financiación son presupuestales, pero aclaró que no se trata de una "partida adicional", sino que hay "redireccionamiento de los recursos de todos los ministerios".
Muslera no fue precisa al explicar qué cantidad de recursos se destinará al programa.
Expresó que "en esta concepción de armado del presupuesto se articulan acciones de distintas carteras para conseguir un fin que va más allá del cometido de cada ministerio. Acá estamos hablando de la lucha contra la pobreza. Para la financiación confluyen recursos presupuestales y otros no utilizados que se van a tratar de movilizar con este plan".
Cuentas.
Alberto Breccia, Secretario de Presidencia, explicó que la emergencia tiene como primer objetivo a 50.000 uruguayos que el gobierno entiende que están en peores condiciones, y agregó que para esto también se utilizarán los fondos de las cuentas del BROU y del Bandes, en las que el presidente deposita en forma de donación "una parte importante de su salario".
Esas cuentas "han recibido importantes donaciones", en las últimas semanas, expresó el jerarca, aunque no especificó de dónde provenían.
Agregó que ya hay voluntarios trabajando en la construcción de bloques especiales y un sistema de techos más resistentes que la chapa en el Polo Tecnológico Industrial del Cerro.
Con una máquina para bloques que donó Fucvam, se instalará un taller en los patios de Funsa, adelantó Mujica ayer, y agregó que el plan, en su etapa definitiva, deberá abarcar a unas 100.000 personas.
PELANDO CHAUCHAS.
El presidente Mujica adelantó que se venderán propiedades estatales para reunir fondos que se destinarán a este plan e incluso puso ejemplos.
En el aniversario de Fucvam, el presidente dijo que se montará una carpintería, que se debe "apelar a un montón de cosas desperdiciadas del Estado, la madera que hay en Cabo Polonio, algún aserradero viejo, y juntar los recursos solidarios". Pero aclaró que "eso desde luego que no va a alcanzar", por lo que habrá que "vender propiedades inútiles que tiene el Estado" y transformarlas "en vivienda para gente pobre".
Señaló que perdió "algunos partidos" y recordó uno en especial, hace años, cuando propuso vender las canchas de Club de Golf de Punta Carretas para que se construyeran torres. "No lo pude hacer pero aprendí mucho. Ahora soy presidente. Vayan pelando las chauchas, porque si no tenés plata, la plata la tenés que inventar, hermano, y la tenés que inventar donde existe. Y creo que es lícito en una sociedad esa forma de transferir recursos", resaltó. "Yo creo que nunca se debe vender el patrimonio, salvo que se genere más patrimonio para la gente del país", acotó.
Puso como ejemplo la venta de 400 hectáreas en Aguas Dulces por US$ 12 millones, que fueron destinados a comprar tierra para colonos. "Esa política para vivienda hay que llevarla a gran escala", resaltó.
Dijo que hay un "atraso fenomenal" en viviendas para "sectores más pauperizados" y para trabajadores y jubilados. "Si esperamos que el Presupuesto nos dé una solución global, la veremos en el año del golero", afirmó.
Estimó "groseramente" en unos US$ 1.500 millones el monto de dinero que se necesita para cubrir este atraso.
De esta manera, el gobierno ha dado el primer paso "oficial" del plan de vivienda.
Según el ministro de Economía Fernando Lorenzo, vocero del Consejo de Ministros, "éste es solo uno de los componentes en los que se va a expresar operativamente esta prioridad". Lorenzo agregó que esto "no sustituye" otras iniciativas englobadas en un plan "macro" de vivienda que el gobierno presentará en el Parlamento.
Propiedades del Estado que estarán a la venta
Mujica puso tres ejemplos de propiedades estatales que piensa vender y utilizar lo que recaude para su plan de emergencia habitacional, pero dijo que tiene "un rollo" más.
Habló de 1.900 hectáreas en Rocha, que están próximas al balneario de Aguas Dulces y son propiedad del Ministerio de Ganadería. También mencionó una manzana ubicada al lado del club Neptuno (Lindolfo Cuestas y Piedras), donde funcionó Cantinas Militares.
Además, nombró al edificio Caubarrere (Convención y 18 de Julio), en donde funcionaron oficinas de intendencias y de otras dependencias del Estado, entre ellas de la OPP.
El presidente destacó que "las madres pobres con hijos a cargo" son prioridad para este plan, que no pasa sólo por dar una vivienda digna, sino que incluye intentar la inserción laboral y un seguimiento de que los niños concurran a la escuela y reciban atención médica.
También dijo que la intención es que las canchas de deportes en los cuarteles militares sean abiertas en un horario, para que puedan jugar "los gurises de los barrios más pobres".
Presidencia, Vivienda y Mides en la comisión
El proyecto de decreto establece la creación, en el ámbito de la Presidencia de la República, de una comisión integrada por un delegado de la propia Presidencia (será el arquitecto Carlos "Tito" Acuña, quien fue decano de la Facultad de Arquitectura y hoy es director de la maestría de urbanismo), uno del Ministerio de Vivienda (Ricardo Mutoni, que trabajó en temas de hábitat social desde "tiempos inmemoriales", señaló la ministra Muslera) y otro del Mides (Delia Soria, asistente social).
Los integrantes de la comisión podrán convocar a representantes de organismos públicos, gobiernos departamentales, organizaciones no gubernamentales y demás actores con incidencia urbano habitacional para colaborar en el plan.
La comisión, establece el decreto, "funcionará en la Presidencia de la República", que le brindará apoyo administrativo, y responderá directamente a José Mujica.
El gobierno decretó la emergencia habitacional y proyecta vender propiedades estatales para destinar el dinero recaudado a la construcción y refacción de viviendas, en un plan que involucrará, en una primera etapa, a unas 50.000 personas.
En el Consejo de Ministros, las titulares de Vivienda (Graciela Muslera) y de Desarrollo Social (Ana María Vignoli) presentaron el proyecto de decreto que establece la declaración oficial de emergencia habitacional y crea un programa denominado "Juntos", que será llevado adelante por una comisión especial que responderá directamente a las directivas de José Mujica.
El presidente rubricó el documento antes de partir a Buenos Aires.
Muslera explicó que en el decreto "se declara la emergencia habitacional, se enfatizan todas las gestiones vinculadas de los distintos ministerios, se crea una comisión a nivel presidencial para la organización de las acciones y se plantea que a nivel presupuestal tiene que haber una respuesta concreta".
La ministra agregó que los instrumentos de financiación son presupuestales, pero aclaró que no se trata de una "partida adicional", sino que hay "redireccionamiento de los recursos de todos los ministerios".
Muslera no fue precisa al explicar qué cantidad de recursos se destinará al programa.
Expresó que "en esta concepción de armado del presupuesto se articulan acciones de distintas carteras para conseguir un fin que va más allá del cometido de cada ministerio. Acá estamos hablando de la lucha contra la pobreza. Para la financiación confluyen recursos presupuestales y otros no utilizados que se van a tratar de movilizar con este plan".
Cuentas.
Alberto Breccia, Secretario de Presidencia, explicó que la emergencia tiene como primer objetivo a 50.000 uruguayos que el gobierno entiende que están en peores condiciones, y agregó que para esto también se utilizarán los fondos de las cuentas del BROU y del Bandes, en las que el presidente deposita en forma de donación "una parte importante de su salario".
Esas cuentas "han recibido importantes donaciones", en las últimas semanas, expresó el jerarca, aunque no especificó de dónde provenían.
Agregó que ya hay voluntarios trabajando en la construcción de bloques especiales y un sistema de techos más resistentes que la chapa en el Polo Tecnológico Industrial del Cerro.
Con una máquina para bloques que donó Fucvam, se instalará un taller en los patios de Funsa, adelantó Mujica ayer, y agregó que el plan, en su etapa definitiva, deberá abarcar a unas 100.000 personas.
PELANDO CHAUCHAS.
El presidente Mujica adelantó que se venderán propiedades estatales para reunir fondos que se destinarán a este plan e incluso puso ejemplos.
En el aniversario de Fucvam, el presidente dijo que se montará una carpintería, que se debe "apelar a un montón de cosas desperdiciadas del Estado, la madera que hay en Cabo Polonio, algún aserradero viejo, y juntar los recursos solidarios". Pero aclaró que "eso desde luego que no va a alcanzar", por lo que habrá que "vender propiedades inútiles que tiene el Estado" y transformarlas "en vivienda para gente pobre".
Señaló que perdió "algunos partidos" y recordó uno en especial, hace años, cuando propuso vender las canchas de Club de Golf de Punta Carretas para que se construyeran torres. "No lo pude hacer pero aprendí mucho. Ahora soy presidente. Vayan pelando las chauchas, porque si no tenés plata, la plata la tenés que inventar, hermano, y la tenés que inventar donde existe. Y creo que es lícito en una sociedad esa forma de transferir recursos", resaltó. "Yo creo que nunca se debe vender el patrimonio, salvo que se genere más patrimonio para la gente del país", acotó.
Puso como ejemplo la venta de 400 hectáreas en Aguas Dulces por US$ 12 millones, que fueron destinados a comprar tierra para colonos. "Esa política para vivienda hay que llevarla a gran escala", resaltó.
Dijo que hay un "atraso fenomenal" en viviendas para "sectores más pauperizados" y para trabajadores y jubilados. "Si esperamos que el Presupuesto nos dé una solución global, la veremos en el año del golero", afirmó.
Estimó "groseramente" en unos US$ 1.500 millones el monto de dinero que se necesita para cubrir este atraso.
De esta manera, el gobierno ha dado el primer paso "oficial" del plan de vivienda.
