Eran de la ex cartera social del Hipotecario.
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) refinanció 9.905 créditos y canceló 3.896 de la ex cartera social del Banco Hipotecario (BHU), según indicadores de gestión a agosto.
Desde el año pasado, la ANV está gestionando siete fideicomisos compuestos por 54.121 activos. Entre ellos, se encuentran 22.664 hipotecas, 23.036 promesas, 1.900 inmuebles, 884 inmuebles en construcción y 333 terrenos.
Cuando esos activos pasaron a la ANV en abril de 2007, el nivel de morosidad (atraso en más de tres cuotas) era de entre 39% y 76%, dependiendo del fideicomiso. En la actualidad, el porcentaje máximo de morosidad es de 4,4%.
Los acuerdos que establece la ANV determinan que si durante un año la persona está al día con las cuotas, y regulariza los pagos de gastos comunes y tributos municipales y desiste de juicios contra el BHU por vicios constructivos, se realiza una readecuación de la deuda a pagar. Eso implica quitas y hasta la cancelación del pago en algunos casos.
Al primer atraso con los pagos, se le avisa al deudor para que se ponga al día o, de lo contrario se lo envía al clearing. Si al tercer mes de atraso no muestra voluntad de pago se puede empezar el proceso de rescisión de la promesa de compra.
La ANV obtuvo una recaudación bruta de US$ 44,5 millones en el año móvil cerrado en agosto por recupero de pago de esos siete fideicomisos que gestiona.
De acuerdo a estimaciones de la Agencia, el 30% de toda la ex cartera social del BHU tenía un plazo "infinito" en el que debía seguir pagando, ya que con la cuota asignada no se llegaban a pagar todos los intereses y los deudores no llegaban a amortizar el préstamo. Al otro 70%, tras 25 años de pago, todavía les quedaban 35 años. Con las quitas que realiza la ANV, se lleva a un plazo promedio de 13 años a pagar.
viernes, 26 de noviembre de 2010
Boom de inmuebles continuará por 4 años.
Operadores descartan que exista una burbuja.
Los operadores inmobiliarios son "optimistas" sobre el desarrollo de la actividad inmobiliaria para los próximos cuatros años en virtud de los pronósticos de crecimiento para la economía local y regional que proyectan algunos analistas.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Gabriel Conde, dijo que en los últimos días la gremial analizó estudios macro sobre el comportamiento de la economía en varios países de la región que prevén en su mayoría un ciclo de expansión de la actividad para los próximos años. "En Uruguay seguro hasta 2011 no se esperan muchos cambios en la actividad", estimó.
Hace dos semanas, la CIU realizó un congreso en Rivera con todas las cámaras del interior asociadas donde se analizaron y se discutieron las perspectivas del sector a futuro. En esa instancia se destacó la importancia de Brasil como motor de crecimiento en virtud de la organización del Mundial de Fútbol de 2014.
Según comentó Conde, de acuerdo a estudios que realiza la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) las sedes de los mundiales se escogen en función del nivel económico así como las perspectivas de crecimiento de cada país.
Por otro lado, consultado por los llamados de atención que han realizado en los últimos meses algunos economistas sobre la formación de "burbujas" en la actividad inmobiliaria local, el presidente de la CIU sostuvo que para los operadores "no hay ningún tipo de burbuja" en los precios.
Explicó que a diferencia de lo que ocurrió con la crisis de este sector en Estados Unidos, "en Uruguay prácticamente no hay crédito" sino que "el 90% de las operaciones son al contado y con dinero genuino del comprador", reveló.
Asimismo, Conde señaló que la suba de precios que se viene registrando desde 2003 a la fecha "el mercado la absorbió" porque si bien se elevaron los mismos el número de operaciones "no bajó su ritmo".
Sobre la incidencia que podría tener en este fenómeno la llegada de capitales argentinos, Conde indicó que "no se puede ignorar su peso" en el mercado y más aún en el último año donde se han volcado a la compra de inmuebles, también, en Montevideo.
Los operadores inmobiliarios son "optimistas" sobre el desarrollo de la actividad inmobiliaria para los próximos cuatros años en virtud de los pronósticos de crecimiento para la economía local y regional que proyectan algunos analistas.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU), Gabriel Conde, dijo que en los últimos días la gremial analizó estudios macro sobre el comportamiento de la economía en varios países de la región que prevén en su mayoría un ciclo de expansión de la actividad para los próximos años. "En Uruguay seguro hasta 2011 no se esperan muchos cambios en la actividad", estimó.
Hace dos semanas, la CIU realizó un congreso en Rivera con todas las cámaras del interior asociadas donde se analizaron y se discutieron las perspectivas del sector a futuro. En esa instancia se destacó la importancia de Brasil como motor de crecimiento en virtud de la organización del Mundial de Fútbol de 2014.
Según comentó Conde, de acuerdo a estudios que realiza la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) las sedes de los mundiales se escogen en función del nivel económico así como las perspectivas de crecimiento de cada país.
Por otro lado, consultado por los llamados de atención que han realizado en los últimos meses algunos economistas sobre la formación de "burbujas" en la actividad inmobiliaria local, el presidente de la CIU sostuvo que para los operadores "no hay ningún tipo de burbuja" en los precios.
Explicó que a diferencia de lo que ocurrió con la crisis de este sector en Estados Unidos, "en Uruguay prácticamente no hay crédito" sino que "el 90% de las operaciones son al contado y con dinero genuino del comprador", reveló.
Asimismo, Conde señaló que la suba de precios que se viene registrando desde 2003 a la fecha "el mercado la absorbió" porque si bien se elevaron los mismos el número de operaciones "no bajó su ritmo".
Sobre la incidencia que podría tener en este fenómeno la llegada de capitales argentinos, Conde indicó que "no se puede ignorar su peso" en el mercado y más aún en el último año donde se han volcado a la compra de inmuebles, también, en Montevideo.
martes, 16 de noviembre de 2010
Gobierno cree que problema de la vivienda se solucionará en 2030.
La ministra Muslera admitió a Observa que en este quinquenio se iniciarán las políticas para superar el déficit en 20 años.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera dijo a Observa que el déficit habitacional podrá ser revertido dentro de 20 años, y que en el gobierno de José Mujica sólo se podrán iniciar las políticas para iniciar el proceso que lo permita.
La secretaria de Estado visitó este lunes la comisión del ramo de la Cámara de Senadores que estudia el proyecto de presupuesto, donde explicó que serán 147.000 las “soluciones habitacionales” hasta 2015, de las cuales 24.000 serán nuevas construcciones. El resto se reparte entre reparaciones, garantías de alquiler y regularización de unas 30.000 informales.
Muslera recordó que el déficit se ubica en 65.000 nuevas viviendas y unas 800.000 que necesitan mejoras. “El déficit necesita una mejora continua, constante, con capacidad de acción del Estado hasta el 2030. No se hace en un quinquenio, y este camino debe ser aprobado por todas las fuerzas políticas para lograr continuidad”, declaró.
Lo que sigue es la entrevista que mantuvo la ministra de Vivienda con Observa:
-¿Qué informó en la comisión del Senado? -Expusimos los lineamientos. Hubo un intercambio con posiciones de los partidos tradicionales como en alerta, pero en general creo que se van a concretar los lineamientos.
-¿Por qué alerta? -El alerta por el lado de algunas cosas que si rascamos empezamos a posicionarnos distintos, por ejemplo cuando nosotros cuantificamos la acción del Ministerio con respecto a soluciones habitacionales, que no implican viviendas nuevas, ahí hay un concepto de si es necesario construir o si es necesario construir pero arreglar el stock que ya tenemos.
-¿De cuántas soluciones hablan? -Nosotros hablamos de 147.000 soluciones en el quinquenio que incluye vivienda nueva, acción sobre el stock construido y garantía de alquiler, que es otra forma de solucionar el problema de la vivienda y que no implica construir sino actuar sobre lo que ya está. Eso es un concepto de actuar sobre el déficit que va más allá del concepto de la ley de vivienda del 68 que decía “la política de vivienda se concentra en dar viviendas a las que se accede a través de un crédito hipotecario”. Eso responde a un país que ya no existe. Si yo tuviera que construir viviendas para todos los que necesitan, necesitaría una capacidad que no tengo ni voy a tener. Tengo que poner los pies sobre la tierra y dar respuestas adecuadas a nuestras capacidades presupuestales.
-¿De ese total cuántas son construcciones nuevas? -De las 147 mil hay 24 mil nuevas construidas con los fondos presupuestales ($850 millones), pero hay medidas que tienden a que se acerque inversión privada a la construcción de vivienda de interés social y están las medidas que tienen que ver con reactivar el mercado de viviendas que se ofrezcan en alquiler. Son otras formas de hacer políticas de viviendas que la plata no la ponés en construir una vivienda sino en permitir que acceda la gente. Con lo que explicamos ellos (la oposición) está de acuerdo, pero no están de acuerdo con el término “soluciones habitacionales”. Ponele el nombre que quieras, yo voy a ser transparente y decir cuántas son nuevas, cuántas son subsidios, tantas son garantías… que es lo que en teoría se reclama.
-¿Estas 147 mil qué parte del déficit atiende? -Tiene un componente que son viviendas nuevas, otro componente que es acción sobre lo construido con créditos para mejora, ampliación, refacción. Tenemos una línea para adecuar la instalación sanitaria interna. Pretendemos largar líneas de instalación eléctrica. Eso es: a la vivienda que está, se hizo a pulmón y tiene problemas con la instalación eléctrica y no está regularizada, que se regularice, porque es la base. Hay también regularización de gente que está en viviendas del Estado, pero no está formalmente. Es parte del proceso de informalidad que hay en los complejos habitacionales. Ahí pretendemos reestructurar los créditos y lograr que para cada vivienda haya un crédito, una situación de formalidad. Esa es la política de vivienda, porque logras que esté documentado, pague y se concrete la permanencia de esa familia, mientras tanto están en una situación de inestabilidad jurídica de tenencia. Ahí hay una propuesta de actuar en unas 30.000 viviendas a través de la política de la Agencia Nacional de Vivienda que tiene toda la cartera de viviendas a construir.
-Pero de esas 147 mil, ¿qué porción del déficit atiende? -El déficit no actualizado de 1996 son 65 mil viviendas nuevas y 800 mil que necesitan mejoras. El déficit necesita una política continua, constante, con capacidad de respuesta del Estado hasta el 2030 de continuo, no se hace en un quinquenio.
