La advertencia del diputado Borsari de los perjuicios que podrían implicar para el Estado una serie de demandas de empresas de la construcción, abrió una nueva polémica con el gobierno, que se vio forzado a salir a explicar la situación. El martes, durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutía la Rendición de Cuentas 2008, el diputado Gustavo Borsari señaló que el Estado enfrenta juicios por más de US$ 1.000 millones de parte de empresas constructoras que habían sido contratadas por el Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario, pero luego el gobierno del Frente Amplio rescindió los acuerdos firmados. Según el legislador, esa decisión adoptada durante la gestión del actual senador Mariano Arana al frente de la secretaría de Estado, motivó que las 29 empresas involucradas presentaran demandas contra el Ministerio de Vivienda y el BHU reclamando por los daños causados por el incumplimiento. En tal sentido, advirtió que si la Justicia hace lugar a los reclamos de los empresarios, el próximo gobierno deberá asumir ese aspecto como un tema esencial, porque "será la deuda más grande del Estado". Ante las afirmaciones de Borsari, el ministro de Vivienda, Carlos Colacce, dijo que el legislador manejó las cifras en "forma atroz" porque "se le sumaron varios ceros". Según Colacce, las demandas a las cuales hizo referencia Borsari fueron iniciadas solamente por cuatro empresas por US$ 4 millones. Colacce dijo que el proceso por el cual las firmas fueron contratadas se inició durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) mediante un convenio con la secretaría de Estado y el BHU, para construir unas 3.000 viviendas. Pero luego, cuando el Frente Amplio asumió la administración, "se decidió terminar con el proyecto" por considerarlo inconveniente. "Lo importante es que hay pleitos pero las obras nunca comenzaron, por lo que no hay pérdidas para las empresas", dijo Colacce, y aseguró desconocer los pormenores del proceso en cuestión. "Un juicio por US$ 4 millones no parece ser lo espectacular de la noticia que anunciaba Borsari que daban a entender que las futuras administraciones estaban comprometidas por US$ 1.000 millones", dijo el ministro. "No quiero menospreciar lo que implican US$ 4 millones, porque son fondos que tenemos que defender, pero hay que hacer una diferencia entre cuatro y 1.000 millones", agregó, y sentenció: "no es un monto que condicione a ninguna futura administración".
FRACASO. Durante la sesión de la Cámara de Diputados, además de plantear la situación de los juicios que enfrenta el Ministerio de Vivienda, Borsari cuestionó los escasos resultados de la política habitacional llevada a cabo por el gobierno del Frente Amplio. "El fracaso ha sido estrepitoso, puesto que del análisis de las cifras brindadas por el gobierno surge que sólo se realizarían 24.000 soluciones habitacionales al culminar el período", afirmó Borsari. Además, defendió lo hecho en materia de vivienda durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle (1990-1995). El legislador blanco recordó que se construyeron más de 56.000 soluciones habitacionales bajo el gobierno de Lacalle, mientras que en el actual período "no han hecho absolutamente nada por erradicar los asentamientos irregulares".
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