Según el ministro de Economía Fernando Lorenzo, vocero del Consejo de Ministros, "éste es solo uno de los componentes en los que se va a expresar operativamente esta prioridad". Lorenzo agregó que esto "no sustituye" otras iniciativas englobadas en un plan "macro" de vivienda que el gobierno presentará en el Parlamento.
Propiedades del Estado que estarán a la venta
Mujica puso tres ejemplos de propiedades estatales que piensa vender y utilizar lo que recaude para su plan de emergencia habitacional, pero dijo que tiene "un rollo" más.
Habló de 1.900 hectáreas en Rocha, que están próximas al balneario de Aguas Dulces y son propiedad del Ministerio de Ganadería. También mencionó una manzana ubicada al lado del club Neptuno (Lindolfo Cuestas y Piedras), donde funcionó Cantinas Militares.
Además, nombró al edificio Caubarrere (Convención y 18 de Julio), en donde funcionaron oficinas de intendencias y de otras dependencias del Estado, entre ellas de la OPP.
El presidente destacó que "las madres pobres con hijos a cargo" son prioridad para este plan, que no pasa sólo por dar una vivienda digna, sino que incluye intentar la inserción laboral y un seguimiento de que los niños concurran a la escuela y reciban atención médica.
También dijo que la intención es que las canchas de deportes en los cuarteles militares sean abiertas en un horario, para que puedan jugar "los gurises de los barrios más pobres".
Presidencia, Vivienda y Mides en la comisión
El proyecto de decreto establece la creación, en el ámbito de la Presidencia de la República, de una comisión integrada por un delegado de la propia Presidencia (será el arquitecto Carlos "Tito" Acuña, quien fue decano de la Facultad de Arquitectura y hoy es director de la maestría de urbanismo), uno del Ministerio de Vivienda (Ricardo Mutoni, que trabajó en temas de hábitat social desde "tiempos inmemoriales", señaló la ministra Muslera) y otro del Mides (Delia Soria, asistente social).
Los integrantes de la comisión podrán convocar a representantes de organismos públicos, gobiernos departamentales, organizaciones no gubernamentales y demás actores con incidencia urbano habitacional para colaborar en el plan.
La comisión, establece el decreto, "funcionará en la Presidencia de la República", que le brindará apoyo administrativo, y responderá directamente a José Mujica.
sábado, 22 de mayo de 2010
Precio de inmuebles con fuerte aumento.
En enero-marzo creció 32% frente a igual lapso de 2009.
El precio de las compraventas de las propiedades en régimen de propiedad horizontal en Montevideo experimentó un fuerte aumento (+32%) en dólares en el primer trimestre del año, frente a igual período del año anterior, de acuerdo a la información divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A su vez, si los precios de esas transacciones inmobiliarias -que en su gran mayoría se canalizan en moneda extranjera-se expresaran en moneda local, se observa un menor porcentaje de suba (+9,3%) en ese período.
En tanto, el mercado inmobiliario mostró un mayor dinamismo en el primer cuarto del año lo que se reflejó por el incremento en el número de compraventas concretadas.
Así, en enero-marzo la cantidad de operaciones para adquirir una vivienda fue de 15.015, lo que representa un aumento de casi un 18% si se la compara con los guarismo del primer trimestre de 2009.
En tanto, si se hace la comparación respecto al trimestre móvil cerrado en febrero, el precio del M2 aumentó un 5,8% en dólares y un 5,6% expresado en moneda nacional.
Por otro lado, el Índice del Costo de la Construcción (ICC), que refleja el costo de construir excluyendo el valor del terreno, evidenció una suba interanual-frente a enero-marzo de 2009- de 4,77%.
Alquileres.
En tanto, el precio promedio de los alquileres nuevos concretados en Montevideo se ubicó en $ 6.589 en marzo, lo que representó una suba de 6,4% en términos reales en relación a la media de igual mes de 2009.
El valor máximo a que se negoció un alquiler en la capital fue de $17.000 en marzo, y el mínimo se concretó a $ 1.700.
Punta Carretas se mantuvo como la zona más cara al momento de pagar un alquiler ($ 8.055) vigente, y luego se ubicó Pocitos ($ 7.600).
El precio de las compraventas de las propiedades en régimen de propiedad horizontal en Montevideo experimentó un fuerte aumento (+32%) en dólares en el primer trimestre del año, frente a igual período del año anterior, de acuerdo a la información divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A su vez, si los precios de esas transacciones inmobiliarias -que en su gran mayoría se canalizan en moneda extranjera-se expresaran en moneda local, se observa un menor porcentaje de suba (+9,3%) en ese período.
En tanto, el mercado inmobiliario mostró un mayor dinamismo en el primer cuarto del año lo que se reflejó por el incremento en el número de compraventas concretadas.
Así, en enero-marzo la cantidad de operaciones para adquirir una vivienda fue de 15.015, lo que representa un aumento de casi un 18% si se la compara con los guarismo del primer trimestre de 2009.
En tanto, si se hace la comparación respecto al trimestre móvil cerrado en febrero, el precio del M2 aumentó un 5,8% en dólares y un 5,6% expresado en moneda nacional.
Por otro lado, el Índice del Costo de la Construcción (ICC), que refleja el costo de construir excluyendo el valor del terreno, evidenció una suba interanual-frente a enero-marzo de 2009- de 4,77%.
Alquileres.
En tanto, el precio promedio de los alquileres nuevos concretados en Montevideo se ubicó en $ 6.589 en marzo, lo que representó una suba de 6,4% en términos reales en relación a la media de igual mes de 2009.
El valor máximo a que se negoció un alquiler en la capital fue de $17.000 en marzo, y el mínimo se concretó a $ 1.700.
Punta Carretas se mantuvo como la zona más cara al momento de pagar un alquiler ($ 8.055) vigente, y luego se ubicó Pocitos ($ 7.600).
Hay 50.000 jubilados sin acceso a la vivienda.
BPS. Además hay 3.000 en situación de emergencia con ingresos menores a $ 5.500.
Hay 50.000 jubilados y pensionistas en situación de "vulnerabilidad habitacional", con ingresos menores a $ 5.500. Además, 3.000 están en situación de "emergencia", y según el BPS requieren una solución de vivienda urgentemente.
Esos 3.000 jubilados representan la demanda más urgente de soluciones de vivienda para el BPS. Son los más vulnerables del punto de vista habitacional y económico, ya que viven en hogares cuyo ingreso total es menor a $ 5.550 y no son propietarios. "Ellos son firmes candidatos a demandar y a que se les asigne con mayor rapidez algún tipo de solución habitacional", señaló un estudio presentado ayer por la firma CPA-Ferrere en el Seminario Interinstitucional para la Innovación en Soluciones Habitacionales para las Personas Adultas Mayores. En el encuentro también participaron autoridades de los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social y del BPS.
Según el estudio, que apuntaba a cuantificar la demanda de soluciones habitacionales del BPS, existen unos 50.000 jubilados y pensionistas que están en situación de vulnerabilidad habitacional, ya que perciben individualmente un ingreso menor a 12 UR ($ 5.550 según valores actuales) y no son propietarios.
El 70% de esta población es femenina (unas 34.000 jubiladas y pensionistas), la mitad vive en Montevideo o Canelones y el 27% vive solo.
El requisito para aplicar al programa de Soluciones Habitacionales del BPS para los jubilados y pensionistas es tener ingresos menores a 12 UR .
Según el estudio, el 38% del total de jubilados y pensionistas del BPS, es decir unas 178.000 personas, reciben ingresos menores a 12 UR.
De estos, el 3% vive en asentamientos.
Los datos fueron elaborados con información de la Encuesta Continua de Hogares 2009 del Instituto Nacional de Estadística (INE). El seminario fue organizado por el programa "Unidos en la Acción", de la Organización de Naciones Unidas (ONU) junto con el BPS y otras oficinas estatales.
El director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, señaló que se planea encarar el problema de vivienda de los jubilados "desde un punto de vista más integral que la mera construcción de viviendas". Las "soluciones habitacionales" estarán vinculadas "a la idea que se impulsa en el Plan Integral Sociohabitacional, de que la vivienda es un eje en torno al cual se articulan las políticas sociales", indicó Scagliola.
Según el jerarca, "el Mides apuesta a que la construcción de viviendas para jubilados y pensionistas no sea la construcción de ghettos, sino que integre a distintas generaciones y al barrio".
Soluciones.
El BPS ofrece tres tipos de soluciones habitacionales a los jubilados y pensionistas: la adjudicación de una vivienda en sus complejos habitacionales, los subsidios por alquiler (de hasta $ 5.550), y los subsidios para atención en hogares de adultos mayores.
Actualmente existen 147 complejos habitacionales del BPS con 4.732 viviendas.
En el período del gobierno de Tabaré Vázquez se construyeron 422 viviendas para jubilados y pensionistas, y actualmente hay otras 740 en construcción.
Por otra parte, en los últimos cinco años se tramitaron 354 solicitudes de subsidio de alquiler, de las cuales sólo se concretaron 65. En noviembre de 2009 había 9.471 pasivos en lista de espera en el BPS para acceder a una vivienda, de los cuales 5.167 eran de Montevideo y 4.304 del interior. Según el gobierno, en los próximos meses se llegará a los 500 alquileres por esta modalidad.
Estos datos fueron brindados esta semana por el secretario general del BPS, Eduardo Giorgi, ante un pedido de informes del diputado herrerista Pablo Abdala.
Para el diputado, el fondo para viviendas en el BPS es de US$ 150 millones, y opinó que "es marginal la cantidad de pasivos que han accedido a una vivienda".
Por otra parte, el BPS trabaja con más de 30 hogares de ancianos donde se alojan un centenar de adultos mayores.