-¿Esa proyección a 2030 es una estimación? -Es lo que nosotros decimos: laudar en este quinquenio las políticas de vivienda para salir de esta situación en 2030, pero con un camino aprobado por todas las fuerzas políticas para que haya continuidad.
-¿Qué pasa con el Plan Juntos? -Sale en diciembre. Lo estamos trabajando. En diciembre sale la ley y se sale públicamente, deja de estar bajo tierra, pero es el Pepe el que está con eso.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera dijo a Observa que el déficit habitacional podrá ser revertido dentro de 20 años, y que en el gobierno de José Mujica sólo se podrán iniciar las políticas para iniciar el proceso que lo permita.
La secretaria de Estado visitó este lunes la comisión del ramo de la Cámara de Senadores que estudia el proyecto de presupuesto, donde explicó que serán 147.000 las “soluciones habitacionales” hasta 2015, de las cuales 24.000 serán nuevas construcciones. El resto se reparte entre reparaciones, garantías de alquiler y regularización de unas 30.000 informales.
Muslera recordó que el déficit se ubica en 65.000 nuevas viviendas y unas 800.000 que necesitan mejoras. “El déficit necesita una mejora continua, constante, con capacidad de acción del Estado hasta el 2030. No se hace en un quinquenio, y este camino debe ser aprobado por todas las fuerzas políticas para lograr continuidad”, declaró.
Lo que sigue es la entrevista que mantuvo la ministra de Vivienda con Observa:
-¿Qué informó en la comisión del Senado? -Expusimos los lineamientos. Hubo un intercambio con posiciones de los partidos tradicionales como en alerta, pero en general creo que se van a concretar los lineamientos.
-¿Por qué alerta? -El alerta por el lado de algunas cosas que si rascamos empezamos a posicionarnos distintos, por ejemplo cuando nosotros cuantificamos la acción del Ministerio con respecto a soluciones habitacionales, que no implican viviendas nuevas, ahí hay un concepto de si es necesario construir o si es necesario construir pero arreglar el stock que ya tenemos.
-¿De cuántas soluciones hablan? -Nosotros hablamos de 147.000 soluciones en el quinquenio que incluye vivienda nueva, acción sobre el stock construido y garantía de alquiler, que es otra forma de solucionar el problema de la vivienda y que no implica construir sino actuar sobre lo que ya está. Eso es un concepto de actuar sobre el déficit que va más allá del concepto de la ley de vivienda del 68 que decía “la política de vivienda se concentra en dar viviendas a las que se accede a través de un crédito hipotecario”. Eso responde a un país que ya no existe. Si yo tuviera que construir viviendas para todos los que necesitan, necesitaría una capacidad que no tengo ni voy a tener. Tengo que poner los pies sobre la tierra y dar respuestas adecuadas a nuestras capacidades presupuestales.
-¿De ese total cuántas son construcciones nuevas? -De las 147 mil hay 24 mil nuevas construidas con los fondos presupuestales ($850 millones), pero hay medidas que tienden a que se acerque inversión privada a la construcción de vivienda de interés social y están las medidas que tienen que ver con reactivar el mercado de viviendas que se ofrezcan en alquiler. Son otras formas de hacer políticas de viviendas que la plata no la ponés en construir una vivienda sino en permitir que acceda la gente. Con lo que explicamos ellos (la oposición) está de acuerdo, pero no están de acuerdo con el término “soluciones habitacionales”. Ponele el nombre que quieras, yo voy a ser transparente y decir cuántas son nuevas, cuántas son subsidios, tantas son garantías… que es lo que en teoría se reclama.
-¿Estas 147 mil qué parte del déficit atiende? -Tiene un componente que son viviendas nuevas, otro componente que es acción sobre lo construido con créditos para mejora, ampliación, refacción. Tenemos una línea para adecuar la instalación sanitaria interna. Pretendemos largar líneas de instalación eléctrica. Eso es: a la vivienda que está, se hizo a pulmón y tiene problemas con la instalación eléctrica y no está regularizada, que se regularice, porque es la base. Hay también regularización de gente que está en viviendas del Estado, pero no está formalmente. Es parte del proceso de informalidad que hay en los complejos habitacionales. Ahí pretendemos reestructurar los créditos y lograr que para cada vivienda haya un crédito, una situación de formalidad. Esa es la política de vivienda, porque logras que esté documentado, pague y se concrete la permanencia de esa familia, mientras tanto están en una situación de inestabilidad jurídica de tenencia. Ahí hay una propuesta de actuar en unas 30.000 viviendas a través de la política de la Agencia Nacional de Vivienda que tiene toda la cartera de viviendas a construir.
-Pero de esas 147 mil, ¿qué porción del déficit atiende? -El déficit no actualizado de 1996 son 65 mil viviendas nuevas y 800 mil que necesitan mejoras. El déficit necesita una política continua, constante, con capacidad de respuesta del Estado hasta el 2030 de continuo, no se hace en un quinquenio.
-¿Esa proyección a 2030 es una estimación? -Es lo que nosotros decimos: laudar en este quinquenio las políticas de vivienda para salir de esta situación en 2030, pero con un camino aprobado por todas las fuerzas políticas para que haya continuidad.
-¿Qué pasa con el Plan Juntos? -Sale en diciembre. Lo estamos trabajando. En diciembre sale la ley y se sale públicamente, deja de estar bajo tierra, pero es el Pepe el que está con eso.
BHU ofrece crédito para refaccionar viviendas
Será en unidades indexadas, por un monto máximo equivalente a US$ 10.000.
El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) lanzó un crédito para la refacción destinado a realizar obras que mejoren el estado y el confort de la vivienda. Según indicó el presidente del BHU, Jorge Polgar, este es “un producto ágil” que permitirá a los beneficiarios acceder al monto solicitado “en cuestión de días”.
Polgar indicó que el préstamo será en unidades indexadas, por un monto máximo equivalente a US$ 10.000, con un plazo de hasta cinco años. La tasa de interés anual será del 8,5 % para no ahorristas y del 8% para ahorristas.
Según informó Polgar, el préstamo estará en vigencia a partir de este martes 16 de noviembre en todo el país. El mismo se concede a mayores de 18 años, empleados públicos, privados, jubilados o pensionistas y exclusivamente con retención de sueldos, jubilación o pensión (hasta 30% de los ingresos disponibles).
“Este es un crédito ágil, con las mejores condiciones del mercado porque no se exige garantía hipotecaria y su objetivo es contribuir a la política pública de vivienda para llegar a la mayor cantidad de gente posible”, explicó.
Quienes estén interesados en acceder al préstamo podrán informarse de las condiciones y beneficios a través del 1911 (de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes). Allí también podrán agendar para realizar el trámite en Casa Central.
En el interior del país los interesados podrán informarse o solicitar el préstamo en cualquiera de las dependencias del BHU o de la ANV.
Los formularios para solicitar el préstamo están disponibles en la www.bhu.com.uy.
El anuncio fue realizado este lunes en un acto realizado en la Casa Central del BHU, presidido por la ministra de Vivienda Graciela Mulsera y las autoridades del BHU.
El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) lanzó un crédito para la refacción destinado a realizar obras que mejoren el estado y el confort de la vivienda. Según indicó el presidente del BHU, Jorge Polgar, este es “un producto ágil” que permitirá a los beneficiarios acceder al monto solicitado “en cuestión de días”.
Polgar indicó que el préstamo será en unidades indexadas, por un monto máximo equivalente a US$ 10.000, con un plazo de hasta cinco años. La tasa de interés anual será del 8,5 % para no ahorristas y del 8% para ahorristas.
Según informó Polgar, el préstamo estará en vigencia a partir de este martes 16 de noviembre en todo el país. El mismo se concede a mayores de 18 años, empleados públicos, privados, jubilados o pensionistas y exclusivamente con retención de sueldos, jubilación o pensión (hasta 30% de los ingresos disponibles).
“Este es un crédito ágil, con las mejores condiciones del mercado porque no se exige garantía hipotecaria y su objetivo es contribuir a la política pública de vivienda para llegar a la mayor cantidad de gente posible”, explicó.
Quienes estén interesados en acceder al préstamo podrán informarse de las condiciones y beneficios a través del 1911 (de 10:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes). Allí también podrán agendar para realizar el trámite en Casa Central.
En el interior del país los interesados podrán informarse o solicitar el préstamo en cualquiera de las dependencias del BHU o de la ANV.
Los formularios para solicitar el préstamo están disponibles en la www.bhu.com.uy.
El anuncio fue realizado este lunes en un acto realizado en la Casa Central del BHU, presidido por la ministra de Vivienda Graciela Mulsera y las autoridades del BHU.
Inmuebles: publican guía para detectar delitos.
BCU brinda pistas sobre cómo detectar lavado de dinero.
El Banco Central divulgó una "guía de transacciones y señales de alerta" con el objetivo de ayudar a detectar patrones sospechosos en actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión y otras transacciones que involucren inmuebles.
El instructivo elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye patrones de comportamiento que podrían vincularse con operaciones de lavado de activos provenientes tanto de actividades delictivas como del financiamiento del terrorismo pese a que aclara que la sola señal no tiene por qué implicar el acto delictivo.
La Guía establece riesgos relacionados con la ubicación geográfica entre las que figuran: transacciones en las que intervengan personas domiciliadas o provenientes de países o territorios que no integren el GAFI, "que sean considerados paraísos fiscales o en los que rijan normas de secreto que puedan dificultar el adecuado conocimiento de los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones y/o origen de los fondos utilizados" o que estén identificados por organismos serios por sus niveles considerables de corrupción, así como los que fueron objeto de sanciones internacionales.
Entre las señales vinculadas al cliente, plantea las transacciones que son a nombre de personas que reflejen indicios de carecer de capacidad económica, en las que participen personas políticamente expuestas, en las que intervengan procesados o condenados por delitos, familiares de éstos o personas que cuenten con domicilio desconocido. También aquellas transacciones que hagan fundaciones o asociaciones cuando las características de la operación no correspondan a los objetivos de la entidad o las que oculten el beneficiario final. Se agregan aquellas en las que se hacen arreglos entre compradores que permiten la inclusión de terceros desconocidos o las que reflejen interés de realizarse muy rápido sin explicación.