En tanto, Adriana Rovira, del área Adultos Mayores del Mides, señaló que existen otros 3.000 adultos mayores que no son jubilados ni pensionistas, que cobran una asistencia a la vejez y que también están en situación de vulnerabilidad.
BPS: US$ 2 millones en 222 para complejos
En 2009, el 30% del gasto total del BPS en sus complejos habitacionales se destinó al servicio de vigilancia policial 222, según datos presentados por la consultora CPA-Ferrere en base a información del ente. Este gasto, de unos US$ 2 millones, fue similar al que se destinó a las reparaciones de los complejos.
En total, el BPS gastó unos US$ 5 millones en los complejos habitacionales en el año 2009.
Pablo Iorio, de CPA-Ferrere, señaló que la seguridad es necesaria en varios de los complejos porque algunos se ubican en zonas de riesgo, y es una población de ancianos muy vulnerable. El estudio de CPA-Ferrere da cuenta de las necesidades de mantenimiento y reparaciones que tienen los complejos, y concluyó que el gasto en mantenimiento preventivo durante 2009 tendría que haber sido de US$ 6,7 millones, aunque en realidad fue de US$ 2 millones.
Por otra parte, la encargada del área de Adultos Mayores del Mides, Adriana Rovira, señaló que la construcción de complejos habitacionales "es algo que se está evaluando", ya que, "se atiende solo a una parte de la población".
Para Rovira, los subsidios de alquileres, permiten que la persona no se deba realojar, "y que el adulto mayor pueda participar más activamente en la elección de dónde vivir".
Talón de aquiles en la vivienda
Según Adriana Rovira, del Área Inmayores del Mides, uno de los temas de más vulnerabilidad para los adultos mayores en el Uruguay es el tema del hábitat y la vivienda. Los principales problemas tienen que ver con las posibilidades de refaccionar su vivienda, así como la accesibilidad dentro del hogar.
Por otra parte, más de la mitad de los adultos mayores de 65 años viven solos, según el estudio "Panorama de la vejez en Uruguay", elaborado por integrantes de la Universidad Católica.
Este trabajo señala que la familia es el ámbito donde se resuelven la mayoría de las necesidades de cuidado de los adultos mayores, y que los más vulnerables son los que viven solos, especialmente los de menores ingresos.
Según un trabajo de CPA-Ferrere, la población con vulnerabilidad social pasará de 50.000 personas en 2010 a 55.000 en 2020 y a 61.000 en 2030.
Hay 50.000 jubilados y pensionistas en situación de "vulnerabilidad habitacional", con ingresos menores a $ 5.500. Además, 3.000 están en situación de "emergencia", y según el BPS requieren una solución de vivienda urgentemente.
Esos 3.000 jubilados representan la demanda más urgente de soluciones de vivienda para el BPS. Son los más vulnerables del punto de vista habitacional y económico, ya que viven en hogares cuyo ingreso total es menor a $ 5.550 y no son propietarios. "Ellos son firmes candidatos a demandar y a que se les asigne con mayor rapidez algún tipo de solución habitacional", señaló un estudio presentado ayer por la firma CPA-Ferrere en el Seminario Interinstitucional para la Innovación en Soluciones Habitacionales para las Personas Adultas Mayores. En el encuentro también participaron autoridades de los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social y del BPS.
Según el estudio, que apuntaba a cuantificar la demanda de soluciones habitacionales del BPS, existen unos 50.000 jubilados y pensionistas que están en situación de vulnerabilidad habitacional, ya que perciben individualmente un ingreso menor a 12 UR ($ 5.550 según valores actuales) y no son propietarios.
El 70% de esta población es femenina (unas 34.000 jubiladas y pensionistas), la mitad vive en Montevideo o Canelones y el 27% vive solo.
El requisito para aplicar al programa de Soluciones Habitacionales del BPS para los jubilados y pensionistas es tener ingresos menores a 12 UR .
Según el estudio, el 38% del total de jubilados y pensionistas del BPS, es decir unas 178.000 personas, reciben ingresos menores a 12 UR.
De estos, el 3% vive en asentamientos.
Los datos fueron elaborados con información de la Encuesta Continua de Hogares 2009 del Instituto Nacional de Estadística (INE). El seminario fue organizado por el programa "Unidos en la Acción", de la Organización de Naciones Unidas (ONU) junto con el BPS y otras oficinas estatales.
El director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, señaló que se planea encarar el problema de vivienda de los jubilados "desde un punto de vista más integral que la mera construcción de viviendas". Las "soluciones habitacionales" estarán vinculadas "a la idea que se impulsa en el Plan Integral Sociohabitacional, de que la vivienda es un eje en torno al cual se articulan las políticas sociales", indicó Scagliola.
Según el jerarca, "el Mides apuesta a que la construcción de viviendas para jubilados y pensionistas no sea la construcción de ghettos, sino que integre a distintas generaciones y al barrio".
Soluciones.
El BPS ofrece tres tipos de soluciones habitacionales a los jubilados y pensionistas: la adjudicación de una vivienda en sus complejos habitacionales, los subsidios por alquiler (de hasta $ 5.550), y los subsidios para atención en hogares de adultos mayores.
Actualmente existen 147 complejos habitacionales del BPS con 4.732 viviendas.
En el período del gobierno de Tabaré Vázquez se construyeron 422 viviendas para jubilados y pensionistas, y actualmente hay otras 740 en construcción.
Por otra parte, en los últimos cinco años se tramitaron 354 solicitudes de subsidio de alquiler, de las cuales sólo se concretaron 65. En noviembre de 2009 había 9.471 pasivos en lista de espera en el BPS para acceder a una vivienda, de los cuales 5.167 eran de Montevideo y 4.304 del interior. Según el gobierno, en los próximos meses se llegará a los 500 alquileres por esta modalidad.
Estos datos fueron brindados esta semana por el secretario general del BPS, Eduardo Giorgi, ante un pedido de informes del diputado herrerista Pablo Abdala.
Para el diputado, el fondo para viviendas en el BPS es de US$ 150 millones, y opinó que "es marginal la cantidad de pasivos que han accedido a una vivienda".
Por otra parte, el BPS trabaja con más de 30 hogares de ancianos donde se alojan un centenar de adultos mayores.
En tanto, Adriana Rovira, del área Adultos Mayores del Mides, señaló que existen otros 3.000 adultos mayores que no son jubilados ni pensionistas, que cobran una asistencia a la vejez y que también están en situación de vulnerabilidad.
BPS: US$ 2 millones en 222 para complejos
En 2009, el 30% del gasto total del BPS en sus complejos habitacionales se destinó al servicio de vigilancia policial 222, según datos presentados por la consultora CPA-Ferrere en base a información del ente. Este gasto, de unos US$ 2 millones, fue similar al que se destinó a las reparaciones de los complejos.
En total, el BPS gastó unos US$ 5 millones en los complejos habitacionales en el año 2009.
Pablo Iorio, de CPA-Ferrere, señaló que la seguridad es necesaria en varios de los complejos porque algunos se ubican en zonas de riesgo, y es una población de ancianos muy vulnerable. El estudio de CPA-Ferrere da cuenta de las necesidades de mantenimiento y reparaciones que tienen los complejos, y concluyó que el gasto en mantenimiento preventivo durante 2009 tendría que haber sido de US$ 6,7 millones, aunque en realidad fue de US$ 2 millones.
Por otra parte, la encargada del área de Adultos Mayores del Mides, Adriana Rovira, señaló que la construcción de complejos habitacionales "es algo que se está evaluando", ya que, "se atiende solo a una parte de la población".
Para Rovira, los subsidios de alquileres, permiten que la persona no se deba realojar, "y que el adulto mayor pueda participar más activamente en la elección de dónde vivir".
Talón de aquiles en la vivienda
Según Adriana Rovira, del Área Inmayores del Mides, uno de los temas de más vulnerabilidad para los adultos mayores en el Uruguay es el tema del hábitat y la vivienda. Los principales problemas tienen que ver con las posibilidades de refaccionar su vivienda, así como la accesibilidad dentro del hogar.
Por otra parte, más de la mitad de los adultos mayores de 65 años viven solos, según el estudio "Panorama de la vejez en Uruguay", elaborado por integrantes de la Universidad Católica.
Este trabajo señala que la familia es el ámbito donde se resuelven la mayoría de las necesidades de cuidado de los adultos mayores, y que los más vulnerables son los que viven solos, especialmente los de menores ingresos.
Según un trabajo de CPA-Ferrere, la población con vulnerabilidad social pasará de 50.000 personas en 2010 a 55.000 en 2020 y a 61.000 en 2030.
Goes: pretenden atraer a unas 4.500 familias.
La Intendencia anunció inversión de US$ 10 millones.
En un proyecto a largo plazo, la Intendencia de Montevideo apuesta a que unas 4.500 familias nuevas se instalen en Goes.
Para ello, realiza una inversión de unos US$ 10 millones (en conjunto con el Ministerio de Vivienda y cooperación internacional) en el barrio, destinados a la construcción de viviendas y espacios públicos, refacción de la plaza de deportes y de una guardería.
Además, está siendo acondicionando el Mercado Agrícola, cuyas obras ya han demandado cerca de US$ 1 millón. De estos US$ 10 millones, US$ 1,5 serán destinados a préstamos para propietarios del barrio que quieran refaccionar la vivienda para su uso o arrendamiento, explicó el director de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, Daniel Espósito.
Esta línea de crédito, que aún no está disponible porque recién se instaló la oficina que se ocupará del tema, exigirá que la persona tenga un ingreso que no supere las 70 UR ($ 32.000) y sea propietario en dicha zona. Se podrá solicitar hasta 700 UR por proyecto, lo que equivale a unos US$ 15.000. Según Espósito, el propietario reembolsará el dinero de acuerdo a sus ingresos, con un interés anual de 2%. "La cuota nunca supera el 20% de los ingresos y se puede financiar a dos, tres o cuatro años", indicó el jerarca.
Por otra parte, con este plan de recalificar Goes, Espósito dijo que hay cooperativas construyendo viviendas en la zona. En este sentido, ejemplificó que en el predio donde trabajaba la fábrica de alpargatas ya se levantaron 100 unidades y "hay 300 más" en carpeta. El funcionario señaló que el proyecto es a largo plazo e indicó que la Intendencia "orienta" para que los privados luego exploten comercialmente las zonas.
"Este plan no lo podemos hacer en cinco años, sino que lleva un proceso de transformación, porque son inversiones muy grandes", afirmó Espósito. "Es mentira que a las ciudades las hacen los municipios, sino que la hace la actividad comercial de la gente. Desde el municipio podemos orientar para recalificar una zona para que luego la actividad privada encuentre atractivos para la inversión", sostuvo.
En un proyecto a largo plazo, la Intendencia de Montevideo apuesta a que unas 4.500 familias nuevas se instalen en Goes.
Para ello, realiza una inversión de unos US$ 10 millones (en conjunto con el Ministerio de Vivienda y cooperación internacional) en el barrio, destinados a la construcción de viviendas y espacios públicos, refacción de la plaza de deportes y de una guardería.
Además, está siendo acondicionando el Mercado Agrícola, cuyas obras ya han demandado cerca de US$ 1 millón. De estos US$ 10 millones, US$ 1,5 serán destinados a préstamos para propietarios del barrio que quieran refaccionar la vivienda para su uso o arrendamiento, explicó el director de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo, Daniel Espósito.
Esta línea de crédito, que aún no está disponible porque recién se instaló la oficina que se ocupará del tema, exigirá que la persona tenga un ingreso que no supere las 70 UR ($ 32.000) y sea propietario en dicha zona. Se podrá solicitar hasta 700 UR por proyecto, lo que equivale a unos US$ 15.000. Según Espósito, el propietario reembolsará el dinero de acuerdo a sus ingresos, con un interés anual de 2%. "La cuota nunca supera el 20% de los ingresos y se puede financiar a dos, tres o cuatro años", indicó el jerarca.
Por otra parte, con este plan de recalificar Goes, Espósito dijo que hay cooperativas construyendo viviendas en la zona. En este sentido, ejemplificó que en el predio donde trabajaba la fábrica de alpargatas ya se levantaron 100 unidades y "hay 300 más" en carpeta. El funcionario señaló que el proyecto es a largo plazo e indicó que la Intendencia "orienta" para que los privados luego exploten comercialmente las zonas.
"Este plan no lo podemos hacer en cinco años, sino que lleva un proceso de transformación, porque son inversiones muy grandes", afirmó Espósito. "Es mentira que a las ciudades las hacen los municipios, sino que la hace la actividad comercial de la gente. Desde el municipio podemos orientar para recalificar una zona para que luego la actividad privada encuentre atractivos para la inversión", sostuvo.
viernes, 21 de mayo de 2010
Alquileres subieron 14% en 12 meses.
El metro cuadrado en dólares subió 32%, mientras que en pesos, el incremento fue de 9%.
Los alquileres se encarecieron 14% en Montevideo durante los 12 meses cerrados en marzo, acelerando su nivel de crecimiento respecto a las últimas cuatro mediciones.
Según los datos difundidos el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los contratos nuevos de arrendamiento se encarecieron 6,4% por encima del nivel general de precios durante el año móvil finalizado en marzo.
En tanto, la compraventa de propiedades se encareció 9,3% medida en pesos durante el primer trimestre del año, en comparación con igual período del año anterior.
En dólares, el valor promedio del metro cuadrado creció 31,9%, debido a la fuerte apreciación del tipo de cambio durante el período.
Los alquileres se encarecieron 14% en Montevideo durante los 12 meses cerrados en marzo, acelerando su nivel de crecimiento respecto a las últimas cuatro mediciones.
Según los datos difundidos el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los contratos nuevos de arrendamiento se encarecieron 6,4% por encima del nivel general de precios durante el año móvil finalizado en marzo.
En tanto, la compraventa de propiedades se encareció 9,3% medida en pesos durante el primer trimestre del año, en comparación con igual período del año anterior.
En dólares, el valor promedio del metro cuadrado creció 31,9%, debido a la fuerte apreciación del tipo de cambio durante el período.
jueves, 20 de mayo de 2010
Pasivos: hay 9.471 esperando vivienda.
Gobierno anterior construyó sólo 422 casas en cinco años.
El gobierno de Tabaré Vázquez construyó 422 viviendas para jubilados y pensionistas en cinco años y tramitó 354 solicitudes de subsidio de arrendamiento, de las cuales sólo en 65 casos se concretó el alquiler. Estos datos surgen de la respuesta del secretario general del Banco de Previsión Social (BPS), Eduardo Giorgi, a un pedido de informes del diputado herrerista Pablo Abdala.
El informe dice que en noviembre de 2009 había 9.471 pasivos en lista de espera para acceder a una vivienda. De esa cifra, 5.167 son de Montevideo y 4.304 del interior.
"Es marginal la cantidad de pasivos que han accedido a una vivienda en este gobierno. Hay más de US$ 150 millones en un fondo que podría utilizarse para subsidiar alquileres", dijo Abdala. Los blancos promueven los subsidios para los alquileres y no la construcción de viviendas para los pasivos.
Ante una consulta del diputado respecto a si los programas de subsidio de los alquileres responden la demanda insatisfecha, el BPS indica que esa solución habitacional es una más y que por sí sola "no podría dar cobertura a la demanda". Y agrega que, dado el tiempo que insume el proceso de licitación y construcción de viviendas, es "una solución óptima para los aspirantes con redes bien constituidas en su lugar de residencia habitual".
El año que se construyó más viviendas durante el gobierno anterior fue 2006 (198 casas) y el que se construyó menos fue 2009 (41). Hay 740 viviendas en construcción.
El gobierno de Tabaré Vázquez construyó 422 viviendas para jubilados y pensionistas en cinco años y tramitó 354 solicitudes de subsidio de arrendamiento, de las cuales sólo en 65 casos se concretó el alquiler. Estos datos surgen de la respuesta del secretario general del Banco de Previsión Social (BPS), Eduardo Giorgi, a un pedido de informes del diputado herrerista Pablo Abdala.
El informe dice que en noviembre de 2009 había 9.471 pasivos en lista de espera para acceder a una vivienda. De esa cifra, 5.167 son de Montevideo y 4.304 del interior.
"Es marginal la cantidad de pasivos que han accedido a una vivienda en este gobierno. Hay más de US$ 150 millones en un fondo que podría utilizarse para subsidiar alquileres", dijo Abdala. Los blancos promueven los subsidios para los alquileres y no la construcción de viviendas para los pasivos.
Ante una consulta del diputado respecto a si los programas de subsidio de los alquileres responden la demanda insatisfecha, el BPS indica que esa solución habitacional es una más y que por sí sola "no podría dar cobertura a la demanda". Y agrega que, dado el tiempo que insume el proceso de licitación y construcción de viviendas, es "una solución óptima para los aspirantes con redes bien constituidas en su lugar de residencia habitual".
El año que se construyó más viviendas durante el gobierno anterior fue 2006 (198 casas) y el que se construyó menos fue 2009 (41). Hay 740 viviendas en construcción.
martes, 18 de mayo de 2010
Numerosa delegación público-privada viaja al Salón Inmobiliario de Madrid.
Destacan que es un buen momento para resaltar las bondades de Punta del Este para el turismo y la inversión.
En SIMA estarán presentes unos 300 expositores de todo el mundo y unos 10.000 profesionales, además de 70.000 visitantes.
"España está atravesando un momento económico complejo, por lo cual alguien puede pensar que tal vez no sea uno de las mejores oportunidades para conseguir inversores para Uruguay.
Sin embargo, nuestra plaza es muy segura y ese es uno de los aspectos que debemos trasmitir. Cuando ellos no tienen seguridad en su país, deben saber que Uruguay ofrece importantes valores y tranquilidad para la ejecución de proyectos", dijo el presidente de Adipe.
Pereira destacó la presencia de las más altas autoridades departamentales en esta ocasión, porque significarán un gran respaldo a la propuesta privada. "Le da un marco de más seriedad a las conversaciones", dijo.
Aclaró, asimismo, que la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este no promocionará un proyecto en particular, sino el destino en general, como forma de difundir y trasmitir garantías y transparencia en las reglas de juego, al tiempo de establecer contactos y lazos fuertes con agentes inmobiliarios de otras regiones y potenciales inversores.
La delegación que tomará parte en SIMA 2010, evento que se realizará en la capital española entre el jueves 20 y el domingo 23 de este mes, estará integrada por el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (Adipe), Sabás Pereira, y el secretario de la institución, Diego Torres; el director de Turismo de la Intendencia Municipal de Maldonado, Horacio Díaz, así como el actual intendente, Gustavo Salaberry, y el reelecto Oscar de los Santos.
La 12ª edición de SIMA es una de las exposiciones turísticas más importantes del mundo y Maldonado ha estado presente desde hace muchos años. La intención en esta ocasión es promocionar las bondades de Punta del Este, no sólo como destino turístico, sino como lugar seguro para las inversiones, más aún en este momento de gran convulsión económica en muchos países de Europa.