A nivel de las transacciones en sí, alerta sobre las que se hacen a precios diferentes a los del mercado, las que involucran varias compraventas sucesivas sobre el mismo bien, las que se realizan antes de un embargo o declaración de insolvencia, las pagas en efectivo, entre otras.
El Banco Central divulgó una "guía de transacciones y señales de alerta" con el objetivo de ayudar a detectar patrones sospechosos en actividades relacionadas con la compraventa, construcción, promoción, inversión y otras transacciones que involucren inmuebles.
El instructivo elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluye patrones de comportamiento que podrían vincularse con operaciones de lavado de activos provenientes tanto de actividades delictivas como del financiamiento del terrorismo pese a que aclara que la sola señal no tiene por qué implicar el acto delictivo.
La Guía establece riesgos relacionados con la ubicación geográfica entre las que figuran: transacciones en las que intervengan personas domiciliadas o provenientes de países o territorios que no integren el GAFI, "que sean considerados paraísos fiscales o en los que rijan normas de secreto que puedan dificultar el adecuado conocimiento de los verdaderos beneficiarios finales de las operaciones y/o origen de los fondos utilizados" o que estén identificados por organismos serios por sus niveles considerables de corrupción, así como los que fueron objeto de sanciones internacionales.
Entre las señales vinculadas al cliente, plantea las transacciones que son a nombre de personas que reflejen indicios de carecer de capacidad económica, en las que participen personas políticamente expuestas, en las que intervengan procesados o condenados por delitos, familiares de éstos o personas que cuenten con domicilio desconocido. También aquellas transacciones que hagan fundaciones o asociaciones cuando las características de la operación no correspondan a los objetivos de la entidad o las que oculten el beneficiario final. Se agregan aquellas en las que se hacen arreglos entre compradores que permiten la inclusión de terceros desconocidos o las que reflejen interés de realizarse muy rápido sin explicación.
A nivel de las transacciones en sí, alerta sobre las que se hacen a precios diferentes a los del mercado, las que involucran varias compraventas sucesivas sobre el mismo bien, las que se realizan antes de un embargo o declaración de insolvencia, las pagas en efectivo, entre otras.
Alquileres de temporada se incrementan hasta 15%.
Ajuste. Propietarios lo hacen por el descenso del dólar.
Los dueños de los inmuebles en zonas balnearias comenzaron a ajustar los alquileres para la próxima temporada turística entre un 10%y 15% ante la caída que registra el dólar. Por ahora la demanda se mantiene firme.
El aumento de los costos en pesos para mantener un inmueble pero fundamentalmente el descenso que acumula el dólar en las últimas semanas, lleva a que los propietarios que alquilan en las zonas balnearias empiecen a corregir los precios entre un 10% y 15% para no perder ingresos antes de cerrar los contratos.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Francisco Bistiancic, dijo que algunos propietarios "ya comenzaron a ajustar" los valores de sus inmuebles por la caída que está registrando la divisa estadounidense. Agregó que incluso se dieron casos donde se corrigió el precio con operaciones que estaban prácticamente cerradas.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Gabriel Conde, recordó que el año pasado la baja del dólar que se dio al inicio de la temporada "se trasladó" en un ajuste sobre el precio de los alquileres. "La perspectiva de los propietarios es recuperar el descenso que acumula el dólar", confirmó.
Por su parte, el ex presidente de esa gremial, Pedro Gava, dijo que ese incremento del 15% es "razonable" y, por ahora, los clientes "no están objetando los nuevos precios". Indicó que en el caso de los turistas argentinos la inflación ha sido más importante respecto a la uruguaya y eso de alguna manera ayuda a sostener la demanda.
En tanto, Bistiancic puso como ejemplo que aquel propietario que el año pasado recibía US$ 2.000 con un dólar a $ 21 obtenía una renta de $ 42.000. "Hoy (por el viernes) con un dólar a $ 19,90 recibe $ 39.800", alertó.
Si bien en la primera quincena de enero de 2010 el promedio del dólar fue de $ 19,55, en los meses de octubre y noviembre de 2009 (cuando se confirman muchos contratos) la divisa estadounidense estaba en $ 20,80 y $ 20,45 respectivamente.
"Estos propietarios están perdiendo entre un 10% y 15% de ingresos y es lógico que quieran recuperarlo", afirmó Bistiancic. Asimismo, recordó que a esto hay que sumarle el aumento de los costos básicos que se dieron este año para mantener un inmueble como la pintura y el agua. Otro factor que puede influir sobre los alquileres es el proyecto que aprobó la Intendencia de Maldonado para ajustar los valores de la contribución.
"Las inmobiliarias nos sentimos en compromiso. Porque por un lado queremos que no suban los valores para que el turista llegue acá y no se encuentre que es carísimo y, por otro lado, hay que darle la razón al propietario que quiere ajustar porque están recibiendo menos que el año pasado", razonó.
El presidente de la Cámara Inmobilaria de Maldonado dijo que muchos argentinos que visitan Uruguay están viendo que con US$ 100 ya reciben menos de $ 2.000. "Eso tiene un efecto psicológico para ellos", reveló.
En cuanto al comportamiento de la demanda, Bistiancic dijo que por ahora "está sostenida" aunque "no es una locura" porque las consultas son ordenadas y se están cerrando operaciones a través de Internet. No obstante, precisó que aún quedan muchos inmuebles en Punta del Este para enero producto del aumento explosivo de la capacidad locativa.
En la temporada pasada, el promedio de alquilar una casa durante todo enero en Punta del Este rondaba los US$ 13.000. Mientras que para la Ciudad de la Costa los precios promediaban los US$ 2.300 por mes.
En el caso de Colonia, esta temporada el alquiler de un inmueble rondará los US$ 100 por día. No obstante, en la capital la oferta es muy limitada porque la demanda por alquileres anuales está "muy firme", explicó Conde.
Aunque hay balnearios de ese departamento como Santa Ana, Artilleros, Fomento o Los Pinos donde se consiguen alquileres desde US$ 60. Según Conde, el 95% de los turistas que llegan a esas playas son argentinos.
Mientras que en Piriápolis, si bien aún no se han cerrado muchos contratos de alquileres para la temporada, las consultas de turistas de las distintas provincias de Argentina "están creciendo a un ritmo interesante" este año, informó Bistiancic.
Los dueños de los inmuebles en zonas balnearias comenzaron a ajustar los alquileres para la próxima temporada turística entre un 10%y 15% ante la caída que registra el dólar. Por ahora la demanda se mantiene firme.
El aumento de los costos en pesos para mantener un inmueble pero fundamentalmente el descenso que acumula el dólar en las últimas semanas, lleva a que los propietarios que alquilan en las zonas balnearias empiecen a corregir los precios entre un 10% y 15% para no perder ingresos antes de cerrar los contratos.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Francisco Bistiancic, dijo que algunos propietarios "ya comenzaron a ajustar" los valores de sus inmuebles por la caída que está registrando la divisa estadounidense. Agregó que incluso se dieron casos donde se corrigió el precio con operaciones que estaban prácticamente cerradas.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Gabriel Conde, recordó que el año pasado la baja del dólar que se dio al inicio de la temporada "se trasladó" en un ajuste sobre el precio de los alquileres. "La perspectiva de los propietarios es recuperar el descenso que acumula el dólar", confirmó.
Por su parte, el ex presidente de esa gremial, Pedro Gava, dijo que ese incremento del 15% es "razonable" y, por ahora, los clientes "no están objetando los nuevos precios". Indicó que en el caso de los turistas argentinos la inflación ha sido más importante respecto a la uruguaya y eso de alguna manera ayuda a sostener la demanda.
En tanto, Bistiancic puso como ejemplo que aquel propietario que el año pasado recibía US$ 2.000 con un dólar a $ 21 obtenía una renta de $ 42.000. "Hoy (por el viernes) con un dólar a $ 19,90 recibe $ 39.800", alertó.
Si bien en la primera quincena de enero de 2010 el promedio del dólar fue de $ 19,55, en los meses de octubre y noviembre de 2009 (cuando se confirman muchos contratos) la divisa estadounidense estaba en $ 20,80 y $ 20,45 respectivamente.
"Estos propietarios están perdiendo entre un 10% y 15% de ingresos y es lógico que quieran recuperarlo", afirmó Bistiancic. Asimismo, recordó que a esto hay que sumarle el aumento de los costos básicos que se dieron este año para mantener un inmueble como la pintura y el agua. Otro factor que puede influir sobre los alquileres es el proyecto que aprobó la Intendencia de Maldonado para ajustar los valores de la contribución.
"Las inmobiliarias nos sentimos en compromiso. Porque por un lado queremos que no suban los valores para que el turista llegue acá y no se encuentre que es carísimo y, por otro lado, hay que darle la razón al propietario que quiere ajustar porque están recibiendo menos que el año pasado", razonó.
El presidente de la Cámara Inmobilaria de Maldonado dijo que muchos argentinos que visitan Uruguay están viendo que con US$ 100 ya reciben menos de $ 2.000. "Eso tiene un efecto psicológico para ellos", reveló.
En cuanto al comportamiento de la demanda, Bistiancic dijo que por ahora "está sostenida" aunque "no es una locura" porque las consultas son ordenadas y se están cerrando operaciones a través de Internet. No obstante, precisó que aún quedan muchos inmuebles en Punta del Este para enero producto del aumento explosivo de la capacidad locativa.
En la temporada pasada, el promedio de alquilar una casa durante todo enero en Punta del Este rondaba los US$ 13.000. Mientras que para la Ciudad de la Costa los precios promediaban los US$ 2.300 por mes.
En el caso de Colonia, esta temporada el alquiler de un inmueble rondará los US$ 100 por día. No obstante, en la capital la oferta es muy limitada porque la demanda por alquileres anuales está "muy firme", explicó Conde.
Aunque hay balnearios de ese departamento como Santa Ana, Artilleros, Fomento o Los Pinos donde se consiguen alquileres desde US$ 60. Según Conde, el 95% de los turistas que llegan a esas playas son argentinos.
Mientras que en Piriápolis, si bien aún no se han cerrado muchos contratos de alquileres para la temporada, las consultas de turistas de las distintas provincias de Argentina "están creciendo a un ritmo interesante" este año, informó Bistiancic.
La capacidad de planificar superada por irregularidad.
Montevideo. Informe señala "urbanizaciones en riesgo sanitario" y define "guetos".