La 12ª edición de SIMA es una de las exposiciones turísticas más importantes del mundo y Maldonado ha estado presente desde hace muchos años. La intención en esta ocasión es promocionar las bondades de Punta del Este, no sólo como destino turístico, sino como lugar seguro para las inversiones, más aún en este momento de gran convulsión económica en muchos países de Europa.
En SIMA estarán presentes unos 300 expositores de todo el mundo y unos 10.000 profesionales, además de 70.000 visitantes."España está atravesando un momento económico complejo, por lo cual alguien puede pensar que tal vez no sea uno de las mejores oportunidades para conseguir inversores para Uruguay.
Sin embargo, nuestra plaza es muy segura y ese es uno de los aspectos que debemos trasmitir. Cuando ellos no tienen seguridad en su país, deben saber que Uruguay ofrece importantes valores y tranquilidad para la ejecución de proyectos", dijo el presidente de Adipe.
Pereira destacó la presencia de las más altas autoridades departamentales en esta ocasión, porque significarán un gran respaldo a la propuesta privada. "Le da un marco de más seriedad a las conversaciones", dijo.
Aclaró, asimismo, que la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este no promocionará un proyecto en particular, sino el destino en general, como forma de difundir y trasmitir garantías y transparencia en las reglas de juego, al tiempo de establecer contactos y lazos fuertes con agentes inmobiliarios de otras regiones y potenciales inversores.
BHU liberará fondo de la construcción para fines sociales.
Para obreros, jubilados y adictos.
El BHU liberará un fondo de $ 180 millones que pertenece a la construcción para atender a los obreros que viven en asentamientos, a los jubilados de la construcción en situación de calle y a los adictos a las drogas de esta rama de actividad.
Luego de una reunión con el presidente José Mujica y con el presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Jorge Polgar, el sector de la construcción logró que el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC), de $ 180 millones (unos US$ 9,2 millones) pueda ser utilizado para fines sociales dentro de esa industria. Actualmente, el fondo está en la órbita del BHU, y, por ley, el sector no puede hacer uso de los dineros.
Según el presidente del Sunca, Pedro Porley, tanto Mujica como Polgar se comprometieron a que, luego de que se elaboren los proyectos para instrumentar el uso del fondo, hasta el 15% será liberado cada año. En la reunión participaron dirigentes de la Cámara de la Construcción del Uruguay, del Sindicato Único Nacional de Construcción y Anexos (Sunca) y de otras asociaciones de esa industria.
En 2009, el sector de la construcción elaboró un proyecto de ley que estipula la liberación de los fondos de vivienda y su destino. El proyecto tenía el visto bueno del ex presidente Tabaré Vázquez y del entonces ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, pero no logró concretarse en el período pasado.
Según Porley existe un número "importante" de obreros que viven en asentamientos. Un comunicado del sector advierte que "la mayoría de los trabajadores tienen severas condiciones de hábitat".
Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, señaló que la ayuda a los obreros será para facilitar el acceso a una vivienda propia, o la refacción o ampliación de los hogares. "Se podrá reparar un baño, hacer un dormitorio más o reparar una cocina", indicó.
Drogas.
Por otra parte, dirigentes del sector mantuvieron encuentros con integrantes de la Junta Nacional de Drogas para tratar el tema de las adicciones dentro del sector.
Según Porley, los problemas detectados con respecto a las drogas en la industria se relacionan con el uso de pasta base, marihuana y alcohol, "en niveles similares que en el resto de la sociedad". Según Porley, se procurará "tener un lugar donde destinar y atender a los trabajadores e hijos de trabajadores que tengan problemas de drogadicción".
Por último, el proyecto apunta a que los fondos de vivienda puedan usarse para atender jubilados de la construcción que están en la calle. La preocupación surgió luego de un relevamiento que detectó que en varias zonas del país había ancianos en esta situación.
Formación.
Por otra parte, durante la reunión con Mujica se planteó la necesidad de mayor capacitación de los trabajadores de la construcción. El sector se comprometió a financiar hasta un tercio de la capacitación para los próximos cinco años con fondos propios, de $ 40 millones.
Según Porley, actualmente la población desocupada, que tiene generalmente baja capacitación "suele hacer su primera experiencia en la construcción, que para las categorías de ingreso no tiene mayor exigencia". Otegui señaló que los que ingresan al trabajo "muchas veces no saben cómo moverse adentro de una obra en cuanto a la seguridad e higiene". Además, indicó que "muchas veces es gente joven que viene de asentamientos, que no siempre tienen incorporados los códigos de trabajo". Señaló que "se requiere una instrucción primaria para que esas personas puedan permanecer más tiempo en la industria".
El BHU liberará un fondo de $ 180 millones que pertenece a la construcción para atender a los obreros que viven en asentamientos, a los jubilados de la construcción en situación de calle y a los adictos a las drogas de esta rama de actividad.
Luego de una reunión con el presidente José Mujica y con el presidente del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Jorge Polgar, el sector de la construcción logró que el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC), de $ 180 millones (unos US$ 9,2 millones) pueda ser utilizado para fines sociales dentro de esa industria. Actualmente, el fondo está en la órbita del BHU, y, por ley, el sector no puede hacer uso de los dineros.
Según el presidente del Sunca, Pedro Porley, tanto Mujica como Polgar se comprometieron a que, luego de que se elaboren los proyectos para instrumentar el uso del fondo, hasta el 15% será liberado cada año. En la reunión participaron dirigentes de la Cámara de la Construcción del Uruguay, del Sindicato Único Nacional de Construcción y Anexos (Sunca) y de otras asociaciones de esa industria.
En 2009, el sector de la construcción elaboró un proyecto de ley que estipula la liberación de los fondos de vivienda y su destino. El proyecto tenía el visto bueno del ex presidente Tabaré Vázquez y del entonces ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, pero no logró concretarse en el período pasado.
Según Porley existe un número "importante" de obreros que viven en asentamientos. Un comunicado del sector advierte que "la mayoría de los trabajadores tienen severas condiciones de hábitat".
Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, señaló que la ayuda a los obreros será para facilitar el acceso a una vivienda propia, o la refacción o ampliación de los hogares. "Se podrá reparar un baño, hacer un dormitorio más o reparar una cocina", indicó.
Drogas.
Por otra parte, dirigentes del sector mantuvieron encuentros con integrantes de la Junta Nacional de Drogas para tratar el tema de las adicciones dentro del sector.
Según Porley, los problemas detectados con respecto a las drogas en la industria se relacionan con el uso de pasta base, marihuana y alcohol, "en niveles similares que en el resto de la sociedad". Según Porley, se procurará "tener un lugar donde destinar y atender a los trabajadores e hijos de trabajadores que tengan problemas de drogadicción".
Por último, el proyecto apunta a que los fondos de vivienda puedan usarse para atender jubilados de la construcción que están en la calle. La preocupación surgió luego de un relevamiento que detectó que en varias zonas del país había ancianos en esta situación.
Formación.
Por otra parte, durante la reunión con Mujica se planteó la necesidad de mayor capacitación de los trabajadores de la construcción. El sector se comprometió a financiar hasta un tercio de la capacitación para los próximos cinco años con fondos propios, de $ 40 millones.
Según Porley, actualmente la población desocupada, que tiene generalmente baja capacitación "suele hacer su primera experiencia en la construcción, que para las categorías de ingreso no tiene mayor exigencia". Otegui señaló que los que ingresan al trabajo "muchas veces no saben cómo moverse adentro de una obra en cuanto a la seguridad e higiene". Además, indicó que "muchas veces es gente joven que viene de asentamientos, que no siempre tienen incorporados los códigos de trabajo". Señaló que "se requiere una instrucción primaria para que esas personas puedan permanecer más tiempo en la industria".
sábado, 15 de mayo de 2010
Vivienda: reclaman duplicar recursos.
Ideas para el plan quinquenal.
Una comisión integrada por empresarios, cooperativistas y agencias del Estado recomendó al gobierno duplicar el monto destinado a los planes de vivienda, pasando de US$ 135 millones a US$ 270 millones.
Ayer, la Comisión Asesora de Vivienda presentó sus propuestas para el Plan Quinquenal de Vivienda. Organizaciones gremiales, de gobierno y empresariales dieron su punto de vista sobre la situación.
En ese sentido, el grupo asesor de financiamiento que integra la comisión planteó que se dupliquen los montos actuales destinados a la vivienda a efectos de que sean "acordes" a la prioridad dada a este tema por el nuevo gobierno, dice el documento presentado ayer. En ese sentido se toma como referencia que los recursos para 2010 están en el orden de los US$ 135 millones (0,3% del PBI). La comisión demandó la realización de un Censo General de Población, Hogares y Vivienda, para una mejor planificación del proyecto.
Para la comisión, la vivienda debe ser tomada como un elemento de inclusión social que implique políticas transversales entre varios ministerios y una mayor participación de la comunidad. También se plantearon exoneraciones tributarias como desgravar el IVA en la compra de materiales desde el Fondo Nacional de Vivienda o gravar las viviendas desocupadas.
El subsidio de alquiler es otro elemento prioritario. El texto indica que el 20% de los hogares de asentamientos se instalaron allí porque no podían pagar el alquiler.
La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, consideró "de recibo" las propuestas presentadas. Sobre la asignación de recursos, Muslera dijo que se está trabajando sobre una iniciativa con Economía "para ver cómo articulamos o potenciamos los fondos del Estado para apoyar el plan de vivienda que necesitamos".
"La idea es concentrar la atención en los sectores más pobres con el presupuesto del Plan Quinquenal e incentivar con políticas de exoneraciones o con medidas incluidas en la Ley de Vivienda la participación de capitales privados en la construcción de vivienda de interés social", explicó.
La experiencia en el llamado a privados ha sido para "culminar esqueletos", como se proyecta para el edificio de la ex fábrica de Alpargatas.