Faltan incentivos para la construcción de viviendas para familias de ingresos bajos y medios. Y la informalidad ha desbordado la capacidad de hacer una planificación urbana apropiada en Montevideo. Son dos conclusiones de un informe municipal.
"Bases para el plan estratégico de Montevideo", lleva por nombre un informe sobre las perspectivas de crecimiento de la capital uruguaya con un horizonte a 2030, presentado por la intendenta Ana Olivera.
El documento recoge un análisis urbanístico y demográfico realizado por casi 100 personas que fueron convocadas a expresar sus opiniones, percepciones, valoraciones, conocimientos y propuestas en torno a los "temas estratégicos" sobre el desarrollo de la ciudad.
También recoge la opinión de arquitectos que fueron jerarcas municipales, como Mariano Arana (ex intendente y ex ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) y Salvador Schelotto (ex director general del Departamento de Planificación de la comuna capitalina y decano de la Facultad de Arquitectura).
El informe abarca temas variados como la planificación, urbanismo, demografía y el contexto económico y social de la capital. En este aspecto, recuerda que desde la década de 1980, "se acentuó el proceso de ocupación informal de las periferias, fuertemente marcado por procesos de expulsión", fenómeno que se profundizó en los `90 y que ha llevado a que la sociedad se encuentre actualmente "fragmentada". A partir de esta coyuntura, agrega, avanzaron los procesos de "segregación residencial" y se consolidaron barrios de "pobres y ricos" como "guetos urbanos".
"Los sectores de ingresos medios y altos tienden a emigrar y a localizarse preferentemente hacia el Este, en búsqueda de mejores servicios y calidades urbanas. A su manera, imponen así la lógica del gueto: barrios custodiados con muy baja o nula interacción ciudadana, enredamiento y retracción en el uso de los espacios públicos", señala el documento.
Por otro lado, se reconoce que un sector muy importante de la sociedad ha quedado marginado en la pobreza. "La precariedad e informalidad urbana ha desbordado la capacidad de acción de la planificación urbana y territorial hasta el momento", indica.
También advierte que las periferias de la ciudad han avanzado sobre el suelo rural, generando "urbanizaciones" espontáneas "y un hábitat altamente deficitario en su calidad ambiental y dotación de servicios"; que incluso, en algunos casos, se encuentran "en situación de riesgo sanitario y ambiental".
CARENCIAS. Según el informe, no existen actualmente "incentivos suficientemente potentes para la construcción de viviendas nuevas por parte de privados, dirigidas a familias de ingresos bajos o medios".
Por otra parte, expresa que las reglas del crédito formal son accesibles a pocos: es escaso y caro el financiamiento para las franjas de ingresos medios, "imposibilitadas de acceder a una solución habitacional por esta vía". Y el crecimiento especulativo del mercado inmobiliario "agrava enormemente los problemas de acceso a la ciudad y a la vivienda". El informe municipal establece que el sector público "con sus limitados recursos, no fue capaz de generar por sí mismo soluciones habitacionales que subsanen desequilibrios de mercado".
En este sentido, la concertación de esfuerzos público-privados "se ha revelado como efímera, inestable y poco potente". Y lo mismo ocurre en la "interna" del Estado: "la concertación público-público también tuvo, y aún tiene, sus dificultades", indica el documento.
Población podría reducirse
El informe advierte que en los próximos años podría disminuir la población de Montevideo y producirse "un sostenido crecimiento demográfico de áreas económicamente dinámicas y de zonas de atractivas oportunidades habitacionales".
Como líneas de actuación, se sugiere "promover asentamientos urbanos equilibrados", "optimizar la oferta Montevideo" para estimular el retorno de la población emigrada.
Faltan incentivos para la construcción de viviendas para familias de ingresos bajos y medios. Y la informalidad ha desbordado la capacidad de hacer una planificación urbana apropiada en Montevideo. Son dos conclusiones de un informe municipal.
"Bases para el plan estratégico de Montevideo", lleva por nombre un informe sobre las perspectivas de crecimiento de la capital uruguaya con un horizonte a 2030, presentado por la intendenta Ana Olivera.
El documento recoge un análisis urbanístico y demográfico realizado por casi 100 personas que fueron convocadas a expresar sus opiniones, percepciones, valoraciones, conocimientos y propuestas en torno a los "temas estratégicos" sobre el desarrollo de la ciudad.
También recoge la opinión de arquitectos que fueron jerarcas municipales, como Mariano Arana (ex intendente y ex ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) y Salvador Schelotto (ex director general del Departamento de Planificación de la comuna capitalina y decano de la Facultad de Arquitectura).
El informe abarca temas variados como la planificación, urbanismo, demografía y el contexto económico y social de la capital. En este aspecto, recuerda que desde la década de 1980, "se acentuó el proceso de ocupación informal de las periferias, fuertemente marcado por procesos de expulsión", fenómeno que se profundizó en los `90 y que ha llevado a que la sociedad se encuentre actualmente "fragmentada". A partir de esta coyuntura, agrega, avanzaron los procesos de "segregación residencial" y se consolidaron barrios de "pobres y ricos" como "guetos urbanos".
"Los sectores de ingresos medios y altos tienden a emigrar y a localizarse preferentemente hacia el Este, en búsqueda de mejores servicios y calidades urbanas. A su manera, imponen así la lógica del gueto: barrios custodiados con muy baja o nula interacción ciudadana, enredamiento y retracción en el uso de los espacios públicos", señala el documento.
Por otro lado, se reconoce que un sector muy importante de la sociedad ha quedado marginado en la pobreza. "La precariedad e informalidad urbana ha desbordado la capacidad de acción de la planificación urbana y territorial hasta el momento", indica.
También advierte que las periferias de la ciudad han avanzado sobre el suelo rural, generando "urbanizaciones" espontáneas "y un hábitat altamente deficitario en su calidad ambiental y dotación de servicios"; que incluso, en algunos casos, se encuentran "en situación de riesgo sanitario y ambiental".
CARENCIAS. Según el informe, no existen actualmente "incentivos suficientemente potentes para la construcción de viviendas nuevas por parte de privados, dirigidas a familias de ingresos bajos o medios".
Por otra parte, expresa que las reglas del crédito formal son accesibles a pocos: es escaso y caro el financiamiento para las franjas de ingresos medios, "imposibilitadas de acceder a una solución habitacional por esta vía". Y el crecimiento especulativo del mercado inmobiliario "agrava enormemente los problemas de acceso a la ciudad y a la vivienda". El informe municipal establece que el sector público "con sus limitados recursos, no fue capaz de generar por sí mismo soluciones habitacionales que subsanen desequilibrios de mercado".
En este sentido, la concertación de esfuerzos público-privados "se ha revelado como efímera, inestable y poco potente". Y lo mismo ocurre en la "interna" del Estado: "la concertación público-público también tuvo, y aún tiene, sus dificultades", indica el documento.
Población podría reducirse
El informe advierte que en los próximos años podría disminuir la población de Montevideo y producirse "un sostenido crecimiento demográfico de áreas económicamente dinámicas y de zonas de atractivas oportunidades habitacionales".
Como líneas de actuación, se sugiere "promover asentamientos urbanos equilibrados", "optimizar la oferta Montevideo" para estimular el retorno de la población emigrada.
El sueño de la vivienda en cuentagotas.
Plan Juntos El gobierno mantiene silencio sobre su lanzamiento, previsto para diciembre Los beneficiarios se ilusionan con los primeros avances pero otros vecinos se bajan del proyecto.
En los últimos dos meses, el barrio 1° de Mayo, donde interviene el plan Juntos, cambió visiblemente: se hicieron calles y se comenzó a construir una escuela. Pero desde el gobierno hay hermetismo sobre las características del plan.
Lo que se conoce del plan, en cuanto a financiamiento, es que la ley de presupuesto le asigna en el artículo 720 una partida anual de $ 105 millones (poco más de US$ 5 millones) para "gastos de funcionamiento y de inversión". Pero es poco creíble que sólo con ese dinero se pueda solucionar la situación de precariedad habitacional de 50.000 personas, como se estipuló cuando se decretó la emergencia de vivienda.
Por ahora el plan cuenta con el dinero que dona el presidente Mujica, que destina el 70% de su sueldo al plan, y que por el momento ha aportado unos US$ 65.000, según informó Búsqueda este jueves.
A fines de mayo, Breccia había comentado que el gobierno esperaba financiar gran parte del plan a través de la solidaridad de la gente. El plan se costearía con la venta de propiedades del Estado, y con "el dinero que la gente deposite en las cuentas que ya están abiertas, y una cantidad de dinero que es el equivalente al esfuerzo que se pretende que haga mucha gente en horas de trabajo", según dijo Breccia.
El resto de la información sobre las acciones del plan hasta el momento, son fragmentarias y parciales. Por ejemplo, existen cinco brigadas de voluntarios en Montevideo, una de las cuales tiene más de 100 personas y trabaja en el Cerro. Pero no todo el trabajo puede ser hecho por voluntarios. Según Alejandro Maidana, pro secretario general de Fucvam, que está a cargo del apoyo que da Fucvam en el 1° de Mayo, "es evidente que se van a necesitar personas que den un esfuerzo más grande, que esté todos los días metidos y organizando".
Antes de fin de año Mujica y Breccia harán el lanzamiento oficial del plan, mostrando los avances en el asentamiento 1° de Mayo y los trabajos de realojo de un asentamiento en la zona del Cerro.
En el barrio. Hace unos meses, acudimos al asentamiento 1° de Mayo, en Casavalle, donde habían comenzado algunas acciones del plan Juntos. La comisión del barrio había recibido materiales del gobierno y el asesoramiento técnico para construir bloques, y unas doce familias se habían sumado al esfuerzo para mejorar su vivienda.
Esta semana, el asentamiento lucía cambiado. El Ministerio de Transporte sustituyó nueve precarias calles de tierra por calles de pedregullo, una de las cuales comunica al barrio de punta a punta. Antes, una cañada aislaba al sector más pobre del asentamiento.
En un gran terreno vacío comenzó la construcción de una escuela de tiempo completo, que estaba planificada desde hace seis años. En esa área vacía también se preparó el terreno para levantar un nuevo centro comunal, y este fin de semana planeaban realizar una actividad importante en el lugar, con 50 voluntarios de Un Techo Para Mi País, unos 30 oficiales de Fucvam y gente del barrio, para tener listo el piso del centro comunal.
El centro tendrá dos vestuarios, duchas, cocina y un gran salón común. También pavimentarán un terreno para hacer una cancha de basquetbol y multiuso, y crearán una cancha de fútbol.
Además, unas 22 familias comenzaron a construir su casa de bloques y piso de cemento. Por ahora, ninguna está terminada y alguna quedó en suspenso.
En el 1° de Mayo viven 139 familias, según un censo realizado por los voluntarios de Un Techo Para Mi País. La mayoría de las casas son las de madera de Un Techo (que construyó en los últimos años 70 viviendas), o precarios refugios de madera o chapa. El terreno, delimitado por las calles Capitán Tula, Los Cerrillos, Domingo Arena y Los Sauces, está atravesado por una cañada que inunda los terrenos aledaños cuando llueve.
Si bien las familias solo tienen que aportar su trabajo para acceder a los materiales de construcción, la adhesión al plan no ha sido inmediata. En un momento trabajaron unas 60 familias, pero hoy son muchas menos.
Semanas atrás, el plan contrató a tres obreros de la construcción en seguro de paro para trabajar en el asentamiento, pero fue una mala experiencia. "En vez de sumar, vinieron a restar", afirmó Juan Pereyra, líder barrial de las actividades del Plan Juntos en el 1° de Mayo. "Cuando llegaron estas personas contratadas lo primero que hicieron fue romper todas las paredes que habíamos construido", señaló Juan en la casa de Javier, que había comenzado a construir meses atrás. "Si algo está mal hecho está bien que rompan, pero si las cosas se vienen haciendo medianamente bien, es difícil para nosotros que vengan de afuera a decirnos cómo se hacen", dijo Juan. "En vez de hacerse amigos del barrio, se hicieron enemigos", comentó. A pedido de la comisión del barrio el plan retiró a los obreros contratados.
Según Maidana, de Fucvam, "todo va en la forma en que se dé la ayuda mutua, en el trato con la gente. Acá hay que ser más docente, no es lo mismo ser capataz en una obra común y silvestre que ir a enseñarle a la gente común cómo se hacen las cosas".
El plan en el 1° de Mayo funciona con el apoyo de Fucvam y de técnicos y profesionales del plan (un arquitecto y una asistente social).
El rol de Fucvam es "de organización", según Maidana, y de formación. Por el momento, enseñaron a hacer bloques, losetas y a nivelar; y algunas personas del barrio ya están en condiciones de enseñar estas habilidades a otros.
Según Maidana, la tarea de Fucvam "no es sólo levantar paredes". También se dedican a "dar herramientas de cómo se funciona en grupo, enseñar cómo es una asamblea, qué es una comisión de fomento", indicó. "Se trabaja mucho también el tema del afecto y el compañerismo", señaló.
Para Maidana, "se dan muchísimas cosas más ricas que el tema de la vivienda".
Plan de vivienda para 50.000
El 24 de mayo el presidente José Mujica aprobó un decreto estableciendo la "emergencia habitacional" y creó el Plan Juntos, para atender a 50.000 personas que se estima están viviendo en las peores condiciones sociales y de vivienda.
El decreto creó una comisión para dirigir el Plan Juntos, que funciona en el ámbito de la Presidencia y está integrada por el arquitecto y ex decano de la Facultad de Arquitectura, Carlos Acuña, el ex director del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, Ricardo Muttoni, que representa al Ministerio de Vivienda, y la asistente social Delia Soria, directora nacional de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
En Presidencia también funciona una oficina del Plan Juntos que emplea a unas 15 personas.
El Mides participará del Plan Juntos, por ejemplo, tramitando la cédula de identidad a las personas que no la tengan, o incluyendo a menores que no estén en los planes de asignaciones familiares, por ejemplo.
Las acciones ya comenzaron en varios territorios de la capital y del interior. Actualmente el gobierno no quiere revelar más información sobre las actividades que se realizan en este campo. Afirman que el lanzamiento del plan será antes de fin de año.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda mutua (Fucvam) participa del Plan Juntos activamente, brindando apoyo en la organización de las actividades.
Además, Fucvam ofreció al plan una bloquera que puede producir hasta 4.000 bloques diarios.
También participan brigadas de voluntarios. En Montevideo, hay cinco grupos diferentes.
El Plan Juntos pretende asistir a la población con carencias extremas tanto habitacionales como sociales.
La manera de participar del plan en los barrios en que se ha instalado es por ayuda mutua: los habitantes trabajan en la autoconstrucción y ayudando a otros, y se les computan las horas de trabajo realizadas.
En Uruguay, alrededor de 200.000 personas viven en asentamientos.
Según el presidente José Mujica, son 100.000 las personas que en el país están en condiciones de emergencia socio-habitacional.
Mujica dona el 70% de su sueldo como presidente de la República para el Plan Juntos. Hasta el momento, lleva entregado unos US$ 65.000. Por ahora, es la principal fuente de financiamiento que tiene este plan, al menos hasta que entre a regir el presupuesto.
En los últimos dos meses, el barrio 1° de Mayo, donde interviene el plan Juntos, cambió visiblemente: se hicieron calles y se comenzó a construir una escuela. Pero desde el gobierno hay hermetismo sobre las características del plan.
Lo que se conoce del plan, en cuanto a financiamiento, es que la ley de presupuesto le asigna en el artículo 720 una partida anual de $ 105 millones (poco más de US$ 5 millones) para "gastos de funcionamiento y de inversión". Pero es poco creíble que sólo con ese dinero se pueda solucionar la situación de precariedad habitacional de 50.000 personas, como se estipuló cuando se decretó la emergencia de vivienda.
Por ahora el plan cuenta con el dinero que dona el presidente Mujica, que destina el 70% de su sueldo al plan, y que por el momento ha aportado unos US$ 65.000, según informó Búsqueda este jueves.
A fines de mayo, Breccia había comentado que el gobierno esperaba financiar gran parte del plan a través de la solidaridad de la gente. El plan se costearía con la venta de propiedades del Estado, y con "el dinero que la gente deposite en las cuentas que ya están abiertas, y una cantidad de dinero que es el equivalente al esfuerzo que se pretende que haga mucha gente en horas de trabajo", según dijo Breccia.
El resto de la información sobre las acciones del plan hasta el momento, son fragmentarias y parciales. Por ejemplo, existen cinco brigadas de voluntarios en Montevideo, una de las cuales tiene más de 100 personas y trabaja en el Cerro. Pero no todo el trabajo puede ser hecho por voluntarios. Según Alejandro Maidana, pro secretario general de Fucvam, que está a cargo del apoyo que da Fucvam en el 1° de Mayo, "es evidente que se van a necesitar personas que den un esfuerzo más grande, que esté todos los días metidos y organizando".
Antes de fin de año Mujica y Breccia harán el lanzamiento oficial del plan, mostrando los avances en el asentamiento 1° de Mayo y los trabajos de realojo de un asentamiento en la zona del Cerro.
En el barrio. Hace unos meses, acudimos al asentamiento 1° de Mayo, en Casavalle, donde habían comenzado algunas acciones del plan Juntos. La comisión del barrio había recibido materiales del gobierno y el asesoramiento técnico para construir bloques, y unas doce familias se habían sumado al esfuerzo para mejorar su vivienda.
Esta semana, el asentamiento lucía cambiado. El Ministerio de Transporte sustituyó nueve precarias calles de tierra por calles de pedregullo, una de las cuales comunica al barrio de punta a punta. Antes, una cañada aislaba al sector más pobre del asentamiento.
En un gran terreno vacío comenzó la construcción de una escuela de tiempo completo, que estaba planificada desde hace seis años. En esa área vacía también se preparó el terreno para levantar un nuevo centro comunal, y este fin de semana planeaban realizar una actividad importante en el lugar, con 50 voluntarios de Un Techo Para Mi País, unos 30 oficiales de Fucvam y gente del barrio, para tener listo el piso del centro comunal.
El centro tendrá dos vestuarios, duchas, cocina y un gran salón común. También pavimentarán un terreno para hacer una cancha de basquetbol y multiuso, y crearán una cancha de fútbol.
Además, unas 22 familias comenzaron a construir su casa de bloques y piso de cemento. Por ahora, ninguna está terminada y alguna quedó en suspenso.
En el 1° de Mayo viven 139 familias, según un censo realizado por los voluntarios de Un Techo Para Mi País. La mayoría de las casas son las de madera de Un Techo (que construyó en los últimos años 70 viviendas), o precarios refugios de madera o chapa. El terreno, delimitado por las calles Capitán Tula, Los Cerrillos, Domingo Arena y Los Sauces, está atravesado por una cañada que inunda los terrenos aledaños cuando llueve.
Si bien las familias solo tienen que aportar su trabajo para acceder a los materiales de construcción, la adhesión al plan no ha sido inmediata. En un momento trabajaron unas 60 familias, pero hoy son muchas menos.
Semanas atrás, el plan contrató a tres obreros de la construcción en seguro de paro para trabajar en el asentamiento, pero fue una mala experiencia. "En vez de sumar, vinieron a restar", afirmó Juan Pereyra, líder barrial de las actividades del Plan Juntos en el 1° de Mayo. "Cuando llegaron estas personas contratadas lo primero que hicieron fue romper todas las paredes que habíamos construido", señaló Juan en la casa de Javier, que había comenzado a construir meses atrás. "Si algo está mal hecho está bien que rompan, pero si las cosas se vienen haciendo medianamente bien, es difícil para nosotros que vengan de afuera a decirnos cómo se hacen", dijo Juan. "En vez de hacerse amigos del barrio, se hicieron enemigos", comentó. A pedido de la comisión del barrio el plan retiró a los obreros contratados.
Según Maidana, de Fucvam, "todo va en la forma en que se dé la ayuda mutua, en el trato con la gente. Acá hay que ser más docente, no es lo mismo ser capataz en una obra común y silvestre que ir a enseñarle a la gente común cómo se hacen las cosas".
El plan en el 1° de Mayo funciona con el apoyo de Fucvam y de técnicos y profesionales del plan (un arquitecto y una asistente social).
El rol de Fucvam es "de organización", según Maidana, y de formación. Por el momento, enseñaron a hacer bloques, losetas y a nivelar; y algunas personas del barrio ya están en condiciones de enseñar estas habilidades a otros.
Según Maidana, la tarea de Fucvam "no es sólo levantar paredes". También se dedican a "dar herramientas de cómo se funciona en grupo, enseñar cómo es una asamblea, qué es una comisión de fomento", indicó. "Se trabaja mucho también el tema del afecto y el compañerismo", señaló.