Muslera se comprometió a volver a convocar a los actores para seguir discutiendo el plan de vivienda.
Una comisión integrada por empresarios, cooperativistas y agencias del Estado recomendó al gobierno duplicar el monto destinado a los planes de vivienda, pasando de US$ 135 millones a US$ 270 millones.
Ayer, la Comisión Asesora de Vivienda presentó sus propuestas para el Plan Quinquenal de Vivienda. Organizaciones gremiales, de gobierno y empresariales dieron su punto de vista sobre la situación.
En ese sentido, el grupo asesor de financiamiento que integra la comisión planteó que se dupliquen los montos actuales destinados a la vivienda a efectos de que sean "acordes" a la prioridad dada a este tema por el nuevo gobierno, dice el documento presentado ayer. En ese sentido se toma como referencia que los recursos para 2010 están en el orden de los US$ 135 millones (0,3% del PBI). La comisión demandó la realización de un Censo General de Población, Hogares y Vivienda, para una mejor planificación del proyecto.
Para la comisión, la vivienda debe ser tomada como un elemento de inclusión social que implique políticas transversales entre varios ministerios y una mayor participación de la comunidad. También se plantearon exoneraciones tributarias como desgravar el IVA en la compra de materiales desde el Fondo Nacional de Vivienda o gravar las viviendas desocupadas.
El subsidio de alquiler es otro elemento prioritario. El texto indica que el 20% de los hogares de asentamientos se instalaron allí porque no podían pagar el alquiler.
La ministra de Vivienda, Graciela Muslera, consideró "de recibo" las propuestas presentadas. Sobre la asignación de recursos, Muslera dijo que se está trabajando sobre una iniciativa con Economía "para ver cómo articulamos o potenciamos los fondos del Estado para apoyar el plan de vivienda que necesitamos".
"La idea es concentrar la atención en los sectores más pobres con el presupuesto del Plan Quinquenal e incentivar con políticas de exoneraciones o con medidas incluidas en la Ley de Vivienda la participación de capitales privados en la construcción de vivienda de interés social", explicó.
La experiencia en el llamado a privados ha sido para "culminar esqueletos", como se proyecta para el edificio de la ex fábrica de Alpargatas.
Muslera se comprometió a volver a convocar a los actores para seguir discutiendo el plan de vivienda.
jueves, 13 de mayo de 2010
El plan de vivienda sin "nada concreto".
Está "en etapa de elaboración", según ministra Muslera.
El plan de vivienda del gobierno aún está en "etapa de elaboración", según la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, que concurrió ayer a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Según el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, que integra la comisión, la exposición de Muslera "fue muy vaga" y no aportó "nada concreto".
Muslera mencionó los "lineamientos generales del trabajo del Ministerio", que se relacionan con "la lucha del gobierno contra la pobreza y la indigencia". Estos ejes son el plan de vivienda, un programa para el manejo de los residuos sólidos, algo que según la ministra "tiene mucho impacto en la pobreza", y un abordaje de "las vulnerabilidades sociales frente al cambio climático, que se ven reflejadas en inundaciones y en precariedad frente a los vientos". Las acciones se realizarán junto con otros ministerios.
En cuanto al plan presupuestal del Ministerio, Muslera señaló que "recién se está elaborando", y que quieren encontrar "la forma de darle fuerza a las políticas de vivienda con las pocas capacidades presupuestales que existen", indicó.
Muslera señaló que se están estudiando "siete u ocho lugares" de asentamientos para comenzar el plan piloto en el segundo semestre de este año. Por otra parte, indicó que los voluntarios comenzarán a participar "fuertemente" en 2011, cuando esté asignado el presupuesto.
Según el diputado Amarilla, de Rivera, en la comisión la ministra "dijo que las líneas estratégicas de la anterior administración no habían tenido profundidad de impacto". "Le recalqué que hay un déficit 100.000 viviendas en todo el país, y que está reconociendo que la política de vivienda del período anterior fue inexistente", señaló Amarilla.
El plan de vivienda del gobierno aún está en "etapa de elaboración", según la ministra de Vivienda, Graciela Muslera, que concurrió ayer a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Según el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, que integra la comisión, la exposición de Muslera "fue muy vaga" y no aportó "nada concreto".
Muslera mencionó los "lineamientos generales del trabajo del Ministerio", que se relacionan con "la lucha del gobierno contra la pobreza y la indigencia". Estos ejes son el plan de vivienda, un programa para el manejo de los residuos sólidos, algo que según la ministra "tiene mucho impacto en la pobreza", y un abordaje de "las vulnerabilidades sociales frente al cambio climático, que se ven reflejadas en inundaciones y en precariedad frente a los vientos". Las acciones se realizarán junto con otros ministerios.
En cuanto al plan presupuestal del Ministerio, Muslera señaló que "recién se está elaborando", y que quieren encontrar "la forma de darle fuerza a las políticas de vivienda con las pocas capacidades presupuestales que existen", indicó.
Muslera señaló que se están estudiando "siete u ocho lugares" de asentamientos para comenzar el plan piloto en el segundo semestre de este año. Por otra parte, indicó que los voluntarios comenzarán a participar "fuertemente" en 2011, cuando esté asignado el presupuesto.
Según el diputado Amarilla, de Rivera, en la comisión la ministra "dijo que las líneas estratégicas de la anterior administración no habían tenido profundidad de impacto". "Le recalqué que hay un déficit 100.000 viviendas en todo el país, y que está reconociendo que la política de vivienda del período anterior fue inexistente", señaló Amarilla.
viernes, 30 de abril de 2010
BHU desembolsa casi 100 créditos por mes .
Desde que el Banco Hipotecario (BHU) volvió a otorgar créditos a fines de 2008, más de 72.000 personas consultaron por esos préstamos, de las cuales 8.500 cumplen con los requisitos y más de 1.200 se efectivizaron en solicitudes de préstamo.
Fuentes del BHU dijeron que los préstamos en promedio son por US$ 50.000. Agregaron que el banco está desembolsando entre 80 y 100 créditos por mes.
Los plazos desde que se inicia el trámite hasta que se entrega el decreto notarial alcanzan los tres meses en promedio, aunque las fuentes indicaron que en el Interior el desembolso se da entre 40 y 45 días.
La diferencia se explica porque en Montevideo muchas de las viviendas que se venden tienen reformas no declaradas al Banco de Previsión Social, lo que demora el trámite para obtener el crédito ya que se debe regularizar la situación ante el BPS previamente.
El Hipotecario planea conceder como mínimo 1.000 créditos para la compra de vivienda por un monto total de US$ 40 millones.
En realidad esa era la meta para 2010 establecida a mediados del año pasado por el directorio. Pero en función de las solicitudes de préstamos ya ingresados y la demanda, se cree que ese puede ser "el piso".
Si se toma en cuenta que en junio de 2008 el banco colocó viviendas a la venta a crédito (los préstamos en sí empezaron tres meses después), desde esa fecha a fines del año pasado, el BHU concedió más de 1.000 por unos US$ 47 millones. Actualmente los créditos los da en Unidades Indexadas, hasta 25 años de plazo y con una tasa de 6% anual.
Fuentes del BHU dijeron que los préstamos en promedio son por US$ 50.000. Agregaron que el banco está desembolsando entre 80 y 100 créditos por mes.
Los plazos desde que se inicia el trámite hasta que se entrega el decreto notarial alcanzan los tres meses en promedio, aunque las fuentes indicaron que en el Interior el desembolso se da entre 40 y 45 días.
La diferencia se explica porque en Montevideo muchas de las viviendas que se venden tienen reformas no declaradas al Banco de Previsión Social, lo que demora el trámite para obtener el crédito ya que se debe regularizar la situación ante el BPS previamente.
El Hipotecario planea conceder como mínimo 1.000 créditos para la compra de vivienda por un monto total de US$ 40 millones.
En realidad esa era la meta para 2010 establecida a mediados del año pasado por el directorio. Pero en función de las solicitudes de préstamos ya ingresados y la demanda, se cree que ese puede ser "el piso".
Si se toma en cuenta que en junio de 2008 el banco colocó viviendas a la venta a crédito (los préstamos en sí empezaron tres meses después), desde esa fecha a fines del año pasado, el BHU concedió más de 1.000 por unos US$ 47 millones. Actualmente los créditos los da en Unidades Indexadas, hasta 25 años de plazo y con una tasa de 6% anual.
Se vendieron US$ 370 millones en inmuebles en el primer trimestre.
Constructores reclaman exoneración de impuestos para incentivar obras.
En el primer trimestre se concretaron negocios inmobiliarios por al menos US$ 370 millones según se desprende de la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales de la DGI. Constructores piden incentivos para elevar oferta.
El volumen de negocios que se concretó entre enero y marzo a través de transacciones inmobiliarias podría ser superior si se toma en cuenta que la base imponible del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) es el valor catastral del inmueble.
El ITP grava con el 2% al comprador y con otro 2% al vendedor del inmueble a -de acuerdo al artículo 2 de la ley 16.107- las "enajenaciones de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, de nuda propiedad, uso y habitación" así como a "las promesas de las enajenaciones referidas en el literal anterior y las cesiones de dichas promesas", a las "cesiones de derechos hereditarios y las de derechos posesorios sobre bienes inmuebles", y a las "sentencias declarativas de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles".
Por este concepto, los ingresos de la DGI en el primer trimestre del año sumaron US$ 14,8 millones. Esto representa un 86% más que en igual trimestre del año anterior en que las compraventas estaban paralizadas producto de la crisis internacional, a la espera de que los precios descendieran a tal punto que el volumen de negocios había sumado US$ 198,7 millones.
La reducción de valores finalmente no ocurrió y con el tiempo las compraventas se fueron concretando.
En total, partiendo de la base de que los ingresos de la DGI representan el 4% de las operaciones inmobiliarias, el total negociado en todo el 2009 sumó US$ 1.156 millones.
De todas formas, los negocios concretados en el primer trimestre de este año se encuentran por debajo de los del último trimestre del año pasado (14,7%) que, de acuerdo a los ingresos que tuvo la DGI por ITP, sumaron al menos US$ 434 millones.
Según datos de la DGI, la cantidad de pagos del ITP en el primer trimestre del año sumó 16.109 lo que implica un 16,6% más que los concretados en igual período de 2009.
Si bien no se puede tomar como representativo de la cantidad de operaciones gravadas refleja la evolución del volumen de operaciones gravadas entre un trimestre y otro.
CONSTRUCTORES. Tomando en cuenta el repunte que está teniendo la demanda de inmuebles los constructores privados nucleados en la Asociación de Promotores Privados pretenden plantearle al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, la posibilidad de descontar del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales el costo de adquisición de inmuebles destinados a integrar el costo de venta de las construcciones que comiencen antes del 31 de diciembre de 2012 y se terminen antes del 31 de diciembre de 2015. Esto se propone siempre y cuando el monto total de jornales tanto directos como indirectos que implique la obra supere el costo de compra del inmueble, dijeron fuentes del sector.
Además, los constructores pretenden que se encuentre una solución a la superposición de ITP e IVA en las primeras ventas. En la venta de inmuebles nuevos se genera un gravamen de IVA al que se suma el ITP, lo que se considera "injusto" ya que se aplican sobre la misma base.
Por otra parte, y contemplando la escasez de oferta de viviendas para arrendar, los constructores privados aspiran a que Economía habilite a presentar proyectos de construcción de viviendas para alquilar ante la Comisión de Aplicación de la ley de inversiones para obtener beneficios fiscales para su concreción. La gremial entiende que esto podría incentivar dichas construcciones y, como consecuencia, presionar a la baja en los incrementados costos de alquiler producto de la baja oferta.
En el primer trimestre se concretaron negocios inmobiliarios por al menos US$ 370 millones según se desprende de la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales de la DGI. Constructores piden incentivos para elevar oferta.
El volumen de negocios que se concretó entre enero y marzo a través de transacciones inmobiliarias podría ser superior si se toma en cuenta que la base imponible del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP) es el valor catastral del inmueble.
El ITP grava con el 2% al comprador y con otro 2% al vendedor del inmueble a -de acuerdo al artículo 2 de la ley 16.107- las "enajenaciones de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, de nuda propiedad, uso y habitación" así como a "las promesas de las enajenaciones referidas en el literal anterior y las cesiones de dichas promesas", a las "cesiones de derechos hereditarios y las de derechos posesorios sobre bienes inmuebles", y a las "sentencias declarativas de prescripción adquisitiva de bienes inmuebles".
Por este concepto, los ingresos de la DGI en el primer trimestre del año sumaron US$ 14,8 millones. Esto representa un 86% más que en igual trimestre del año anterior en que las compraventas estaban paralizadas producto de la crisis internacional, a la espera de que los precios descendieran a tal punto que el volumen de negocios había sumado US$ 198,7 millones.
La reducción de valores finalmente no ocurrió y con el tiempo las compraventas se fueron concretando.
En total, partiendo de la base de que los ingresos de la DGI representan el 4% de las operaciones inmobiliarias, el total negociado en todo el 2009 sumó US$ 1.156 millones.
De todas formas, los negocios concretados en el primer trimestre de este año se encuentran por debajo de los del último trimestre del año pasado (14,7%) que, de acuerdo a los ingresos que tuvo la DGI por ITP, sumaron al menos US$ 434 millones.
Según datos de la DGI, la cantidad de pagos del ITP en el primer trimestre del año sumó 16.109 lo que implica un 16,6% más que los concretados en igual período de 2009.
Si bien no se puede tomar como representativo de la cantidad de operaciones gravadas refleja la evolución del volumen de operaciones gravadas entre un trimestre y otro.
CONSTRUCTORES. Tomando en cuenta el repunte que está teniendo la demanda de inmuebles los constructores privados nucleados en la Asociación de Promotores Privados pretenden plantearle al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, la posibilidad de descontar del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales el costo de adquisición de inmuebles destinados a integrar el costo de venta de las construcciones que comiencen antes del 31 de diciembre de 2012 y se terminen antes del 31 de diciembre de 2015. Esto se propone siempre y cuando el monto total de jornales tanto directos como indirectos que implique la obra supere el costo de compra del inmueble, dijeron fuentes del sector.
Además, los constructores pretenden que se encuentre una solución a la superposición de ITP e IVA en las primeras ventas. En la venta de inmuebles nuevos se genera un gravamen de IVA al que se suma el ITP, lo que se considera "injusto" ya que se aplican sobre la misma base.
Por otra parte, y contemplando la escasez de oferta de viviendas para arrendar, los constructores privados aspiran a que Economía habilite a presentar proyectos de construcción de viviendas para alquilar ante la Comisión de Aplicación de la ley de inversiones para obtener beneficios fiscales para su concreción. La gremial entiende que esto podría incentivar dichas construcciones y, como consecuencia, presionar a la baja en los incrementados costos de alquiler producto de la baja oferta.
jueves, 29 de abril de 2010
ANV firmó acuerdos con 10.248 deudores.
Ex morosos del BHU bajaron del 59% al 5,5% a partir de los convenios.
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) hizo acuerdos de pago con 10.248 deudores de la ex cartera social del Banco Hipotecario, los que redujeron la morosidad de 59% a 5,5%. Si al cabo de un año cumplen con los pagos se les readecua la deuda.
Desde el año pasado, la ANV está gestionando el fideicomiso 5 compuesto por unos 17.500 viviendas de lo que era la cartera social del Banco Hipotecario (BHU) y cuyas deudas tienen un valor contable (el nominal es mayor) de unos US$ 250 millones, dijo el presidente de la ANV, Carlos Mendive.
Hasta ahora, la Agencia convocó a 12.456 promitentes compradores (el resto eran viviendas vacías) y llegó a acuerdos de pago con 10.248 de ellos. Esos acuerdos implican que si durante un año la persona está al día con las cuotas, y regulariza los pagos de gastos comunes y tributos municipales y desisten de juicios contra el BHU por vicios constructivos, la ANV le realiza una "readecuación de la deuda" a pagar. Eso implica quitas y hasta la cancelación del pago en algunos casos, indicó Mendive.
El presidente de la Agencia -que el pasado martes cumplió tres años- reveló que de los 12.456, cerca del 20% (unos 2.500) "potencialmente podrían cancelar toda su deuda" si en el plazo de un año "cumplen con el convenio". Aún restan convocar otros 13.000 promitentes compradores de la ex cartera social del BHU incluidos en los fideicomisos 6 y 7.
MOROSIDAD.
De acuerdo a estimaciones de la ANV, un 30% de toda la cartera social tenía un plazo "infinito" en el que debía seguir pagando, ya que "la cuota asignada no llegaban a pagar todos los intereses y nunca llegaban amortizar el préstamo", dijo Mendive. Al otro 70%, tras 25 años de pago, todavía les quedaban 35 años. "Con las quitas, se lleva a un plazo promedio de 13 años (a pagar)", agregó. El titular de la ANV destacó que los 10.248 con los que se acordó "tenían antes de aplicar la política de recupero una morosidad de 59% y ahora se ha bajado al 5,5%".
En los casos donde ya se alcanzó el año de firmado el acuerdo, la ANV está citando a los promitentes compradores para ver si cumplieron con lo convenido o no y escriturar la vivienda.
"Ya se presentaron 829, en los que un 90% ha cumplido y otro 10% no, básicamente porque no ha regularizado el pago de tributos o gastos comunes", señaló Mendive.
Si bien el fideicomiso 5 tiene un valor contable de unos US$ 250 millones, la ANV no tiene estimado cuánto recuperó (con los que están en condiciones de escriturar) y cuánto recuperará.
"Obviamente esta política puede implicar un cambio en el valor de la cartera (social), hoy no podemos saber cuánto será", afirmó.
Para Mendive, esta "era una situación que había que arreglar, porque por más que en el BHU se tenía pleno conocimiento de esta situación, emprender una política de este tipo (con quitas de deuda) podía tener un impacto importante en el patrimonio del banco".
Además, la ANV hace una "gestión muy cercana a la problemática" en la que se tiene "continuidad en el contacto con el deudor para que ante cualquier problema que tenga se acerque a la Agencia", dijo.
"Ya al primer atraso se le avisa para que se acerque y no caiga en el clearing y al tercero (si no muestra voluntad de pago) se puede empezar el proceso de rescisión de la promesa de compra", explicó.
Según Mendive eso supone "un trabajo intensivo para que la persona no se atrase, porque el crédito a una vivienda, con un atraso de dos o tres meses constituye una carga pesada sobre los ingresos que dificultan retomar el flujo de pagos".
CARTERA COMERCIAL.
La ANV también empezó a gestionar la cartera comercial del BHU con morosidad más problemática, unas 14.000 personas.
"Se empezó a citar a aquellos con más meses de morosidad y de mayor valor de vivienda", dijo Mendive.
En estos casos la política es "diferente a la de la cartera social", afirmó el jerarca. Aquí la ANV intenta "llegar a acuerdos de pagos razonables" dando más plazo pero sin quitas ni readecuaciones de la deuda.
En caso de que no se llegue a firmar un acuerdo, se procede a iniciar la ejecución del inmueble para recuperar parte de la deuda.