Para Maidana, "se dan muchísimas cosas más ricas que el tema de la vivienda".
Plan de vivienda para 50.000
El 24 de mayo el presidente José Mujica aprobó un decreto estableciendo la "emergencia habitacional" y creó el Plan Juntos, para atender a 50.000 personas que se estima están viviendo en las peores condiciones sociales y de vivienda.
El decreto creó una comisión para dirigir el Plan Juntos, que funciona en el ámbito de la Presidencia y está integrada por el arquitecto y ex decano de la Facultad de Arquitectura, Carlos Acuña, el ex director del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, Ricardo Muttoni, que representa al Ministerio de Vivienda, y la asistente social Delia Soria, directora nacional de Integración Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
En Presidencia también funciona una oficina del Plan Juntos que emplea a unas 15 personas.
El Mides participará del Plan Juntos, por ejemplo, tramitando la cédula de identidad a las personas que no la tengan, o incluyendo a menores que no estén en los planes de asignaciones familiares, por ejemplo.
Las acciones ya comenzaron en varios territorios de la capital y del interior. Actualmente el gobierno no quiere revelar más información sobre las actividades que se realizan en este campo. Afirman que el lanzamiento del plan será antes de fin de año.
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda mutua (Fucvam) participa del Plan Juntos activamente, brindando apoyo en la organización de las actividades.
Además, Fucvam ofreció al plan una bloquera que puede producir hasta 4.000 bloques diarios.
También participan brigadas de voluntarios. En Montevideo, hay cinco grupos diferentes.
El Plan Juntos pretende asistir a la población con carencias extremas tanto habitacionales como sociales.
La manera de participar del plan en los barrios en que se ha instalado es por ayuda mutua: los habitantes trabajan en la autoconstrucción y ayudando a otros, y se les computan las horas de trabajo realizadas.
En Uruguay, alrededor de 200.000 personas viven en asentamientos.
Según el presidente José Mujica, son 100.000 las personas que en el país están en condiciones de emergencia socio-habitacional.
Mujica dona el 70% de su sueldo como presidente de la República para el Plan Juntos. Hasta el momento, lleva entregado unos US$ 65.000. Por ahora, es la principal fuente de financiamiento que tiene este plan, al menos hasta que entre a regir el presupuesto.
sábado, 6 de noviembre de 2010
Adiós al BHU lento y burocrático.
Exonerará una cuota en caso de incumplir compromiso de tramitar créditos en 70 días.
Con el objetivo de dejar atrás la imagen de institución "lenta" y "burocrática" que aún pesa sobre sus hombros, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) buscará cambiar la pisada a partir del lunes próximo comprometiéndose a otorgar los préstamos en menos de 70 días corridos una vez ingresada la solicitud.
En caso de no cumplir con esos plazos, el banco exonerará al cliente del pago de la primera cuota para dar una "señal de certeza" al mercado, anunció a El Empresario el presidente de la entidad, Jorge Polgar. En diciembre de 2008 el BHU retomó el otorgamiento de créditos tras su reestructura y, pese a ofrecer las condiciones más competitivas del mercado, con una tasa de interés anual de 6% en Unidades Indexadas, la institución carga con la "debilidad" de ser percibida como menos ágil que los privados.
"Nuestro tiempo de atención ha venido mejorando y queremos trasladar eso al imaginario de potenciales clientes y operadores", afirmó Polgar. La institución presta en Unidades Indexadas a un plazo máximo de 25 años y financia hasta 80% del valor de mercado del inmueble, aunque el monto puede ascender a 90% del mismo si el solicitante es ahorrista del banco.
Otro de los requisitos es que la cuota a pagar no supere el 30% de los ingresos sumados de hasta dos titulares.
Alejado del banco constructor y canalizador de subsidios del pasado, Polgar afirmó que la nueva etapa está centrada en llevar el crédito hipotecario a la población de niveles de ingresos tan bajos como sea posible, siempre y cuando los usuarios tengan capacidad de pago. Hoy, los ingresos mínimos que exige el BHU varían en función de si el tomador del crédito es un trabajador público, privado, profesional o jubilado.
"El BHU compite con una moneda sana como la UI y con opciones de amortización a 25 años para reducir el precio de las cuotas", afirmó Polgar, sabedor que el plazo es uno de sus fuertes.
Con el objetivo de dejar atrás la imagen de institución "lenta" y "burocrática" que aún pesa sobre sus hombros, el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) buscará cambiar la pisada a partir del lunes próximo comprometiéndose a otorgar los préstamos en menos de 70 días corridos una vez ingresada la solicitud.
En caso de no cumplir con esos plazos, el banco exonerará al cliente del pago de la primera cuota para dar una "señal de certeza" al mercado, anunció a El Empresario el presidente de la entidad, Jorge Polgar. En diciembre de 2008 el BHU retomó el otorgamiento de créditos tras su reestructura y, pese a ofrecer las condiciones más competitivas del mercado, con una tasa de interés anual de 6% en Unidades Indexadas, la institución carga con la "debilidad" de ser percibida como menos ágil que los privados.
"Nuestro tiempo de atención ha venido mejorando y queremos trasladar eso al imaginario de potenciales clientes y operadores", afirmó Polgar. La institución presta en Unidades Indexadas a un plazo máximo de 25 años y financia hasta 80% del valor de mercado del inmueble, aunque el monto puede ascender a 90% del mismo si el solicitante es ahorrista del banco.
Otro de los requisitos es que la cuota a pagar no supere el 30% de los ingresos sumados de hasta dos titulares.
Alejado del banco constructor y canalizador de subsidios del pasado, Polgar afirmó que la nueva etapa está centrada en llevar el crédito hipotecario a la población de niveles de ingresos tan bajos como sea posible, siempre y cuando los usuarios tengan capacidad de pago. Hoy, los ingresos mínimos que exige el BHU varían en función de si el tomador del crédito es un trabajador público, privado, profesional o jubilado.
"El BHU compite con una moneda sana como la UI y con opciones de amortización a 25 años para reducir el precio de las cuotas", afirmó Polgar, sabedor que el plazo es uno de sus fuertes.
El Pit-Cnt construirá viviendas por ayuda mutua sin Fucvam
Plan destinado a afiliados de bajos ingresos.
El Ministerio de Vivienda financiará un nuevo sistema de soluciones habitacionales denominado "Programa de vivienda sindical". Serán cooperativas de ayuda mutua exclusivas para afiliados al Pit-Cnt, paralelas a Fucvam y sin ahorro previo.
El programa llevado adelante por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y el Sunca, que se basa en que el sistema tradicional de cooperativas de Fuc-vam, que exige un mínimo de 21 horas semanales de ayuda mutua, más un ahorro previo, deja afuera a un grupo importante de trabajadores que asegura tener "capacidad de pago pero no de ahorro".
"Los trabajadores de menores ingresos podrán acceder a una vivienda, sin ahorro previo y con el aporte de su trabajo", dijo la ministra Graciela Muslera ayer tras la reunión del Consejo de Ministros.
El responsable de Desarrollo Social de la Untmra, Eduardo Burgos, explicó a El País que el anuncio del programa generó mucha expectativa e incluso reactivó algunos focos sindicales del interior del país que habían dejado de operar.
El sindicalista explicó que el programa funcionará bajo el sistema de cooperativas de ayuda mutua, pero sin ahorro previo. "La gran mayoría de nosotros tenemos capacidad de pago, porque pagamos todos los meses el alquiler, pero no llegamos nunca al ahorro que muchos de los planes existentes nos piden", dijo.
El capital que pondrá el trabajador, explicó Burgos, será la ayuda mutua "que representaría el 15% del valor de la vivienda". El proyecto incluye la incorporación de tecnologías nuevas y mixtas (prefabricados y construcción tradicional), lo que "bajaría a la mitad el costo del metro cuadrado y nos ayudaría a disminuir las horas de ayuda mutua".
"A muchos de nosotros se nos dificulta cubrir las 21 horas semanales que exige el sistema tradicional. Al ponerle tecnología prefabricada construimos más rápido, porque los paneles de madera ya vienen prearmados, ahorrando tiempo y dinero", explicó Burgos.
"Lo que tiene Fucvam es que deja afuera una franja de trabajadores por la cantidad de horas de ayuda mutua, porque estudiamos, militamos todo el día, o porque trabajamos 12 horas. No es una sustitución, es un sistema más", aclaró.
El único requisito para inscribirse es estar afiliado a algún sindicato del Pit-Cnt. "Es una vía para fortalecer el sistema sindical y su estructura", completó Burgos.
Aunque todavía no está definido, el programa sería financiado por Ministerio.
La iniciativa ya convocó a más de 3.500 trabajadores y se están estudiando diferentes sistemas de construcción. "El que tiene más fuerza es la madera. Van a ser de ladrillo y material prefabricado", dijo Burgos.
En Montevideo las viviendas se construirán en un predio cedido por la Intendencia durante la administración de Ricardo Ehrlich, en "un pedazo de tierra de lo que era el vivero municipal", en el cruce de Santín Carlos Rossi y ruta 1.
Habrá varios de estos denominados "barrios obreros" en el interior del país. El proyecto más avanzado se emplaza en Canelones, sobre la ruta 101, donde se van a construir 360 viviendas.
"Ahí va a haber un centro Caif, una policlínica, dos salones comunales, un espacio recreativo. Todo un barrio obrero, pero que no sea un gueto, que sea abierto a la comunidad", agregó Barrios.
Serán unidades con un valor aproximado de US$ 30.000, una superficie de 70 m² y con una sola planta. Una vez habitando, la cuota mensual sería de unos $ 3.000 mensuales.
El Ministerio de Vivienda financiará un nuevo sistema de soluciones habitacionales denominado "Programa de vivienda sindical". Serán cooperativas de ayuda mutua exclusivas para afiliados al Pit-Cnt, paralelas a Fucvam y sin ahorro previo.
El programa llevado adelante por la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) y el Sunca, que se basa en que el sistema tradicional de cooperativas de Fuc-vam, que exige un mínimo de 21 horas semanales de ayuda mutua, más un ahorro previo, deja afuera a un grupo importante de trabajadores que asegura tener "capacidad de pago pero no de ahorro".
"Los trabajadores de menores ingresos podrán acceder a una vivienda, sin ahorro previo y con el aporte de su trabajo", dijo la ministra Graciela Muslera ayer tras la reunión del Consejo de Ministros.
El responsable de Desarrollo Social de la Untmra, Eduardo Burgos, explicó a El País que el anuncio del programa generó mucha expectativa e incluso reactivó algunos focos sindicales del interior del país que habían dejado de operar.
El sindicalista explicó que el programa funcionará bajo el sistema de cooperativas de ayuda mutua, pero sin ahorro previo. "La gran mayoría de nosotros tenemos capacidad de pago, porque pagamos todos los meses el alquiler, pero no llegamos nunca al ahorro que muchos de los planes existentes nos piden", dijo.
El capital que pondrá el trabajador, explicó Burgos, será la ayuda mutua "que representaría el 15% del valor de la vivienda". El proyecto incluye la incorporación de tecnologías nuevas y mixtas (prefabricados y construcción tradicional), lo que "bajaría a la mitad el costo del metro cuadrado y nos ayudaría a disminuir las horas de ayuda mutua".
"A muchos de nosotros se nos dificulta cubrir las 21 horas semanales que exige el sistema tradicional. Al ponerle tecnología prefabricada construimos más rápido, porque los paneles de madera ya vienen prearmados, ahorrando tiempo y dinero", explicó Burgos.
"Lo que tiene Fucvam es que deja afuera una franja de trabajadores por la cantidad de horas de ayuda mutua, porque estudiamos, militamos todo el día, o porque trabajamos 12 horas. No es una sustitución, es un sistema más", aclaró.
El único requisito para inscribirse es estar afiliado a algún sindicato del Pit-Cnt. "Es una vía para fortalecer el sistema sindical y su estructura", completó Burgos.
Aunque todavía no está definido, el programa sería financiado por Ministerio.
La iniciativa ya convocó a más de 3.500 trabajadores y se están estudiando diferentes sistemas de construcción. "El que tiene más fuerza es la madera. Van a ser de ladrillo y material prefabricado", dijo Burgos.
En Montevideo las viviendas se construirán en un predio cedido por la Intendencia durante la administración de Ricardo Ehrlich, en "un pedazo de tierra de lo que era el vivero municipal", en el cruce de Santín Carlos Rossi y ruta 1.
Habrá varios de estos denominados "barrios obreros" en el interior del país. El proyecto más avanzado se emplaza en Canelones, sobre la ruta 101, donde se van a construir 360 viviendas.
"Ahí va a haber un centro Caif, una policlínica, dos salones comunales, un espacio recreativo. Todo un barrio obrero, pero que no sea un gueto, que sea abierto a la comunidad", agregó Barrios.
Serán unidades con un valor aproximado de US$ 30.000, una superficie de 70 m² y con una sola planta. Una vez habitando, la cuota mensual sería de unos $ 3.000 mensuales.
lunes, 1 de noviembre de 2010
Avanza y se consolida el “Plan Lote”.
78 familias beneficiadas con este plan piloto.
Con la presencia de la Intendenta Municipal, Ana Olivera, se firmaron las últimas de las 78 escrituras que dan posesión de los terrenos a los beneficiarios de este plan.
Acudieron al evento también, realizado en una de las viviendas casi terminadas, gran parte del gabinete municipal, el Alcalde del Municipio F Sr. Francisco Fleitas, autoridades del PIAI, representantes de diversas organizaciones sociales de la zona, y vecinos beneficiarios del Plan.
En la ocasión, y previo a la firma de las escrituras, se hizo entrega a la Sra. Intendenta de una nota especificando las necesidades del barrio, comprometiéndose la misma a darles pronta solución a todas ellas. Luego de la firma, de la cual participaron también el Secretario General de la IMM Ricardo Pratto y el Escribano General de la misma Gerardo Gómez, hicieron uso de la palabra una de las beneficiarias, el Alcalde Fleitas y la Intendenta Olivera.
Posteriormente los presentes realizaron una recorrida por el barrio, que comprende 8 manzanas en las proximidades de Luis Braille y Sebastopol, y durante ella consultamos a la Intendenta, quién nos confirmó que se seguirá trabajando en estos proyectos, a los que definió como “el futuro de los planes de vivienda”.
Características del Plan.
El Plan Lote se caracteriza por ser un emprendimiento de la IMM, con fondos del MVOTMA. Las familias que acceden al mismo, una vez comprobados los requisitos necesarios para la aceptación como sujetos de crédito, reciben un préstamo que les permite obtener: terreno en propiedad de entre 200 y 240 m2 (con todos los servicios), gastos de escrituración, materiales y mano de obra especializada para la obra, la cual puede ser realizada mediante autoconstrucción y/o mano de obra benévola.
Dicho préstamo tiene un plazo de gracia de 2 años, lo que permite encarar la construcción y seguir alquilando, sin encarecer el presupuesto familiar.
Como ejemplo por una vivienda de 71 m2 en un terreno de 240 m2 se abonan cuotas de 7,09 UR ($ 3.325) por mes, durante 20 años.
Con la presencia de la Intendenta Municipal, Ana Olivera, se firmaron las últimas de las 78 escrituras que dan posesión de los terrenos a los beneficiarios de este plan.
Acudieron al evento también, realizado en una de las viviendas casi terminadas, gran parte del gabinete municipal, el Alcalde del Municipio F Sr. Francisco Fleitas, autoridades del PIAI, representantes de diversas organizaciones sociales de la zona, y vecinos beneficiarios del Plan.
En la ocasión, y previo a la firma de las escrituras, se hizo entrega a la Sra. Intendenta de una nota especificando las necesidades del barrio, comprometiéndose la misma a darles pronta solución a todas ellas. Luego de la firma, de la cual participaron también el Secretario General de la IMM Ricardo Pratto y el Escribano General de la misma Gerardo Gómez, hicieron uso de la palabra una de las beneficiarias, el Alcalde Fleitas y la Intendenta Olivera.
Posteriormente los presentes realizaron una recorrida por el barrio, que comprende 8 manzanas en las proximidades de Luis Braille y Sebastopol, y durante ella consultamos a la Intendenta, quién nos confirmó que se seguirá trabajando en estos proyectos, a los que definió como “el futuro de los planes de vivienda”.
Características del Plan.
El Plan Lote se caracteriza por ser un emprendimiento de la IMM, con fondos del MVOTMA. Las familias que acceden al mismo, una vez comprobados los requisitos necesarios para la aceptación como sujetos de crédito, reciben un préstamo que les permite obtener: terreno en propiedad de entre 200 y 240 m2 (con todos los servicios), gastos de escrituración, materiales y mano de obra especializada para la obra, la cual puede ser realizada mediante autoconstrucción y/o mano de obra benévola.
Dicho préstamo tiene un plazo de gracia de 2 años, lo que permite encarar la construcción y seguir alquilando, sin encarecer el presupuesto familiar.
Como ejemplo por una vivienda de 71 m2 en un terreno de 240 m2 se abonan cuotas de 7,09 UR ($ 3.325) por mes, durante 20 años.
La ANV ofrece 268 viviendas usadas.
Se exige ahorro previo del 5% y se financia en 25 años.
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) lanzó ayer la tercera fase del Plan de Acceso a la Vivienda Usada, con la que comercializará 268 viviendas reacondicionadas en todo el país, financiadas a largo plazo.
Las dos primeras etapas del plan fueron ejecutadas en 2009 y por ellas ya se colocaron 390 viviendas.
La novedad de esta etapa es que la mayor parte de las viviendas (tasadas entre US$ 30.000 y US$ 50.000) están localizadas en el interior del país, contrariamente que en las otras etapas, donde la mayoría estaba en complejos habitaciones de Montevideo.
Puede ser objeto de crédito cualquier persona o núcleo familiar que no sea propietario ni prominente comprador de ningún inmueble, que cuente con un ingreso líquido entre $ 9.400 y $ 35.200 (dependiendo del valor de la vivienda), que tenga un mínimo ahorro previo equivalente al 5% del valor de la vivienda (para financiarla a 25 años), que no tenga incumplimientos vigentes ni más de cinco entradas en el Clearing de Informes y no tengan más de 75 años al tiempo de cumplirse el plazo de financiación.
Una vez realizada la inscripción, la ANV realiza un análisis crediticio y si el resultado es positivo, el interesado accede a la siguiente fase: el sorteo.
El plazo máximo de financiación es de 25 años (válido para menores de 50 años) y la forma de pago es: 5% del precio con la firma del boleto de reserva, y el 60% siguiente financiado a 15 años. El 35% restante se financia a 10 años, que se comenzarán a pagar luego de la cancelación del 60% anterior.
Las viviendas serán adjudicadas por sorteo público entre quienes se inscriban, cumplan los requisitos y califiquen como sujetos de crédito por parte de la ANV.
El sorteo determinará el orden para elegir entre las viviendas disponibles que se correspondan con la capacidad de pago.
La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) lanzó ayer la tercera fase del Plan de Acceso a la Vivienda Usada, con la que comercializará 268 viviendas reacondicionadas en todo el país, financiadas a largo plazo.
Las dos primeras etapas del plan fueron ejecutadas en 2009 y por ellas ya se colocaron 390 viviendas.
La novedad de esta etapa es que la mayor parte de las viviendas (tasadas entre US$ 30.000 y US$ 50.000) están localizadas en el interior del país, contrariamente que en las otras etapas, donde la mayoría estaba en complejos habitaciones de Montevideo.
Puede ser objeto de crédito cualquier persona o núcleo familiar que no sea propietario ni prominente comprador de ningún inmueble, que cuente con un ingreso líquido entre $ 9.400 y $ 35.200 (dependiendo del valor de la vivienda), que tenga un mínimo ahorro previo equivalente al 5% del valor de la vivienda (para financiarla a 25 años), que no tenga incumplimientos vigentes ni más de cinco entradas en el Clearing de Informes y no tengan más de 75 años al tiempo de cumplirse el plazo de financiación.
Una vez realizada la inscripción, la ANV realiza un análisis crediticio y si el resultado es positivo, el interesado accede a la siguiente fase: el sorteo.
El plazo máximo de financiación es de 25 años (válido para menores de 50 años) y la forma de pago es: 5% del precio con la firma del boleto de reserva, y el 60% siguiente financiado a 15 años. El 35% restante se financia a 10 años, que se comenzarán a pagar luego de la cancelación del 60% anterior.
Las viviendas serán adjudicadas por sorteo público entre quienes se inscriban, cumplan los requisitos y califiquen como sujetos de crédito por parte de la ANV.