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) hizo acuerdos de pago con 10.248 deudores de la ex cartera social del Banco Hipotecario, los que redujeron la morosidad de 59% a 5,5%. Si al cabo de un año cumplen con los pagos se les readecua la deuda.
Desde el año pasado, la ANV está gestionando el fideicomiso 5 compuesto por unos 17.500 viviendas de lo que era la cartera social del Banco Hipotecario (BHU) y cuyas deudas tienen un valor contable (el nominal es mayor) de unos US$ 250 millones, dijo el presidente de la ANV, Carlos Mendive.
Hasta ahora, la Agencia convocó a 12.456 promitentes compradores (el resto eran viviendas vacías) y llegó a acuerdos de pago con 10.248 de ellos. Esos acuerdos implican que si durante un año la persona está al día con las cuotas, y regulariza los pagos de gastos comunes y tributos municipales y desisten de juicios contra el BHU por vicios constructivos, la ANV le realiza una "readecuación de la deuda" a pagar. Eso implica quitas y hasta la cancelación del pago en algunos casos, indicó Mendive.
El presidente de la Agencia -que el pasado martes cumplió tres años- reveló que de los 12.456, cerca del 20% (unos 2.500) "potencialmente podrían cancelar toda su deuda" si en el plazo de un año "cumplen con el convenio". Aún restan convocar otros 13.000 promitentes compradores de la ex cartera social del BHU incluidos en los fideicomisos 6 y 7.
MOROSIDAD.
De acuerdo a estimaciones de la ANV, un 30% de toda la cartera social tenía un plazo "infinito" en el que debía seguir pagando, ya que "la cuota asignada no llegaban a pagar todos los intereses y nunca llegaban amortizar el préstamo", dijo Mendive. Al otro 70%, tras 25 años de pago, todavía les quedaban 35 años. "Con las quitas, se lleva a un plazo promedio de 13 años (a pagar)", agregó. El titular de la ANV destacó que los 10.248 con los que se acordó "tenían antes de aplicar la política de recupero una morosidad de 59% y ahora se ha bajado al 5,5%".
En los casos donde ya se alcanzó el año de firmado el acuerdo, la ANV está citando a los promitentes compradores para ver si cumplieron con lo convenido o no y escriturar la vivienda.
"Ya se presentaron 829, en los que un 90% ha cumplido y otro 10% no, básicamente porque no ha regularizado el pago de tributos o gastos comunes", señaló Mendive.
Si bien el fideicomiso 5 tiene un valor contable de unos US$ 250 millones, la ANV no tiene estimado cuánto recuperó (con los que están en condiciones de escriturar) y cuánto recuperará.
"Obviamente esta política puede implicar un cambio en el valor de la cartera (social), hoy no podemos saber cuánto será", afirmó.
Para Mendive, esta "era una situación que había que arreglar, porque por más que en el BHU se tenía pleno conocimiento de esta situación, emprender una política de este tipo (con quitas de deuda) podía tener un impacto importante en el patrimonio del banco".
Además, la ANV hace una "gestión muy cercana a la problemática" en la que se tiene "continuidad en el contacto con el deudor para que ante cualquier problema que tenga se acerque a la Agencia", dijo.
"Ya al primer atraso se le avisa para que se acerque y no caiga en el clearing y al tercero (si no muestra voluntad de pago) se puede empezar el proceso de rescisión de la promesa de compra", explicó.
Según Mendive eso supone "un trabajo intensivo para que la persona no se atrase, porque el crédito a una vivienda, con un atraso de dos o tres meses constituye una carga pesada sobre los ingresos que dificultan retomar el flujo de pagos".
CARTERA COMERCIAL.
La ANV también empezó a gestionar la cartera comercial del BHU con morosidad más problemática, unas 14.000 personas.
"Se empezó a citar a aquellos con más meses de morosidad y de mayor valor de vivienda", dijo Mendive.
En estos casos la política es "diferente a la de la cartera social", afirmó el jerarca. Aquí la ANV intenta "llegar a acuerdos de pagos razonables" dando más plazo pero sin quitas ni readecuaciones de la deuda.
En caso de que no se llegue a firmar un acuerdo, se procede a iniciar la ejecución del inmueble para recuperar parte de la deuda.
lunes, 26 de abril de 2010
Evalúan viviendas de madera y barro para plan habitacional.
Se analizan diversas soluciones para comenzar a construir en el segundo semestre del año.
El Plan de Impacto Habitacional que pondrá en marcha el gobierno desde el segundo semestre de este año a través de una experiencia piloto tendrá como uno de sus pilares la construcción de nuevas viviendas, cuya tipología abarcará un paquete de alternativas que irán desde la madera hasta el barro. El director Nacional de Vivienda, Américo Rocco, explicó que la idea será recoger la mayor cantidad de tecnologías disponibles que cumplan con los requerimientos exigidos, como por ejemplo, condiciones térmicas de paredes, techos y de aislamiento. Rocco explicó que en el caso de la madera se trata de un material que todavía no está incorporado a los sistemas habituales de construcción y que habrá que desarrollar una normativa específica. "Es necesario instrumentar controles para poder estudiar los distintos tipos de madera nacional y sus posibilidades para que se puedan usar en el país. Hay normativas en Brasil, Argentina y Chile, pero son para otras maderas". En este sentido, agregó que se piensa trabajar primero a través de una autorización que reúna los requisitos básicos, mientras se vaya avanzando hacia la normativa final.
AMERICO ROCCO, DIRECTOR DINAVI
El jerarca explicó que el plan de solidaridad tiene como un aliado importante el millón de hectáreas de bosque con el que cuenta el país, por lo que se trata de un recurso "que no se puede seguir pasando por alto".La madera no será el único material que se utilizará. Desde la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) existe interés en incluir algunos sistemas que ya se han aplicado en el movimiento cooperativo o en experiencias desarrolladas por las intendencias. "Son comunes en las cooperativas por ayuda mutua las losetas de hormigón pretensado, pero también las losetas de ladrillo hechas en la propia obra", dijo Rocco. También se evaluarán otros sistemas con hormigón y cáscara de arroz y barro con bloques prefabricados de arcilla y viruta, por ejemplo. Agregó que se quiere disponer de "un abanico de soluciones que amplíen el espectro, que abaraten costos y que puedan ser normalizadas y aplicadas con seguridad, porque una cosa es tener un sistema posible y otra cosa es llevarlo a la práctica y hacerlo bien. Hay sistemas que de repente se han visto desprestigiados por una mala ejecución", indicó. Consultado sobre los tiempos que insumirá levantar cada vivienda, Rocco indicó que son muy variables y que en algunos de los casos pueden insumir menos de un mes. En este sentido, dijo que la "rapidez" es un elemento que tiene a favor ese tipo de alternativas y agregó que en otros casos la ventaja está en que se trata de "obra seca".Por otra parte, Rocco indicó que el programa siempre estará mezclado con la construcción de viviendas, pero tendrá particularidades distintas en cada zona de actuación que se elija. "En algún caso habrá que abrir una calle, en otras repavimentar, iluminar, construir baños, forestar, construir veredas, reparar los locales comunitarios como una policlínica o un centro Caif". El jerarca dijo que "lo sustancial será mejorar el entorno de la vivienda" y "la infraestructura de los barrios", además de lo que se construya para hacer realojos, refaccionar o habilitar nuevas soluciones habitacionales en el mismo lugar donde exista precariedad. "El plan no se mide por viviendas a construir; se mide en los cambios sustanciales que tengan los elementos que hacen a la vida barrial, por eso es de vivienda y de hábitat".
Precio de alquileres
Entre las alternativas que se están considerando para contribuir a la baja del precio de los alquileres, la Dinavi maneja la implementación de un plan de promoción de inversiones en viviendas de interés social que apunta al sector privado. Rocco indicó que se buscará no sólo atraer a los pequeños propietarios para que tengan casas a disposición, sino también a grandes empresas constructoras. "Hay que tratar que las inversiones que siempre van a los sectores más pudientes y los de menos riesgo se vuelquen a los otros sectores de ingresos medios o bajos. Que les sea rentable dándoles algunos incentivos que implican exoneraciones impositivas o algún paquete de ventajas que el gobierno nacional pueda proporcionar desde el Estado o también por medio de las intendencias". Por otra parte, según los últimos datos obtenidos por el censo 2004 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viviendas que están vacías todo el año era de 240.000. En este sentido, Rocco indicó que se trata de una situación que se atacará de dos maneras; por un lado, revisando la carga impositiva sobre esos inmuebles y por otro promoviendo la puesta en el mercado de alquileres de esas viviendas, por ejemplo, a través de préstamos para facilitar la reparación de las que no estén en condiciones de ser habitadas.
Las garantías de alquiler
El programa de Garantías y Subsidios de Alquiler que desarrolla la Dinavi en conjunto con la Contaduría General de la Nación (CGN) atendió 2.600 solicitudes en el quinquenio anterior. La nueva administración pretende duplicar su alcance desde este año. "Estamos dando subsidios en casos especiales, pero sobre todo las políticas se orientan a un Fondo de Garantías de alquileres que hay que ampliar y darle más difusión porque es una de las trabas más grandes que tiene la gente para alquilar", dijo Rocco. Los requisitos exigidos en la actualidad para acceder al beneficio incluyen ser mayor de edad o habilitado por matrimonio, empleado o trabajador independiente con ingresos formales o informales, no poseer vivienda en propiedad, no haber sido destinatario efectivo de un subsidio habitacional proporcionado por el Estado y no ser deudor del Fondo. La garantía varía de acuerdo al ingreso de los beneficiarios y a cuánto pueden pagar de alquiler.
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