El sorteo determinará el orden para elegir entre las viviendas disponibles que se correspondan con la capacidad de pago.
Fuerte baja en viviendas nuevas.
Cayó 23,4% en primer semestre frente a 2009.
La construcción de nuevas viviendas en Montevideo disminuyó en el primer semestre del año 23,4% con respecto al último semestre de 2009, según datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En la comparación interanual -esto es, con respecto al primer semestre de 2009- la variación fue similar, de 23,36%.
El análisis según clase de vivienda, muestra una caída en la construcción de casi todos los tipos de viviendas en el primer semestre de 2010, tanto con respecto al trimestre previo como frente al primer semestre de 2009. La excepción la constituyen las torres económicas con ascensor, que mostraron un aumento de 29,6% con respecto al cierre de 2009.
Mientras tanto, el Valor Bruto de Producción (VBP) a precios corrientes disminuyó 21% con respecto a 2009.
Los precios de las viviendas, por su parte, registraron una suba de 3,3% en el primer semestre de 2010 con respecto al último de 2009.
En el primer semestre de 2010 se aprobaron en Montevideo un total de 516 permisos de construcción. De los mismos, 76,5% correspondieron a viviendas, mientras que el resto fueron locales industriales y comerciales.
Cabe destacar que solamente un 20% de los permisos otorgados corresponden a obras nuevas, en su mayoría, viviendas.
Los mismos se concentran en los barrios de Carrasco, Pocitos, Punta Gorda, Buceo y Malvín, según datos de la Intendencia.
costo. Por su parte, el Índice de Costo de la Construcción (ICC) subió en septiembre 0,23% con respecto a agosto. Este es el quinto aumento mensual consecutivo, acumulando así un incremento de 3,27% en los primeros nueve meses del 2010. Con respecto a septiembre de 2009, la suba llegó a 8,28%.
El rubro que más incidió en la suba mensual fue el costo de los materiales, con una variación de 0,38% y una incidencia de 0,13 puntos en el índice global.
La construcción de nuevas viviendas en Montevideo disminuyó en el primer semestre del año 23,4% con respecto al último semestre de 2009, según datos divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística. En la comparación interanual -esto es, con respecto al primer semestre de 2009- la variación fue similar, de 23,36%.
El análisis según clase de vivienda, muestra una caída en la construcción de casi todos los tipos de viviendas en el primer semestre de 2010, tanto con respecto al trimestre previo como frente al primer semestre de 2009. La excepción la constituyen las torres económicas con ascensor, que mostraron un aumento de 29,6% con respecto al cierre de 2009.
Mientras tanto, el Valor Bruto de Producción (VBP) a precios corrientes disminuyó 21% con respecto a 2009.
Los precios de las viviendas, por su parte, registraron una suba de 3,3% en el primer semestre de 2010 con respecto al último de 2009.
En el primer semestre de 2010 se aprobaron en Montevideo un total de 516 permisos de construcción. De los mismos, 76,5% correspondieron a viviendas, mientras que el resto fueron locales industriales y comerciales.
Cabe destacar que solamente un 20% de los permisos otorgados corresponden a obras nuevas, en su mayoría, viviendas.
Los mismos se concentran en los barrios de Carrasco, Pocitos, Punta Gorda, Buceo y Malvín, según datos de la Intendencia.
costo. Por su parte, el Índice de Costo de la Construcción (ICC) subió en septiembre 0,23% con respecto a agosto. Este es el quinto aumento mensual consecutivo, acumulando así un incremento de 3,27% en los primeros nueve meses del 2010. Con respecto a septiembre de 2009, la suba llegó a 8,28%.
El rubro que más incidió en la suba mensual fue el costo de los materiales, con una variación de 0,38% y una incidencia de 0,13 puntos en el índice global.
El 90% de lavado de dinero es mediante negocios inmobiliarios.
El tema del lavado de activos cobra notoriedad. Se reconocen falta de controles.
El Dr. Leonardo Costa realizó una charla sobre la temática del desafío del sector inmobiliario para prevenir el lavado de activos, organizada por el banco HSBC y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU). De esta manera los agentes inmobiliarios se pusieron al tanto de las normativas imperantes y cómo prevenir que sus empresas sean utilizadas para el lavado de activos.
La presentación consistió en el desarrollo de diversos puntos, poniendo ejemplos de situaciones variadas y presentando soluciones para atacar posibles problemas vinculados al tema.
Comenzó con una definición de lo que es y lo que implica el lavado de activos y una enumeración de los distintos tipos de delitos asociados como ser el narcotráfico, la falsificación y alteración de la moneda, las estafas, los delitos de corrupción pública, la apropiación indebida, el secuestro la extorsión el proxenetismo, el tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos, sustancias nucleares, obras de artes, materiales tóxicos, animales etc.
En lo que respecta al lavado de activos en el sector inmobiliario, resaltó que este tipo de delitos ocupa el 90% de los casos debido a que es el sector más vulnerable por la falta de controles. Poniendo como ejemplo el caso de "Campanita", en 2006, que fue una organización colombiana que compraba inmuebles utilizando transacciones bancarias e hipotecas cruzadas y se compraban inmuebles a valor de remate.
Para evitar este tipo de problemas, la charla continuó con la propuesta de diferentes controles y se detalló lo que establece la legislatura uruguaya al respecto, según la ley 18.494.
El desarrollo de la presentación siguió con las especificaciones de los procedimientos que se deben llevar a cabo por todos los involucrados en los procesos inmobiliarios para evitar este tipo de fraudes y finalizó con las regulaciones inmobiliarias que existen para los países Gafisud, la cual es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En el marco de un endurecimiento de los controles en Uruguay para el lavado de dinero, principalmente proveniente del narcotráfico, se firmó días atrás afectar la actividad financiera y constituye un reconocimiento al compromiso asumido por nuestro país en esa área.
El Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el Subsecretario Adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, Larry McDonald, firmaron días pasados un memorándum de Acuerdo entre la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay y la oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos. El acuerdo firmado constituye un nuevo compromiso del Gobierno de Uruguay para evitar el lavado de activos y blanqueo de dinero y promover la investigación y castigo a los delitos financieros. De esta forma, es objetivo mejorar las capacidades técnicas de los equipos que trabajan en este ámbito, aseguró el Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.
En ese sentido, agregó, que el acuerdo es parte de un proceso permanente de intercambio de experiencias y tiene por meta optimizar las capacidades para evitar el lavado de dinero y delitos vinculados al mismo.
El jerarca subrayó el compromiso de nuestro gobierno para evitar el lavado de activos y de dinero, evento que es de gran significación para fortalecer la institucionalidad democrática.
El prosecretario afirmó que este acuerdo es un reconocimiento al Uruguay por su seriedad, aporte y generación de conocimiento. Agregó que nuestro país esta en condiciones de recibir asistencia técnica al más alto nivel.
El objetivo es regular para prevenir, sin que ello afecte el negocio financiero, dijo. Para ello son necesarios mecanismos suficientemente flexibles, ágiles y concretos que resuelvan los problemas manteniendo la agilidad de movimiento del sistema financiero, concluyó el prosecretario de la Presidencia.
El Dr. Leonardo Costa realizó una charla sobre la temática del desafío del sector inmobiliario para prevenir el lavado de activos, organizada por el banco HSBC y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU). De esta manera los agentes inmobiliarios se pusieron al tanto de las normativas imperantes y cómo prevenir que sus empresas sean utilizadas para el lavado de activos.
La presentación consistió en el desarrollo de diversos puntos, poniendo ejemplos de situaciones variadas y presentando soluciones para atacar posibles problemas vinculados al tema.
Comenzó con una definición de lo que es y lo que implica el lavado de activos y una enumeración de los distintos tipos de delitos asociados como ser el narcotráfico, la falsificación y alteración de la moneda, las estafas, los delitos de corrupción pública, la apropiación indebida, el secuestro la extorsión el proxenetismo, el tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos, sustancias nucleares, obras de artes, materiales tóxicos, animales etc.
En lo que respecta al lavado de activos en el sector inmobiliario, resaltó que este tipo de delitos ocupa el 90% de los casos debido a que es el sector más vulnerable por la falta de controles. Poniendo como ejemplo el caso de "Campanita", en 2006, que fue una organización colombiana que compraba inmuebles utilizando transacciones bancarias e hipotecas cruzadas y se compraban inmuebles a valor de remate.
Para evitar este tipo de problemas, la charla continuó con la propuesta de diferentes controles y se detalló lo que establece la legislatura uruguaya al respecto, según la ley 18.494.
El desarrollo de la presentación siguió con las especificaciones de los procedimientos que se deben llevar a cabo por todos los involucrados en los procesos inmobiliarios para evitar este tipo de fraudes y finalizó con las regulaciones inmobiliarias que existen para los países Gafisud, la cual es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En el marco de un endurecimiento de los controles en Uruguay para el lavado de dinero, principalmente proveniente del narcotráfico, se firmó días atrás afectar la actividad financiera y constituye un reconocimiento al compromiso asumido por nuestro país en esa área.
El Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el Subsecretario Adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, Larry McDonald, firmaron días pasados un memorándum de Acuerdo entre la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay y la oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos. El acuerdo firmado constituye un nuevo compromiso del Gobierno de Uruguay para evitar el lavado de activos y blanqueo de dinero y promover la investigación y castigo a los delitos financieros. De esta forma, es objetivo mejorar las capacidades técnicas de los equipos que trabajan en este ámbito, aseguró el Prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.
En ese sentido, agregó, que el acuerdo es parte de un proceso permanente de intercambio de experiencias y tiene por meta optimizar las capacidades para evitar el lavado de dinero y delitos vinculados al mismo.
El jerarca subrayó el compromiso de nuestro gobierno para evitar el lavado de activos y de dinero, evento que es de gran significación para fortalecer la institucionalidad democrática.
El prosecretario afirmó que este acuerdo es un reconocimiento al Uruguay por su seriedad, aporte y generación de conocimiento. Agregó que nuestro país esta en condiciones de recibir asistencia técnica al más alto nivel.
El objetivo es regular para prevenir, sin que ello afecte el negocio financiero, dijo. Para ello son necesarios mecanismos suficientemente flexibles, ágiles y concretos que resuelvan los problemas manteniendo la agilidad de movimiento del sistema financiero, concluyó el prosecretario de la Presidencia.
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